“Personal estratégico”: Qué dicen los expertos en salud sobre el uso del término

La explicación a la existencia de un vacunatorio vip parece encontrarse, para algunos funcionarios nacionales, en la categoría de “personal estratégico” que aparece en el Plan Estratégico de Vacunación Covid-19 que presentó el Ministerio de Salud de la Nación en diciembre último.

Allí, el grupo figura como segundo en la lista de prioridades para ser vacunados, después del personal de salud. Y en esa categoría se detalla: toda persona que realice una tarea fundamental y estratégica para el funcionamiento del Estado, personal de fuerza de seguridad, docentes, personal del servicio penitenciario... Y, como si el primer ítem dejara lugar a dudas, se puntualiza: “Funcionarios del Estado”.

Ahora bien, ¿qué opinan los expertos en Salud sobre el uso de este concepto? ¿Y qué recomienda la Organización Mundial de la Salud?

“La eficacia de una campaña de vacunación está dada por la equidad. Que reciban la dosis la población objetivo, sin importar su procedencia o condición social. En epidemiología y en medicina, a la hora de definir acciones no se usan conceptos tan amplios, que puedan resultar discrecionales. ¿Qué es estratégico? ¿El Presidente o el ministro? El resto, no. Pensemos que todavía el 40% del personal de salud no fue vacunado. Estratégico sería vacunar a los docentes”, señala Elena Obieta, infectóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.

“Este es un concepto que jamás se usó en medicina ni en un programa de vacunación”, aporta el infectólogo Eduardo López, que es miembro del Comité de Expertos en Covid que asesoran al Gobierno nacional, aunque no integra la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), convocada por Vizzotti. “Nunca leí algo similar en los papers de entidades científicas”, reconoce.

López se opone a que se haya convocado a la Comisión Nacional de Inmunizaciones para que defina qué se entiende por personal estratégico, es decir, a qué funcionarios hay que vacunar. “Los médicos ni las sociedades científicas podemos establecer eso. Yo no participé del encuentro, pero si me hubieran convocado, me habría negado porque no nos corresponde. El Gobierno puede definir su estrategia. Ser funcionario público no conlleva un riesgo. ¿Qué riesgo tiene un diputado o un ministro de Turismo? Los funcionarios de alto cargo deben cuidarse como todos, minimizar los encuentros y mantener la distancia, sobre todo usar barbijo. Después, se los evaluará, en función de sus comorbilidades, de su edad y su nivel de riesgo y se les asignará un orden dentro de la fila general. Así debe ser”, concluye López.

Para el infectólogo y pediatra Gerardo Laube, docente de la carrera de Medicina de la UAI y médico del Hospital Muñiz, lo que no tiene ningún tipo de discusión es la importancia del concepto de la equidad para que una campaña de vacunación sea efectiva. “Con respecto al término sobre el que hoy se debate [el de personal estratégico] es necesario esperar las definiciones de las sociedades científicas, como la Conain”, respondió brevemente.

También remarcó la importancia de que para exista dicha equidad: “Hay que disponer en un tiempo relativamente corto de la cantidad de vacunas necesarias para vacunar no solo al personal de salud, al ‘personal estratégico’ o a los adultos mayores como ya se está haciendo ahora, sino a toda la población para poder llegar lo más pronto posible a la inmunidad de rebaño”.

Convocatoria y definición

¿De dónde surgió el concepto de personal estratégico? “Se estableció a partir de una definición del Consejo Federal de Salud (Cofesa) [conformado por todos los ministros de Salud del país], explicó ayer a la mañana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en una entrevista que concedió a El Destape Radio.

En medio de la polémica, la flamante ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, afirmó que “está definido como personal que es relevante para mantener el funcionamiento del Estado” y convocó a la Conain para “validar una definición específica de lo que es personal estratégico”. Esto es, que definan a qué funcionarios se deberá o no vacunar. El encuentro se realizó ayer a la mañana.

Sin embargo, no se trata de un criterio que se utilice a nivel internacional entre comunidades científicas ni que figure en las guías y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los gobiernos a la hora de diseñar programas de vacunación eficaces desde lo epidemiológico y equitativos, en un contexto de escasez de dosis.

Según los expertos consultados por LA NACION, en términos científicos y epidemiológicos está altamente desaconsejado, porque lo que las guías buscan hacer es justamente dejar de lado la discrecionalidad en la decisión de a quién vacunar y a quién dejar en lista de espera.

“Los países pueden tomar las recomendaciones y decidir según sus propias evaluaciones sobre la base de su situación epidemiológica, los escenarios de disponibilidad de vacunas y la orientación de los organismos nacionales a cargo de la formulación de políticas”, dice ante la consulta de LA NACION Enrique Pérez-Gutiérrez, representante interino de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en la Argentina.

El funcionario evitó pronunciarse puntualmente sobre el caso del “vacunatorio vip”. Sin embargo, en su respuesta por escrito remitió un link al marco de valores publicado por el Grupo de Expertos de la OMS en Asesoramiento Estratégico sobre inmunización (SAGE) que establece los principios éticos para la toma de decisiones, tales como igualdad y respeto.

“Reconocer y tratar a todos los seres humanos como si tuvieran el mismo estatus moral y sus intereses como merecedores de igual consideración”, puede leerse. También, se habla de reciprocidad: “Honrar el compromiso de reciprocidad con aquellas personas y grupos que soportan mayores riesgos y cargas en la respuesta a la pandemia”, como ser los trabajadores de la salud. Respecto de la legitimidad, dice: la necesidad de que existan procesos transparentes en el manejo de la vacuna. Y, finalmente, habla de la equidad en el acceso: que todos cuenten con las mismas oportunidades.

Pérez-Gutierrez apuntó que estos son los principios que los países pueden aplicar. “Los países aplican esos principios de acuerdo con sus evaluaciones y prioridades”, agregó, cuando se le pidió su evaluación sobre la vacunación de periodistas y funcionarios, sindicalistas, asesores y familiares por fuera del sistema oficial.

En octubre último, el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE, por las siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud elaboró una guía con recomendaciones para los gobiernos para diseñar sus planes de vacunación. Allí, tampoco se habla de personal estratégico. En realidad, allí lo único estratégico son los expertos.

El documento se llama Hoja de ruta del SAGE para el establecimiento de prioridades en el uso de vacunas contra Covid-19, en un contexto de suministros limitados y ofrece un conjunto de criterios para orientar la planificación. Establece un sistema de triage que define prioridades y no incluye en ningún momento a funcionarios del Estado.

Cuando se cuenta con vacunas para inmunizar al 10% de la población, se lee en el reporte del SAGE, se debe inocular al personal de salud con alto riesgo de contagio y a los mayores de edad. Cuando se disponen dosis para entre el 11% y el 20%, hay que vacunar al resto de los mayores, a grupos con comorbilidades, a poblaciones vulnerables, a los demás trabajadores de la salud, a los docentes y fuerzas de seguridad de mayor riesgo.

Recién en la tercera etapa, cuando se dispone de dosis para llegar al 50% de cobertura, se completa todo el personal docente y de fuerzas de seguridad, se suman las embarazadas, entre otras y el personal esencial no médico, definido como “agentes de policía, trabajadores de servicios municipales, proveedores de servicios de guardería, trabajadores de la agricultura y la alimentación, trabajadores del transporte, personal esencial para el funcionamiento crítico de la administración pública”, dice el documento.

En el mundo

El escándalo que ocurrió en la Argentina también se dio en otros países. Perú, Polonia, Austria, Chile, España y otros países del mundo también vivieron episodios similares en las últimas semanas. En Perú, el fenómeno fue bautizado como Vacunagate, para referirse al escándalo por las vacunaciones irregulares de altos funcionarios del Poder Ejecutivo de Perú contra la Covid-19 que se inició el 10 de febrero de 2021.

En Chile, se adoptó el concepto de “personal crítico” en el plan de vacunación y se refiere a funcionarios no necesariamente de alto rango que desarrollan actividades cruciales y presenciales. Es lo que habilitó la vacunación del presidente y sus ministros.

En Italia no existe nada parecido al “personal estratégico” que se utilizó en nuestro país para justificar el escándalo. Lo que hay en ese país europeo es un “plan de vacunación estratégico”. Sin embargo, ya en enero pasado hubo algunos “vaccinopolis”, es decir, escándalos por vacunaciones salidas a la luz de parientes, amigos y “raccomandati” (recomendados según su traducción) de dirigentes sanitarios en diversas localidades de Sicilia, como Ragusa, Salemi, Trapani, Palermo. En muchos casos, se alegó que se trataban de dosis que sobraban. Pero también ocurrió en otras ciudades, como Modena, Reggio Emilia y Forlí.

De hecho, esas vacunaciones, al menos 500 (según se contabilizaba a fines de enero pasado) están en plena investigación por los carabineros del NAS, un comando especial dedicado a la salud, y se evalúa que, más allá de una cuestión de inoportunidad, también pueda haber delito de abuso de poder.

En Estados Unidos, rige la recomendación del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), que establece fases para la vacunación. La primera, “1A”, es para al personal de atención médica y los residentes de instituciones de atención a largo plazo. Y en la fase 1B, se vacunan personas mayores de 75 años y trabajadores esenciales de primera línea (de contacto) no relacionados con la atención médica.

Y se aclara, que se trata de personal de primera respuesta como bomberos y policías, agentes penitenciarios, trabajadores rurales y del rubro de alimentos, trabajadores del correo, empleados de supermercados, del transporte público y docentes de todos los niveles, incluso cuidadores infantiles, que no podrían realizar su tarea de forma remota. No se habla de funcionarios públicos.

Seguir la recomendación de la SAGE tiene un impacto epidemiológico sobre toda la población, explican los especialistas. No son lugares de privilegio, sino vacunaciones estratégicas para reducir los contagios, al vacunar a las personas que tienen contacto presencial con muchas otras personas y que no podrían trabajar desde sus casas.