Residencias: el Gobierno denunció a un médico ecuatoriano y a sus cómplices por “defraudación a la administración pública”

El Gobierno formalizó esta tarde una denuncia penal contra el médico ecuatoriano que utilizó anteojos inteligentes para grabar y transmitir el examen para residencias.

El escrito presentado por el Ministerio de Salud de la Nación es por defraudación a la administración pública y avanza, también, “contra quienes hayan prestado su concurso o colaboración como instigadores, partícipes necesarios, cómplices o encubridores”.

En esa cartera ampliaron a este medio que la denuncia “incluye a quien filmó el examen y sus posibles cómplices por resultados anómalos: altos puntajes de aspirantes con antecedentes académicos bajos. Se utilizó el engaño para alterar el orden de mérito y obtener becas indebidas”.

Entienden en el equipo de asuntos jurídicos del ministerio a cargo de Mario Lugones que la presunta falta cometida por el médico ecuatoriano de 29 años que se presentó el 1° de julio al Examen Único para residencias médicas, “pudo generar un perjuicio económico al Estado: becas indebidas y costos administrativos para investigar y remediar”, junto con un “daño ético y riesgo para la salud pública con el acceso a cargos rentados a través del engaño”, según explicaron.

En las nueve páginas de la presentación, Salud repasa el contenido del video que se viralizó el martes pasado a la noche: uno de los postulantes que se presentó a rendir en la sede habilitada del Parque Olímpico de la Juventud, en la ciudad, filmó las 100 preguntas del examen a través de lentes inteligentes.

En las imágenes quedaron expuestos datos personales, como el número de inscripción al examen. Así, en pocos minutos, ya circulaban también por redes sociales su nombre y apellido, el DNI y la calificación que había obtenido en el examen: 92 puntos, una marca entre las más altas.

“El ardid orquestado consistió en cámaras integradas en sus lentes para filmar las preguntas y enviarlas a un tercer agente (que se encontraría fuera del establecimiento donde se rindió el examen, muñido de la bibliografía necesaria), quien a su vez transmitió a los restantes participantes de la maniobra las respuestas que debían tildar”, plantea la denuncia.

Las medidas solicitadas a la Justicia incluyen el secuestro de los teléfonos celulares y otros dispositivos no solo del médico acusado o registrados por su DNI y del titular de la cuenta de la red X a través de la que se habría difundido inicialmente el video, sino que lo extienden a otros postulantes que la investigación llegue a identificar como “presuntos partícipes de la maniobra denunciada”.

La denuncia los ubica entre los candidatos “cuyo desempeño en el examen resulte notoriamente superior al esperable en función de sus antecedentes académicos”. De hecho, el médico ecuatoriano había obtenido 69 puntos sobre 100 en el examen que había rendido días antes para el concurso de residencias en el Hospital Británico, muy por debajo de su nota en el Examen Único.

La medida de prueba solicitada apunta a los intercambios en grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram y Facebook. Es por esas vías en las que, en las semanas previas a la evaluación hubo participantes que recomendaban copiarse o ir a rendir con dos teléfonos, uno como “señuelo” si solicitaban entregarlo. Por esos grupos, también, hubo postulantes que comentaron sobre la compra del examen por más de US$ 2500.

De acuerdo con la denuncia, también se solicita a la Justicia que presten declaración testimonial a los responsables de controlar a los postulantes durante las cuatro horas que duró el examen y fiscalizar la evaluación en la sede a cargo de la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud porteño. Buscarán que aporten detalles sobre “las condiciones de control y vigilancia implementadas, los protocolos de ingreso y permanencia, eventuales irregularidades observadas” ese día.

“La Administración Pública debió incurrir en diversos gastos que fueron consecuencia del actuar delictivo del [médico acusado] y de los demás participantes de la maniobra fraudulenta. Se debieron destinar recursos económicos para el análisis del engaño orquestado. A lo cual se agregó la necesidad de adoptar nuevas instancias de evaluación para mitigar sus dañinas consecuencias”, plantearon en la denuncia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Esas instancias se refieren al nuevo examen para validar las notas de los casos sospechados que será pasado mañana. Rendirán 141 médicos de los 268 originalmente objetados. Son aquellos en los que no se identificó una correspondencia del desempeño en el Examen Único con los antecedentes académicos. Hay ocho egresados de universidades argentinas y 133 egresados de universidades extranjeras.

Por Fabiola Czubaj

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