Piden que vaya preso el presidente de Fiat

La fiscal María Dellarque pidió que el presidente de Fiat Auto Argentina, Cristiano Rattazzi, fuera a la cárcel por haber importado en forma ilegal vehículos para discapacitados que fueron destinados a personas sin problemas físicos, confirmaron fuentes judiciales.

Dellarque solicitó al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky que condenara al empresario a cuatro años de prisión por el delito de contrabando agravado. Y pidió en su dictamen que durante ese lapso Rattazzi fuese inhabilitado para ejercer el comercio.

Para la fiscal, Rattazzi aparece "como el cerebro de operaciones de contrabando" porque "valiéndose de discapacitados logró introducir en la Argentina seis vehículos producidos nada menos que por la empresa de su familia (Alfa Lancia), sin abonar derecho o gravamen alguno a la importación", que superan los 20.000 pesos por auto.

El defensor del titular de Fiat Auto Argentina, Jorge Mintes, dijo ayer que se enteró por los medios del pedido de pena que pesa sobre su cliente. "Tengo y tendré el convencimiento de que la conducta atribuida a Rattazzi no es ilícita", aseveró el letrado.

Mintes aclaró que, según su criterio, quién pagó los coches o quién dejó de pagarlos no convierte en delictiva la conducta investigada.

"El pedido de penas de la fiscal es de hace más de un mes. Los defensores están al tanto y ya tienen hasta su estrategia lista", dijo ayer una alta fuente judicial.

La causa, que se inició en 1991, tramita según el viejo Código Procesal Penal de la Nación; por ello, no habrá juicio oral y será el mismo juez que encabezó la instrucción del caso quien dicte la sentencia, que fuentes judiciales estiman lista para antes de fines de año.

El rodado cuyo ingreso en el país está específicamente cuestionado por la Justicia es un Alfa Romeo 164, importado a nombre de Mario Sokolovicz, un asesor de seguros que no posee inmuebles a su nombre, para quien la fiscal pidió dos años y ocho meses de prisión por contrabando.

Dellarque sostuvo que no fue el lisiado -que figuraba como importador- el que gozó de los beneficios aduaneros, "sino una persona capacitada que compró la franquicia" y la usó para "obtener un vehículo libre de impuestos".

Sokolovicz, según la fiscal, prestó su nombre para que un tercero, Alejandro de Anchorena, se hiciera del vehículo. Para él, Dellarque pidió tres años y tres meses de prisión por el mismo delito.

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