Presencialidad escolar: ciencia, pseudociencia y militancia

Hace pocos días, un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y colaboradores publicaron un informe sobre el impacto de la presencialidad escolar en los casos de Covid-19 en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El informe concluye que “en contextos de alta circulación viral, la evidencia muestra que la interrupción de la presencialidad escolar contribuye significativamente a disminuir contagios, y por ende internaciones y fallecimientos” y que las diferencias a ambos lados de la General Paz se explican por el diferente cumplimiento del decreto presidencial en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Este estudio fue difundido por numerosos medios y periodistas oficialistas como “un informe del Conicet”, porque los autores son investigadores de esta institución.

El informe tiene muchos sesgos y limitaciones metodológicas. Los autores no realizaron ningún análisis estadístico sobre las tendencias para evaluar si esas diferencias observadas eran significativas. Tampoco consideraron específicamente el impacto de otras intervenciones concurrentes sobre la trayectoria de la epidemia, como por ejemplo las restricciones en las franjas horarias nocturnas, en el transporte público, en la circulación de áreas comerciales, en la gastronomía y las actividades culturales y recreativas; ni tampoco las consecuencias de la autorregulación de los comportamientos sociales, un fenómeno esperado ante la suba de casos.

Pero más allá de estas limitaciones y de que correlación no significa causalidad, hay un sesgo crítico que invalida sus conclusiones: cómo se miden los casos positivos en cada distrito. La manera correcta de hacerlo es testeando. En los últimos tres meses, la ciudad de Buenos Aires (CABA) realizó al menos cinco veces más tests por millón de habitantes que el conglomerado de partidos del conurbano. Por lo tanto, es esperable que tenga muchos más casos, porque testea y detecta más. Esto también se observa en la positividad de los tests, que en la provincia de Buenos Aires adquiere valores que casi duplican a los de la CABA en este último período, lo que indica que en el conurbano se están detectando menos los casos que circulan. Lo mismo aplica para los niños entre 5 y 11 años, para los que nuevamente señalan diferencias “significativas” entre ambos distritos: los testeos periódicos a alumnos y docentes en las escuelas porteñas obviamente permiten la detección de más casos.

El estudio analiza luego las últimas restricciones a la presencialidad en las escuelas según ciertos parámetros epidemiológicos, comparando con lo sucedido en algunos países europeos frente a la segunda ola. En ningún momento señalan que en casi todos los países europeos las escuelas fueron lo último en cerrar y lo primero en abrir, en contraste con nuestro país, en el que las escuelas permanecieron cerradas todo el ciclo lectivo 2020. Tampoco se menciona que los recursos de los países desarrollados para sostener la educación virtual son infinitamente mayores que en países como la Argentina, donde la falta de presencialidad pega de lleno en los alumnos más pobres, que no cuentan con esos recursos y que representan más de la mitad de los niños y las niñas de nuestro país. De ellos, más de un millón y medio no tuvo siquiera contacto con el sistema educativo.

Finalmente, aunque los autores dicen analizar la “bibliografía actualizada”, solo incluyen los artículos que justifican su hipótesis previa. Casi tautológico. En un proceso de selección absolutamente sesgado, aducen que “si bien existen otros estudios que no han logrado establecer dicha relación, esto no es suficiente para argumentar que la relación no existe”. Imagino que los autores saben que el método más riguroso para resumir la información existente respecto de un tema y que constituye el estándar de práctica científica para evitar sesgos es la revisión sistemática de la literatura. Lamentablemente decidieron no hacerlo.

Múltiples estudios, incluyendo varias revisiones sistemáticas, han demostrado que los chicos, especialmente los de menos de 11 años, se infectan y contagian menos que los adultos y que, aunque los brotes pueden ocurrir en entornos escolares, cuando existen protocolos y estrategias de prevención en las escuelas, la transmisión suele ser más baja o al menos similar a la transmisión comunitaria. Entonces no solo debemos preguntarnos si evitamos o no contagios, sino también cuál es el costo social y emocional presente y futuro para los niños y las niñas de nuestro país y sus familias cuando cerramos escuelas por tanto tiempo.

El informe concluye que el cierre de las escuelas es una herramienta eficiente para reducir contagios y que “no desconocen que la educación presencial es ventajosa frente a la educación exclusivamente virtual, la que a menudo genera y amplifica desigualdades socioeconómicas y de género, y por lo tanto no debe extenderse indefinidamente en el tiempo”. Sería bueno conocer qué significa para los autores “indefinido”. ¿Pensarán que más de un año con escuelas cerradas no es demasiado para un país cada vez más pobre?

Dicho esto, es legítimo discutir y discrepar con argumentos científicos o políticos sólidos, y es probable que no estaremos de acuerdo en muchas cosas. Sin embargo, es muy triste que en nombre de la ciencia se moldeen los datos y las evidencias para justificar ex post decisiones políticas arbitrarias, militando una medida que profundiza irremediablemente las inequidades de nuestro país, como es el cierre de las escuelas. Eso es injustificable, en especial para quienes dicen enarbolar las banderas de la justicia social y la igualdad.

Por Adolfo Rubinstein

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