Cupo laboral: denuncian que en la gestión de Milei ya echaron al 10% de las personas trans contratadas

Un legajo impecable. Ese era, para María Pilar Jiménez, el logro que la enorgullecía y la impulsaba, cada mañana, a salir de su casa con tiempo más que suficiente para no llegar tarde a su trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pilar jura que tenía un legajo sin apercibimientos, ni faltas injustificadas ni llegadas tarde. Quería que eso siguiera siendo así.

Pero a pesar de su desempeño laboral, el 27 de marzo le notificaron que estaba despedida. Se había desempeñado, durante seis meses, como secretaria privada de Asuntos Consulares del organismo. Viajaba todos los días casi dos horas de ida y dos horas de vuelta desde su casa en Villa Rosa, Pilar, hasta Retiro. “Fueron meses en los que fui feliz”, asegura en diálogo con LA NACION. Meses en los que, dice, había proyectado rendir las últimas tres materias que le habían quedado del secundario para después empezar a cumplir el sueño de ser trabajadora social.

“Me dejaron en la calle en un país en quiebra. Por suerte estoy viviendo en la casa de fin de semana de mis padres y no pago alquiler, pero estoy usando para vivir los pocos pesos que me quedan. Ya mandé mi curriculum a 27 lugares y no tuve ni una respuesta”, dice con tono desesperado.

El suyo está lejos de ser un caso excepcional. Según el Observatorio Zaguán Transindical, un frente de trabajadores estatales de los colectivos trans, travesti y no binario pertenecientes a diferentes sindicatos, hasta anteayer ya habían sido despedidas 100 de las 955 personas trans que se habían incorporado al Estado en los últimos dos años por la aplicación de la ley N°27.636 de Cupo Laboral Travesti Trans.

Gracias a esta norma, Pilar había logrado su primer empleo formal en 2021, en el Municipio de Tigre, en el área de Desarrollo Social. “Fui adquiriendo experiencia y ascendiendo de categoría, hasta llegar casi a coordinadora”, explica con orgullo. Fue, justamente, por esa experiencia laboral que la convocaron para trabajar en Cancillería. “Cuando me dijeron que había quedado, me explicaron que tenía que renunciar a mi trabajo de Tigre. Yo confié y lo hice porque era un trabajo más calificado, era un crecimiento”, agrega.

Para el colectivo trans, tener un trabajo estable no sólo significa cubrir las necesidades básicas para no caer en la pobreza. Es también un sueño esquivo para muchísimos de sus integrantes que, producto de la discriminación y los prejuicios, son marginados del mercado laboral y deben recurrir a empleos precarios o, incluso, a la prostitución.

“Sé de muchas compañeras que, ante la urgencia de estar sin trabajo y tener que pagar un alquiler, están volviendo a prostituirse. Otras, las que habían llegado de otras provincias, están volviendo a sus lugares de origen”, dice con tristeza Pilar, que integra la Consejería LGBT “Diana Sacayán Tigre”, que brinda atención integral a personas de ese colectivo en Tigre y alrededores, y es parte del Frente Disidencias en Lucha Argentina.

La exclusión que sufren desde edades muy tempranas, el estigma y la imposibilidad de acceder a un empleo formal, empuja a la inmensa mayoría (el 70%) al trabajo sexual como principal medio de subsistencia, muchas desde niñas: casi el 30% comenzó entre los 11 y 13 años; el 46% lo hizo entre los 14 y los 18; y un 24% luego de los 19. De adultas, el 87% dejaría la prostitución si tuviese acceso a otro empleo, pero las puertas se les siguen cerrando. Los datos se desprenden del informe La Revolución de las Mariposas, elaborado por varias organizaciones que trabajan en la temática.

Según el relevamiento del Observatorio Zaguán Transindical, las áreas más afectadas son la Secretaría de Trabajo, con 27 personas trans desvinculadas; Desarrollo Social, con 23; ANSES, con 20, y Cancillería, con diez.

Pato Laterra, integrante del frente, remarca que se trata de despidos ilegales. “La ley establece que el cupo puede ampliarse, pero no reducirse. A fines de 2023 sólo el 13% de los contratados era de las provincias. Con esta ola de despidos, arrasaron con el 50% de esas personas”, alerta el docente y economista.

Si bien la norma significó un gran avance para el colectivo, a fines de 2023, cuando se cumplieron dos años de la reglamentación, la meta de que el 1% del personal del Estado perteneciera a este colectivo estaba bastante lejos de concretarse: los 955 empleados representaban apenas el 15% de los 5550 que deberían haber accedido a un puesto.

Se estima que en nuestro país entre el 80% y el 90% de la comunidad travesti, trans y no binaria no tiene acceso al empleo formal. Los datos fueron publicados en la plataforma Identidades informadas, de Fundar, una organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo sustentable e inclusivo.

El estudio lo hicieron miembros de la plataforma digital Contratá Trans, un programa que promueve el empleo de personas travestis, trans y no binarias. El trabajo también cita un estudio del Ministerio Público de la Defensa que revela que más del 60% del colectivo no pudo acceder a una entrevista de trabajo formal después de asumir públicamente su identidad.

Mientras sigue esperando que alguna de las empresas a las que les envió su CV le dé una oportunidad, Pilar inició un emprendimiento de granja en su casa. Los planes de estudiar, dice, quedaron en pausa para ponerle foco a otras prioridades. En los próximos días, va a intimar al organismo que la empleaba para que la reincorpore. “Sin trabajo, no puedo pagar Internet y sin Internet no puedo estudiar. Parecería que el Estado nos quiere, otra vez, en las esquinas. Pero conmigo no lo va a lograr”, concluye.

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