Florida presenta una demanda contra Sam Altman y OpenAI que se suma a un historial complejo (y costoso)
La fiscalía del estado sureño argumenta que la compañía priorizó el beneficio económico sin medir los riesgos potenciales de ChatGPT
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El estado de Florida (Estados Unidos) presentó este lunes 1 una demanda contra la empresa de inteligencia artificial OpenAI y Sam Altman, su director ejecutivo, acusándolos de lanzar ChatGPT sin dar a conocer los peligros que había en torno al aplicativo para acelerar la comercialización del producto.
La acción legal fue emprendida por la fiscalía local y surgió tras la investigación del tiroteo registrado en la Universidad Estatal de Florida en el 2025, en la que se consideró que el asistente de IA fue un agente instigador del crimen. La parte demandante sostiene que el autor del incidente, que dejó dos muertos y varios heridos, fue “asesorado” por ChatGPT antes de llevar a cabo el ataque.
En la acusación también se señala que tanto OpenAI como Altman eran conscientes de que su asistente de IA “fue diseñado para enganchar a los usuarios” para que estos le brinden más información con la que el sistema se entrene a sí mismo.
Adicionalmente, en la causa judicial también se menciona que ChatGPT recoge datos de menores sin supervisión ni autorización de sus tutores, a lo que se añade que este aplicativo plantea un riesgo para el desarrollo psicológico de los usuarios jóvenes, que se han visto expuestos a un sistema que los habría estimulado a realizar acciones violentas y autodestructivas.
“OpenAI y Altman ignoraron advertencias de seguridad internas y externas, pusieron a niños en gran riesgo y permitieron que un producto peligroso llegara a millones de floridanos”, señaló James Uthmeier, fiscal general de Florida.
Para las autoridades de dicho estado de la costa este es un agravante que la firma tecnológica haya ignorado de forma consciente las advertencias que especialistas internos y externos habían hecho sobre los riesgos potenciales del uso de su chatbot, priorizando la salida al mercado de ChatGPT.
El precedente más reciente
La demanda de Florida es la primera que un estado de EE.UU. presenta contra la firma tecnológica dirigida por Sam Altman, pero se añade a un historial reciente de procesos judiciales que se van apilando contra los responsables de ChatGPT.
El caso más cercano es el juicio que Elon Musk, cofundador de OpenAI, emprendió contra la compañía y dos de sus directivos más importantes: Altman y Greg Brockman.
El magnate a cargo de SpaceX sostuvo que sus exsocios lo engañaron y “traicionaron” la misión original de OpenAI, convirtiéndola en una empresa a pesar de haber sido creada como una organización sin fines de lucro.
Musk presentó la demanda en el 2024 por “incumplimiento de contrato”, ampliándola a fines de ese mismo año para incluir a Microsoft, accionista externo más importante de la compañía de IA. Ambas partes se presentaron ante el tribunal federal de Oakland (California) en mayo pasado, con dos semanas de testimonios cruzados y puyas.
Durante el proceso, el antiguo amigo de Altman manifestó que su reclamo tenía fines éticos, argumentando que creó OpenAI con el objetivo de que la inteligencia artificial fuera gestionada por personas responsables y a través de una ONG. Musk solicitó una indemnización de 150.000 millones de dólares y que la empresa se transforme nuevamente en una entidad filantrópica.
Por su parte, Altman y otros directivos de la firma demandada señalaron que Musk intentó hacerse con el control de esta, pero se marchó en el 2018 tras la negativa de los otros miembros de la junta directiva. La parte defensora alegó que el denunciante actuaba por arrepentimiento de haber abandonado la firma de forma prematura y Altman dijo al juzgado que “Elon Musk solo trabajará en empresas que controle totalmente”, tal como sucede en Tesla y SpaceX.
Finalmente, el 18 de mayo el tribunal desestimó la demanda, pero Musk aseguró que apelará la decisión.
Más allá del revés, el empresario mantiene otros frentes legales contra OpenAI. La firma de inteligencia artificial de Musk, xAI, tiene juicios abiertos contra la compañía comandada por Altman por causas antimonopolio y espionaje industrial.
OpenAI y los derechos de autor
La otra gran batalla legal de Sam Altman y su compañía es la de las demandas masivas de medios de comunicación, gremios y artistas, que han acusado a OpenAI de violación de derechos de autor. La complejidad del caso no solo radica en su naturaleza jurídica, sino en el volumen de los litigios, con numerosas demandas colectivas.
Los demandantes han incluido medios de comunicación como The New York Times, que consideran que ChatGPT se nutrió tomando sin autorización contenido informativo sumamente costoso de producir sin ningún acuerdo económico de por medio. Grupos editoriales de escala internacional como Penguin Random House también se han manifestado reclamando en la Unión Europea que se impida el acceso de estos sistemas sin permiso.
Desde la parcela de los colectivos profesionales, el Gremio de Autores de Estados Unidos denunció que diversas obras de ficción fueron descargadas de sitios de piratería para alimentar la base de datos del asistente de IA y entrenarlo.
OpenAI ha respondido intentando lograr acuerdos de licenciamiento con algunos éxitos con varios medios y conglomerados.
News Corp, compañía responsable de The Wall Street Journal y New York Post, logró el contrato más importante de este tipo, con 250 millones de dólares en pagos directos y créditos para emplear herramientas avanzadas de inteligencia artificial.
La editora Axel Springer también consiguió un acuerdo importante, estimado en 13 millones de dólares anuales por el uso de la información de medios de su propiedad, entre los que se encuentran Politico, Business Insider y Bild. En España el grupo Prisa, dueño de El País y As, también logró cerrar un trato con OpenAI.
No obstante, los frentes legales con MediaNews, The New York Times, Chicago Tribune y gran cantidad de empresas periodísticas siguen abiertos. La demanda de Penguin Random House, entablada en Alemania, también sigue abierta y es un caso potencialmente complicado porque la editorial reclama el cese de operaciones de ChatGPT en la jurisdicción europea.
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