1
Reclaman la devolución de cuatro líneas de colectivos
Puja: la empresa que explotaba las líneas 56, 86, 97 y 193 pedirá a la Justicia el reintegro de la concesión, anulada por Transporte.
1 minuto de lectura'
El presidente de la empresa Transportes Fournier, Edgardo Hermida, que maneja las líneas de colectivos 56, 86, 97 y 193, aseguró ayer a La Nación que hoy a primera hora se presentará ante el juez federal Jorge Ballestero para solicitar que le reintegren la concesión del servicio automotor de pasajeros en el transcurso del día.
El viernes último, Ballestero ordenó a la Secretaría de Transporte de la Nación que devuelva a Fournier, en 48 horas, la titularidad de las cuatro líneas. Por su parte, el titular de la dependencia, Armando Canosa, dijo que respeta la decisión, pero que la apelará.
En Transporte interpretaron que la medida comenzará a correr a partir de pasado mañana en lugar de hoy, ya que consideran que se trata de "días hábiles" y no de horas corridas.
Hermida insinuó que van a "recibir una persecución terrible" por parte de Canosa, que los acusó en varias oportunidades de evadir impuestos y de no contar con seguros en caso de accidentes.
En tanto, el presidente de Fournier -que antes de comenzar el conflicto manejaba unos 320 colectivos con cerca de 1000 empleados- lo negó. "La empresa no es evasora, el sueldo de todo el personal está en blanco y figura en los recibos de sueldo", dijo.
El conflicto entre la secretaría y la compañía empezó el 13 de este mes, cuando Hermida denunció ante un juzgado de instrucción que las firmas Línea 219, Ideal San Justo y DOTASA estaban acondicionando más de 200 unidades para hacerse cargo de la concesión de Fournier, antes de que existiera una disposición en tal sentido.
Siete días después, mediante un decreto, Canosa quitó la concesión a esta transportista y la otorgó provisionalmente a la unión transitoria de empresas formada por DOTA SA, Ideal San Justo SA y Línea 219 SA. Ahora, Ballestero investiga si se cometió un hecho ilícito en la cesión a las otras compañías.
Mientras tanto, Canosa anunció que apelará la medida cautelar de Ballestero. Y se quejó porque el juez lo obligó a "restituir el servicio a una firma que tenía 30 unidades secuestradas por ser deficientes, con más de 10 años de antiguedad, y que además adeuda al fisco 31 millones en concepto de cargas previsionales", dijo el funcionario.
Sin embargo, Hermida señaló a La Nación que la deuda previsional es de 21 millones de pesos, pero que a partir de este mes regularizó la situación mediante una moratoria de pagos. Por otro lado, afirmó que están siendo cuestionados otros 10 millones de pesos "no exigibles", en su mayoría por multas.
Explicó, además, que denunció a Canosa por abuso de autoridad, falsedad ideológica de instrumento público y pidió que se lo investigue por un presunto delito de cohecho.
