Revén el trabajo y el control de los inspectores porteños

Que la maltrecha imagen de los inspectores porteños necesita ser modificada es una de las máximas que maneja la intervención en la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones (DGVH). Sin embargo, no es la única preocupación del nuevo cuerpo de funcionarios que tiene a su cargo una de las áreas más sensibles del Gobierno de la Ciudad: el sistema completo deberá cambiar para adecuarse a la realidad, dicen.

Ya no habrá más visitas indiscriminadas a los locales comerciales, por ejemplo. La política, desde ahora, será perseguir una estrategia y atacar los puntos más rebeldes o riesgosos. No alcanzan ni el tiempo ni el personal para pequeñeces.

Tampoco deberán habilitarse especialmente todos los comercios. Un formulario en mesa de entradas alcanzará para darles el okey a los que no conlleven peligros mayores. A los quioscos, por caso.

Y por las dudas, como para que ningún inspector se sienta tranquilo si desea dejar pasar irregularidades a cambio de dinero sucio, la intervención dispondrá la creación de un grupo de auditoría interna, que chequeará selectivamente el trabajo realizado por los agentes.

Así lo reveló Martín Schmukler, el hombre a quien el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, dio poderes especiales para armar un proyecto de reorganización de la DGVH.

Schmukler trabajará con el subsecretario de Trabajo, Marcelo Antuña, en la elaboración del informe que, en febrero próximo, deberá estar sobre la mesa de Ibarra. "El objetivo es reorganizar el área. La idea es hacerlo en función de rubros y objetivos", relató Schmukler.

Para esto, la primera medida del interventor fue suspender las inspecciones de rutina y enviar una señal drástica y clara: los agentes no pueden llevarse las credenciales a sus casas. Las reciben cuando llegan a la DGVH y las dejan en un casillero cuando terminan el trabajo.

Actualmente, sólo se realizan inspecciones de urgencia por operativos policiales, órdenes judiciales o denuncias puntuales. "No sirve salir a la calle sin un objetivo claro", opinó Schmukler.

El objetivo será diseñado políticamente. "Requiere planificación y posterior control. Hay que evaluar bien qué rubros necesitan mayor atención por parte del Estado", señaló Antuña. Dicho de otra manera: no es lo mismo un boliche bailable que una mercería. No es lo mismo un local con 1300 personas y riesgo alto que otro con no más de ocho visitantes a la vez. Seguridad, salud y medio ambiente, en este sentido, serán las tres área más vigiladas por la DGVH.

Reorganización e imagen

Dos resultarán, en verdad, los ejes de la intervención: por un lado, la reorganización administrativa y laboral; por el otro, el lavado de una imagen pobre.

En el segmento de la organización, la intervención tiene pensado tomar varias medidas:

• "El decreto de intervención permite contratar personal con facultades para inspeccionar. Lo haremos", adelantó Schmukler. Hasta ahora, las inspecciones sólo las realizaban los agentes de planta permanente.

• "Depuraremos el sistema de habilitaciones. No todos los comercios necesitan la misma habilitación. La mayoría no compromete la seguridad ni la salud", comentó Antuña. "La mayoría", según Schmukler, incluye al "80 por ciento de los locales". Este proyecto, que deberá aprobar la Legislatura, permitirá instalar comercios minoristas con la sola presentación de un formulario.

• El 0800 de denuncias que pertenecía a la DGVH incluirá próximamente a toda la Subsecretaría de Trabajo. Prevén una campaña mediática fuerte para que los vecinos reconozcan el número.

• Desde hace dos semanas, en la Ciudad ya no existen las 20 zonas de inspección en que estaba separada la organización de los agentes. Schmukler decidió romper con esa burocratización.

Como se dijo, más allá de las necesidades organizativas, los nuevos funcionarios enfrentan un problema accesorio: la imagen pobre que la gente tiene de los inspectores.

"Hay una mala opinión pública, con cierto grado de injusticia. Sabemos que es un área sensible y muy expuesta en los medios", se confesó Antuña.

En este sentido, la intervención sabe que necesitará revertir un proceso de deterioro que lleva años. "La primera medida será que todos los inspectores presenten una declaración jurada propia, de sus respectivas mujeres y de sus hijos menores de 18 años", expresó Antuña.

La otra parte del operativo lavado de imagen será bajar el perfil mediático. Pocas declaraciones, menos entrevistas y la menor exposición posible.

La Ciudad posee hoy 220 inspectores en funciones operativas. El plantel debe inspeccionar 150.000 locales y los tiempos no alcanzan para hacerlo bien. Por eso el sistema cambiará. Es difícil. Y es a largo plazo. Pero también es necesario.