Medellín ataca la violencia con inclusión

MEDELLIN.- Asediada por una escalada de violencia que atravesó todos los sectores sociales e impulsada por la acción cerril del narcotráfico y la guerrilla, esta ciudad de unos 2,5 millones de habitantes (con la periferia suma 3,3 millones) lleva adelante desde hace cinco años un plan integral de seguridad ciudadana considerado como ejemplar por especialistas y organismos internacionales.

El principal elemento que recorre todo el programa es la integración social basada en la convivencia, la educación y la urbanización.

La iniciativa incluye aspectos como la recuperación del espacio público, el desarrollo de emprendimientos de economía social para sectores marginados y la difusión de una "pedagogía de la convivencia". Además, se impulsó la reconversión de la policía en una "fuerza confiable" para el ciudadano y se instaló una lucha directa contra el narcotráfico.

El primer paso, ensayado en 2003 por el gobierno del alcalde Sergio Fajardo, del partido Compromiso Ciudadano (no alineado con la fuerza política del presidente de Colombia, Alvaro Uribe, que fue alcalde de Medellín entre 1982 y 1983), fue referenciar las realidades de desigualdad y violencia en un mapa de la ciudad.

El resultado obtenido fue un mosaico de espacios de poder territorial ejercido por la delincuencia, plagado de bandas, milicias, "combos" (pandillas) y grupos de autodefensa (paramilitares), que habían crecido sin freno desde principios de los años 80, al amparo de la acción del narcotráfico y de la guerrilla. En 1991, Medellín fue considerada la metrópoli más insegura del mundo, con 6500 homicidios ese año. En 2007, esa cifra se redujo a 380, según datos oficiales.

La participación de fuerzas federales en tareas represivas del crimen organizado y del terrorismo alcanzó en muchos casos al delito común y provocó una fuerte reacción de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que acusaron a las fuerzas militares de cometer abusos.

La reinserción social y la desmovilización de grupos armados se plantearon en el contexto del programa Paz y Reconciliación, auspiciado por organismos internacionales y monitoreado por la Organización de Estados Americanos (OEA), que aún busca evitar que jóvenes de barriadas periféricas, como Moravia, Nororiental y Comuna 13, se vuelquen al delito.

El plan Paz y Reconciliación incluye programas educativos, actividades de capacitación laboral y emprendimientos de economía social. Según datos oficiales, de los 4200 reinsertados reincidió cerca del diez por ciento.

Tras años de enfrentamientos, la generalizada portación de armas sigue siendo un problema en Medellín, donde hasta hace una semana rigió la restricción para la portación con el fin de evitar incidentes trágicos durante el período de las Fiestas.

Revertir el descrédito público de la policía fue y sigue siendo un desafío del plan de Medellín. Se trabajó en la recuperación de la confianza ciudadana en el Estado "como único garante de la seguridad", según consta en un informe de la gestión de Fajardo.

Hay 5500 policías que dependen del gobierno local y coordinan su acción con las fuerzas federales. En la alcaldía, en tanto, reconocen que tienen un déficit de 1800 agentes.

Entre 2004 y 2007, el municipio invirtió 120.000 millones de pesos colombianos -unos US$ 52 millones- en seguridad y justicia. Se mejoró la infraestructura para recuperación de zonas; se instalaron equipos de videovigilancia, alarmas comunitarias y sistemas de comunicaciones, y se adquirieron vehículos, repuestos y combustible (sólo en vehículos se gastaron unos US$ 19 millones). También se inauguraron Centros de Atención Inmediata (CAI), basados en un sistema telefónico de emergencias.

Hace un año, Fajardo fue reemplazado por Alonso Salazar, del mismo sector político y continuador del plan. "Podemos mostrar cómo se puede confrontar la violencia a través del conocimiento, la inclusión social y el auspicio de procesos de convivencia, y, además, cómo esto atrae oportunidades de desarrollo", dijo a LA NACION Salazar, que considera clave para la consolidación del proceso que se garantice la efectiva reinserción social.