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Piden debatir la legalización de un método anticonceptivo
Proponen que los hospitales realicen la ligadura tubaria sin autorización judicial
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Cuando todavía resuenan los ecos de la ley de salud reproductiva sancionada por la Legislatura porteña, referida al acceso a la información y obtención de anticonceptivos, acaba de ingresar en el Congreso de la Nación un proyecto para modificar la ley de prácticas médicas y autorizar a las mujeres a realizarse ligaduras de las trompas de Falopio en hospitales públicos, sin necesidad de la autorización de un juez.
La autora de esta nueva iniciativa es la diputada nacional Marta Silvia Milesi (UCR-Río Negro), quien, entre otros temas, fundamenta el cambio de la actual legislación en la necesidad de dar respuesta a quienes resultan discriminadas por no tener los medios para realizarse esa intervención en hospitales privados.
Hace tres meses, 70 mujeres marcharon en Río Negro para reclamar la modificación de la ley en vigor.
Dos meses atrás, una resolución de la defensora del Pueblo de la ciudad, Alicia Oliveira, permitió a media docena de mujeres realizarse la intervención en hospitales públicos.
Ayer, una mujer rionegrina, madre de siete hijos y actualmente embarazada, pidió a la justicia de su provincia que le permitiera la ligadura de sus trompas tras el parto, operación que le niega el hospital de General Roca, donde se atiende.
Son apenas tres ejemplos de una larga cadena de pedidos que hoy reciben legisladores de todas las jurisdicciones. En rigor, afirmaron varias fuentes a La Nación , se trata de democratizar el acceso a la intervención quirúrgica para las mujeres que no pueden costeársela en un sanatorio privado (donde sí se realizan por un costo promedio de mil pesos).
La controversia que plantea este sistema parece difícil de resolver, pues mientras algunos científicos consideran que es un método reversible, es decir, que una operación inversa devuelve la fertilidad a la mujer, otros médicos advierten que no es así en el ciento por ciento y la consideran una mutilación.
Representantes de la Iglesia, como el especialista en bioética de la Universidad Católica Argentina (UCA) padre Domingo Basso, afirman que "cuando se trata de ligar las trompas o de vasectomía (similar procedimiento realizado en hombres) por razones terapéuticas, no hay objeciones que hacer. Pero -advierte el sacerdote- si esa intervención se realiza por razones contraconceptivas, la cosa cambia completamente".
El doctor Mario Mas, ginecólogo del hospital de Villa Regina, Río Negro, y mentor del proyecto presentado por Milesi, aclaró que la ligadura "no se plantea como un método masivo, sino como una opción más dentro del hospital público".
La marcha de mujeres en su provincia, en reclamo de la generalización de las ligaduras sin autorización judicial, derivó en la apertura de un registro por parte de Mas, donde anotó a las interesadas en realizarse dicha intervención.
"En general, las solicitantes son mujeres de bajos recursos que no quieren quedar embarazadas o no pueden tolerar anticonceptivos. Hoy ya son 2500 las anotadas en el registro", informó el médico.
A mediados de abril último, la concejal Silvia Azanza (Alianza, Río Negro) logró que el proyecto fuera declarado de interés municipal. "Comenzamos a hacer contacto con otros ediles hasta que logramos llevarlo a la Legislatura, donde será tratado en pocos días", dijo.
"No podemos seguir ignorando que el aborto es la principal causa de muertes maternas, sobre todo considerando que es posible evitarlos con una buena información y poniendo al alcance de las mujeres el método anticonceptivo que crean más conveniente", sostuvo Azanza. Y agregó: "En nuestro país, el acceso al método está sólo al alcance de los que pueden pagarlo en centros privados, sin autorización judicial". Algo similar a lo que ocurre con los abortos, no permitidos en el hospital público.
La legislación actual
La ley 17.132, que se pretende modificar, prohíbe a los profesionales practicar intervenciones que provoquen la esterilización, sin que exista indicación terapéutica perfectamente determinada.
Actualmente, la intervención sólo puede realizarse en el caso de que un posible embarazo pusiera en riesgo la vida de la paciente, posibilidad que debe certificar un médico.
En diálogo con La Nación , Alicia Oliveira opinó: "Si cuenta con la prescripción médica que lo avale, es mayor de edad y capaz de discernir, la mujer puede pedir que le practiquen la ligadura sin necesidad de anteponer un permiso judicial."
El primer caso llegó a la Defensoría a mediados del año último. Involucraba a una mujer que, después de seis cesáreas y ante el rechazo de su organismo hacia los anticonceptivos, corría el riesgo de que se le desgarrara el útero con un nuevo embarazo.
"Como considero que son los médicos quienes interpretan mal la aplicación de la norma, sugerí en la Secretaría de Salud que se elaborara una reglamentación en la cual se les informe que realizar una ligadura en esos casos no es ilegal", enfatizó Oliveira.
