“No pensé que yo pudiera caer”: el auge de las falsas ofertas laborales que se difunden por WhatsApp y otras redes de mensajería

MADRID.- Paula Sánchez (Pontevedra, 47 años) estaba como todos los días frente a su pantalla. Había pasado media vida gestionando cuentas, presupuestos y balances. Sabía leer números y anticipar amenazas. Aquella mañana de noviembre de 2025, cuando se encontró con un anuncio de una vacante remota en LinkedIn, no vio ningún riesgo. Para ella, la oferta representaba un ingreso extra, una oportunidad compatible con su vida familiar y su trabajo como responsable administrativa. “Hola”, le escribió por WhatsApp Sofía Koivu, una falsa reclutadora holandesa de ReSee, una boutique de lujo vintage radicada en París. Un mensaje llevó a otro y, en cuestión de horas, firmó un precontrato para ocupar el cargo de Marketing ranking associate con un salario base de 600 euros. “Solo tenés que ayudar a mejorar el posicionamiento de los productos”, le explicó la mujer. Era un chat más entre tantos, pero sin saberlo estaba dando el primer paso hacia algo que no tenía nada que ver con un empleo.

“Debía transformar en criptomoneda 100 euros para comenzar la jornada”, cuenta por teléfono a EL PAÍS. Mientras eso ocurría, Koivu, o quien fuera, comenzó a construir una amistad artificial. Además de hablarle de SEO, visibilidad de productos y comisiones, también incluía anécdotas sobre su perro y su pareja. Cada clic de Sánchez era un pequeño gesto mecánico que la acercaba a sus ganancias. Hasta que aparecieron los limited edition items, algo así como productos especiales que prometían comisiones del 30%, pero exigían adelantar su valor completo. Ella dudó, pero siempre le habían devuelto el dinero. Cuando se dio cuenta, había transferido 40.408 euros en total. “No pensé que yo iba a caer en algo así, verifiqué todo”, se lamenta.

Se hacen llamar plataformas de trabajo de medio tiempo. Suplantan nombres de compañías reales, ofrecen contratos y salarios de hasta 3500 euros. Lo que viene después es una espiral de promesas y depósitos que no llevan a ninguna parte. No se trata de un único esquema, sino de varias redes organizadas dedicadas a engañar. Cuando una oferta fraudulenta utiliza datos reales, ya sean logos, CIF o nombre, la trampa ya no está en lo que se ve, sino en lo que no se comprueba. Ese abanico de métodos no altera la naturaleza del delito: en el Código Penal una estafa no deja de serlo por cambiar de modalidad. “Puede adoptar la forma de la estampita, el phishing o la suplantación de identidad”, explica el abogado Borja Adsuara, experto en derecho digital.

Es muy difícil hablar de un único delito porque en el terreno de la ciberdelincuencia, cuyo alcance asciende a 468.801 ciberdelitos registrados en España, es habitual que varios se superpongan al mismo tiempo, según Adsuara. A eso se suma un problema estructural: la mayoría de los casos ni siquiera se denuncia. Un estudio de la Revista Española de Investigación Criminológica encontró que la tasa de denuncia es apenas del 20%. El resto queda en una cifra opaca cuyo alcance se desconoce.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) recibe cada año miles de consultas relacionadas con estafas online. Aunque no dispone de datos que permitan afirmar si este tipo específico de fraude está aumentando, aclara a EL PAÍS que buena parte de las consultas sobre falsas ofertas laborales están vinculadas con inversiones fraudulentas en criptomonedas. Para esta entidad dependiente del Ministerio de Transformación Digital, el principal mecanismo se apoya en “diversas tácticas de ingeniería social” diseñadas para llevar a la víctima desde la confianza inicial hasta el envío de dinero.

“Al principio transferí por convicción; después lo hice solo para intentar recuperar la plata”, explica Sánchez. Los patrones son siempre los mismos: empiezan con tareas triviales y ofrecen pequeñas recompensas reales al comienzo como anzuelo. En un empleo legítimo, remarcan desde Incibe, el flujo económico siempre va de la empresa al trabajador. El dinero nunca circula al revés. Según Statista, el costo global del ciberdelito aumentará de 9,22 billones de dólares en 2024 a 13,82 billones de dólares en 2028, una tendencia que refleja la escala creciente de estas prácticas en todo el mundo.

La búsqueda de respuestas llevó a Sánchez a perderse durante horas en Internet, saltando de foro en foro en busca de una explicación que no llegaba. Fue su marido quien encontró la asociación de Víctimas de Fraudes Financieros (Victifin), dedicada a difundir este tipo de delitos. “Llamá acá, a ver qué te dicen”, le sugirió.

Jessica González, vocera de Victifin en Gipuzkoa, conoce muy bien ese recorrido. Fundó esta organización sin fines de lucro después de que su marido fuera estafado tras invertir 41.500 euros en la web Investing Pro, una plataforma trucha que operaba ilegalmente porque no estaba autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni por el Banco de España. “Ahora estoy haciendo mucho contenido en redes sociales porque son los mismos canales que utilizan”, dice González.

Los estafadores utilizan Telegram o WhatsApp para crear grupos donde supuestos trabajadores celebran ganancias, comparten capturas de pantalla y se felicitan entre ellos. En el que cayó Sánchez aparecían nombres como Jason Toh, Giulia D’Amore, Flora o William James. Podían ser cualquiera... o nadie. La intención siempre es generar la sensación de que otros ya estaban ganando y que, con solo seguir el ritmo del grupo, ella podía integrarse a esa comunidad que parecía avanzar sin esfuerzo.

Ese mismo guion también atrapó a Rafael Langarita. Su recorrido encaja punto por punto con este tipo de estafa. Este ingeniero en investigación y desarrollo, de 46 años, admite que la curiosidad le jugó una mala pasada en dos ocasiones. “Nunca pensás que alguien sea capaz de hacer algo así”, cuenta, todavía sorprendido por la facilidad con la que los estafadores lograron ganarse su confianza. No era un inversor habitual ni profesional, pero sí tenía la costumbre de probar pequeñas oportunidades que le llegaban por mensajería o redes sociales.

“Me contactó por WhatsApp una empresa supuestamente registrada en la CNMV”, señala. Capital Interactive Brokers, que imita deliberadamente a la firma estadounidense Interactive Brokers, uno de los gigantes globales de inversión, le pidió un depósito mínimo de 1000 euros que con el tiempo ascendió a más de 9000 y que nunca pudo recuperar. La segunda estafa llegó por Telegram, a través de una llamada de voz generada con inteligencia artificial. Le ofrecieron un trabajo en la plataforma fraudulenta SwiftPayExchange para dar “me gusta” a publicaciones en redes sociales a cambio de recompensas de un euro vía Bizum. Empezó invirtiendo 10 euros y terminó perdiendo 400 en total.

El 30 de noviembre, Paula Sánchez cruzó la puerta de una comisaría. Llevaba el celular lleno de capturas de pantalla, contratos falsos e IBAN desconocidos. Llevaba también algo más difícil de sostener: la vergüenza. “Me siento una boluda”, reconoce. ReSee no respondió a las solicitudes de información enviadas por EL PAÍS. En la plataforma de reseñas Trustpilot, la compañía dejó un aviso en el que se desliga de cualquier actividad relacionada: “ReSee.com y nuestra actividad oficial no están asociados a ningún servicio de contratación, actividad con criptomonedas ni plataformas externas de formación o recursos humanos”.

Interactive Brokers dedicó un apartado completo de su sitio web a advertir sobre estas prácticas. Una alerta que llega, casi siempre, cuando todo lo demás ya ocurrió. “Ahora lo tengo clarísimo y no entiendo cómo no fui capaz de verlo en ese momento”, expresa Langarita. Existen, sin embargo, comprobaciones básicas para verificar la legitimidad de una oferta, como buscar la página web de la empresa, contrastar la información y contactar con su servicio de atención al cliente. Pequeñas verificaciones que pueden evitar que una sospecha termine en fraude. “Buscamos justicia y que todo salga a la luz. Queremos que estas estafas se conozcan, se entiendan y puedan evitarse”, agrega González.

Adsuara recuerda que muchas de estas plataformas fraudulentas se sostienen gracias a la participación de los propios usuarios. Su argumento es que quienes se suman a sistemas de reseñas manipuladas, valoraciones falsas o esquemas que prometen beneficios inmediatos están contribuyendo, aunque no lo perciban, a un ecosistema que perjudica a otros. “Están participando en algo ilegal y eso puede llevar a otros usuarios a tomar decisiones basadas en datos falsos”, advierte.

Ese engranaje se mueve, casi siempre, por los mismos canales. Son grupos de mensajería encriptados donde las estafas circulan sin control. En plataformas como Instagram, en cambio, existe otra capa de responsabilidad, como establece el Reglamento de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que todavía no se puso en marcha en España. Aunque estas compañías tecnológicas no son responsables por el contenido que publican los usuarios, porque la responsabilidad recae sobre quienes lo suben, sí deben responder cuando se difunde algo ilícito. “Están obligadas a actuar y, si no lo hacen, pueden ser sancionadas”, señala. La Comisión Europea es la encargada de aplicar estas obligaciones en el marco de la DSA.

“Cada vez se está sofisticando más y son servicios profesionales de una mafia que en muchos casos opera fuera de España. Ahí no llega la policía y es más difícil perseguirla”, agrega el abogado. El último movimiento de Sánchez fue otro gesto, esta vez hacia atrás. Presentó un reclamo ante el banco para que retrocediera todas las transferencias. “Tengo pocas esperanzas de recuperar la plata”, reconoce.

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Por Constanza Cabrera

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