La solución que propone un grupo de investigadores para mejorar la calidad de la educación en la Argentina

Cuatro de cada diez estudiantes del último año del nivel secundario no alcanzan un nivel satisfactorio en Lengua y ocho de cada diez, en Matemáticas, según señalaron las Pruebas Aprender de 2022. Los últimos resultados conocidos de las evaluaciones internacionales PISA 2018 mostraron que, en la Argentina, apenas cinco de cada 10 alumnos de 15 años tuvieron un desempeño por encima del estándar mínimo esperado para la edad.

Los números que grafican la “crisis del aprendizaje”, agravada por la pandemia, que enfrenta el mundo, no solo la Argentina, sobran. Pese a que brindan una foto de los logros de aprendizaje, una de las principales debilidades de las evaluaciones a gran escala es la falta de definiciones sobre cómo se espera que ocurran las mejoras en el sistema educativo a partir de los resultados.

Este es uno de los principales puntos que marca el trabajo de los expertos en educación, Esteban Torre, Juan Cruz Perusia y Juan Xanthopoulos, en el marco del Laboratorio de Innovación y Justicia Educativa del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

“Hay que definir un propósito general de la evaluación y es necesario identificar quiénes van a ser los usuarios de los resultados y qué usos se le van a dar. Una vez definido esto, se deben definir las características de la evaluación”, precisó Perusia al presentar el estudio. Y señaló que, pese a que existe una trayectoria consolidada y hace 30 años que se realizan evaluaciones escolares, en la Argentina los resultados son poco previsibles porque las evaluaciones han ido cambiando respondiendo a decisiones de diferentes gestiones de gobiernos que muchas veces no han sido fundamentados.

Recomendaciones

En ese sentido, los investigadores propusieron planificar las evaluaciones a gran escala con un horizonte temporal de 10 años. En concreto, basaron su propuesta para la política nacional de evaluación en cinco recomendaciones.

En primer lugar, implementar evaluaciones censales cada cinco años, que sirvan como insumo para elaborar un mapa nacional de aprendizajes y trayectorias educativas, que integre también los datos de las evaluaciones con los de progresión y graduación. Estos datos deberían servir tanto para desarrollar productos a nivel escuelas, donde se informe el desempeño de los estudiantes en comparación con el de otras instituciones educativas similares, como también para elaborar proyectos de mejoramientos institucionales.

Sugieren realizar este censo en tercer grado, dado que está previsto que a esa altura los estudiantes hayan completado su proceso de alfabetización básica. Mientras que en secundaria, la evaluación sería en Lengua y Matemática, y debería realizarse en primer año para maximizar la cantidad de estudiantes evaluados y evitar perder la información de quienes abandonan la escuela.

Proponen continuar las evaluaciones en Matemática y Lengua, pero con operativos muestrales bienales, en los últimos años de los niveles primario y secundario. Como así también incorporar el estudio de las habilidades socioemocionales tanto en primaria como en secundaria en busca de ampliar el concepto de calidad educativa.

Aquí incluyen habilidades cognitivas, como resolución de problemas y concentración; emocionales, como la empatía y la resiliencia; y sociales, como comunicación y colaboración. En la práctica, sugieren que estas evaluaciones se realicen en primaria y en secundaria cada cuatros años.

Estos tres dispositivos evaluativos nacionales los pensaron para articular con otros dos elementos: mayor coordinación entre las provincias y la Nación, y promover procesos de evaluación formativa en el aula.

El documento señala que una comparación entre las evaluaciones jurisdiccionales recientes y las nacionales muestra superposiciones que probablemente respondan a cuestiones políticas y falta de coordinación entre los niveles de gobierno. “Si no existe una planificación a largo plazo de las evaluaciones nacionales, resulta muy difícil pretender que las provincias avancen en evaluaciones que complementen las nacionales”, apunta el trabajo presentado. En ese sentido, señalan que es importante acordar una estrategia que defina los dispositivos de evaluación nacionales para que se pueda complementar con las provincias. Agregan que la estrategia de coordinación debería contemplar recursos financieros del Ministerio de Educación nacional para apoyar el desarrollo de capacidades de evaluación de las jurisdicciones que lo requieran.

“Son las actividades de evaluación formales o no formales que conducen los docentes en la tarea pedagógica para mejorar el logro de los estudiantes”, señaló Perusia sobre las evaluaciones formativas y agregó que creen que se debería impulsar aún más la implementación de las plataformas que empezaron a funcionar después de la pandemia.