Preocupan en Rosario los ataques contra jueces que investigaron a Los Monos

Los tiros retumban cada noche. Las balas dejan cicatrices en las paredes y marcas indelebles con el miedo, que sirve de mensajero. Este método de violencia narco comenzó a traspasar otros límites el 29 de mayo pasado en Rosario, cuando se iniciaron los ataques que tuvieron como blanco a magistrados, familiares de los funcionarios judiciales e investigadores. Por primera vez desde la etapa democrática hay un plan sistemático para atentar contra funcionarios de la Justicia. Así lo considera Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Santa Fe (de lo que se informa por separado).

Las cuatro víctimas de los ataques comparten algo en común: investigaron y juzgaron a la banda de Los Monos, una organización narcocriminal que fue subestimada desde el propio Estado y que, como ocurre en otros países, sus líderes digitan los hilos de la banda desde la cárcel.

Este método de disparar contra las fachadas de las casas no solo afectó a funcionarios e investigadores judiciales. En las últimas tres semanas se produjeron 17 tiroteos contra frentes de vivienda. Ayer falleció Alejandra García, una mujer de 34 años baleada el miércoles pasado en la zona oeste de Rosario y se elevó a 101 los homicidios en lo que va del año, con un incremento del 26% con respecto al año pasado.

Ese día, Maite, una niña de cinco años, murió tras recibir el impacto de uno de los 15 balazos que dispararon dos hombres en moto. Cuando al mediodía siguiente el periodista de Canal 5 de Rosario Maximiliano Raimondi informaba en vivo desde ese lugar fue amenazado por un grupo de jóvenes en moto.

Desde 2013 la violencia atravesó límites inesperados en Rosario. El 11 de octubre de ese año el entonces gobernador Antonio Bonfatti fue blanco de un atentado en su casa, cuando un grupo de hombres en moto disparó 21 balazos. La investigación no llegó a nada. El único acusado Emanuel Sandoval, un soldadito que luego se transformó en un narco de peso en la zona norte, admitió ser culpable del atentado en un juicio abreviado en el que fue condenado a tres años y medio de prisión, luego de que Bonfatti desistiera de acusar al imputado. Nunca se pudo saber quién mandó a Sandoval a disparar contra la casa del entonces gobernador.

El 29 de mayo pasado el blanco de los ataques fue el juez Ismael Manfrín. Esa noche las balas impactaron en Italia al 2100, en una casa que el magistrado y su familia habían vendido 45 días antes. Media hora después, se produjo otro atentado a balazos en un edificio de Montevideo al 1000, donde ese magistrado había vivido hasta 2010.

Los ataques se produjeron horas después de que la Justicia Federal autorizara el traslado de Máximo Ariel Cantero, alias "Guille", líder de Los Monos, a una cárcel federal. Esa madrugada, en medio de la convulsión que generaron los atentados, Guille fue enviado con una fuerte custodia de Gendarmería a la Unidad Penal Federal N°7 de Resistencia, Chaco.

"Esto apunta a atemorizar a los jueces y fiscales que están interviniendo en estas y otras causas vinculadas al narcotráfico y la violencia", expresó el gobernador Miguel Lifschitz.

El traslado se decidió en una reunión previa que mantuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con los jueces y funcionarios federales en Rosario ante la ola de homicidios. "Se subestimaron las consecuencias de lo que podría causar esta decisión", esgrimió un juez que conoció el expediente de Los Monos.

Manfrín nunca tuvo en sus manos la decisión del traslado de Cantero. Sin embargo, por una estrategia de la defensa de Los Monos, le llegó un habeas corpus que rechazó. El juez, junto con sus colegas Marisol Usandizaga y María Isabel Más Varela, integró el tribunal que condenó a 19 miembros de la banda. Guille Cantero recibió 22 años de prisión, una de las penas más duras. Su hermanastro Ramón Machuca, alias "Monchi", fue condenado a 32 años.

"Se han pasado todos los límites y no tenemos fuerzas de seguridad especializadas para hacer frente a este tipo de casos con una estrategia efectiva", aseguró en diálogo con LA NACION Ariel Ariza, un juez de Rosario que ocupa desde el año pasado la presidencia de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM). "La expansión de la narcocriminalidad, que ha dejado de ser el fantasma de un futuro posible para convertirse en un nuevo dato de la realidad", agregó un comunicado de esa entidad.

Los disparos también impactaron en el frente de la casa de la exmujer del juez Juan Carlos Vienna. En un comienzo, desde el gobierno de Santa Fe plantearon sus dudas sobre si el ataque estaba dirigido al magistrado. Pero esa incertidumbre se disipó al otro día, cuando desde un auto hicieron una ráfaga de disparos contra el frente del domicilio del padre del juez, que se llama igual que el funcionario. Una de las balas perforó la puerta de entrada y se incrustó en una columna del comedor. Pasó a centímetros de la cabeza del progenitor del magistrado.

Con estos nuevos ataques, con blancos elegidos contra familiares de magistrados, el juez Manfrín tomó una decisión que desató críticas dentro del Poder Judicial. Se excusó de la causa de Los Monos. El funcionario debía tratar la apelación de los abogados de la banda.

Dos días después, fue atacado Luis Qiebertoque, uno de los investigadores judiciales, en Gálvez al 5900, mientras que su compañero Ariel Lotito, sufrió el 30 de junio pasado el mismo tipo de intimidación.

Cinco días después, apareció dentro de la puerta giratoria de los Tribunales una caja, en cuyo interior había un pollo, dos bananas y seis claveles. Aunque esa caja parecía una instalación de arte contemporáneo, cada elemento tenía un sentido. Ese día un tribunal confirmó la apelación contra Luis Bassi, alias "Pollo", y sus dos lugartenientes, del crimen de Claudio Cantero, alias "Pájaro".

El miedo por esta situación también llegó al fuero federal, donde a fines de este año serán juzgados 32 miembros de Los Monos, por primera vez por narcotráfico. En una reunión que mantuvieron el viernes el gobernador de Santa Fe y los jueces federales de Rosario Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque, se evaluó que el juicio se realice en el Centro de Justicia Penal provincial, donde se llevó adelante desde fines del año pasado la causa por asociación ilícita y homicidios. La otra opción que se baraja es que se realice en el Escuadrón Móvil 2 de Gendarmería, donde la seguridad estaría garantizada.

• Más allá de los atentados sufridos por funcionarios judiciales santafesinos, también un fiscal salteño que trabaja con casos de narcotráfico fue amenazado en las últimas semanas. El fiscal de Cámara de Salta, Carlos Amad, encontró en su camioneta un intimidante mensaje, dejado con el claro objetivo de frenar sus investigaciones. La advertencia recibida por ese fiscal apuntó a los casos que sigue en la ciudad de Orán, uno de los puntos más calientes del tráfico de cocaína.

Por Germán de los Santos

• Narcotráfico

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