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Rechazan la ley "antipiratería" de Sarkozy
El Consejo Constitucional francés dijo que la desconexión del servicio de Internet es competencia de un juez y no de un ente regulador, como espeficaba la norma impulsada por el mandatario
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Por Guillermo Tomoyose
De la Redacción de lanacion.com
gtomoyose@lanacion.com.ar
La norma que impulsó el presidente francés Nicolas Sarkozy , que penaliza con la desconexión del servicio de Internet a los usuarios que realicen descargas de archivos con derecho de autor, sufrió un duro golpe por parte de la máxima autoridad constitucional de Francia, que determinó que sólo un juez puede determinar una sanción de ese tipo.
El Consejo Constitucional es un organismo que se ocupa de velar por los derechos y libertades que garantiza la Constitución Francesa. Se compone por miembros propuestos por el presidente de la República, de la Cámara Baja del Parlamento y del Senado. A su vez, varios ex mandatarios conforman el consejo, como Jacques Chirac y Valéry Giscard d´Estaing.
El comunicado emitido por el tribunal constitucional determina que la creación de un ente regulador de los contenidos en Internet como la "Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet" (Alta Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos sobre Internet, HADOPI, según sus siglas en francés) pueden "llevar a restrigir el derecho de expresión y comunicación de las personas".
De la misma forma, indica que estos derechos se encuentran establecidos el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y que Internet, dado su desarrollo, es una herramienta de acceso público importante "para la participación en la vida democrática y la expresión de ideas y opiniones".
La norma que impulsó el mandatario francés, conocida como Ley Sarkozy, establecía un sistema de notificaciones previas, por Internet y carta certificada, para aquellos usuarios de Internet que realizaran descargas de archivos con derecho de autor. En caso de persistir en dicha actividad, el ente regulador HADOPI procedía a la desconexión del servicio por un período que va desde un par de meses hasta dos años, sin que esto implique dejar de pagar el servicio.
Tanto desde el gobierno como desde la oposición no estuvieron ajenos a la decisión del Consejo Constitucional. La ministra de Cultura Christine Albanel siguió de cerca el tema y dijo que elaborarán una nueva propuesta de ley donde un juez será la última instancia previa a la hora de imponer sanciones a los internautas que realicen descargas de archivos con derechos de autor. "Sin embargo, es muy importante que el proceso educativo de prevención de la piratería ha sido aprobado por el Consejo", declaró la funcionaria.
Desde la oposición, el Partido Socialista fue muy crítico con la postura del gobierno. "En lugar de inventar nuevas formas de remuneración para los creadores de contenidos adaptadas a la sociedad digital, eligieron una posición arcaica y represiva", detallan en un comunicado de prensa publicado en su sitio web. "La ley debe ser formulada de nuevo, con el doble objetivo garantizar la financiación de la cultura y preservar las libertades de los usuarios de Internet".
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