El último día de su presidencia Alberto Fernández firmó un controvertido decreto para el sector editorial

En las últimas horas de su gestión presidencial, Alberto Fernández no firmó uno sino varios decretos. El número 736/2023 reconoce al Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra) como único representante de los autores, sus derechohabientes y los editores de obras literarias, artísticas y científicas para cobrar un canon por las reproducciones en formato digital o analógico de las obras. Desde ahora, Cadra es considerada “entidad única” para negociar los derechos de reproducción, y recaudar y distribuir el importe fijado (según anuncia el decreto, por el Ministerio de Cultura de la Nación, actualmente Secretaría de Cultura). De este modo, la entidad está habilitada a llevar a cabo procedimientos judiciales y administrativos en aras de la propiedad intelectual.

En septiembre, se habían anunciado la firma del decreto y un acto de reconocimiento a Cadra en el CCK, con la presencia de Fernández y del exministro de Cultura Tristán Bauer. Por las críticas de varios sectores, entre otros, la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (Abgra), que preside María Silvia Lacorazza, docentes, escritores, archivistas y exfuncionarios como el exministro de Cultura del gobierno de Cambiemos, Pablo Avelluto, la firma del decreto se suspendió y el acto se canceló a último momento.

Cadra es una entidad con dos mil asociados (entre autores y editoriales) que, desde 2002, recauda derechos reprográficos, de comunicación pública (por ejemplo, cuando se lee un poema o un cuento en un programa de radio) y de reproducción digital de obras, al cobrar licencias en locales comerciales cercanos y alejados de centros de enseñanza (donde se hacen fotocopias de libros), bibliotecas públicas y privadas, organismos de gobierno, escuelas públicas y privadas, empresas, fundaciones y otras instituciones culturales. Las licencias varían: en algunos casos se establece un monto fijo; en las universidades y centros de enseñanza, se cobra per cápita. Según el decreto, los gastos de administración de Cadra no podrán exceder el 20 % de la recaudación total.

Son socios de Cadra autores como Fabián Casas, Claudia Piñeiro, Martín Kohan, Felipe Pigna, Pablo De Santis, Andrés Ehrenhaus, Juan Sasturain, Beatriz Sarlo y Luisa Valenzuela, y editoriales de los grupos Planeta y Random House, El Cuenco de Plata, Godot, Libros del Zorzal, Galerna, Interzona, Eterna Cadencia y Eduvim, entre muchas otras. También diarios, como LA NACION, La Voz del Interior, Clarín y La Gaceta de Tucumán, y portales de noticias. Pueden asociarse a Cadra escritores, traductores, publicaciones periódicas y editoriales.

Por presión de las entidades de bibliotecarios, las bibliotecas públicas y populares, archivos y museos quedaron eximidos del pago del canon que establece el decreto.

No obstante, las universidades y centros de enseñanza deberán pagarlo, excepto las universidades públicas “y/o instituciones representativas de colectivos económicamente desfavorecidos” que, ante el Ministerio de Cultura, soliciten la reducción o eximición si demuestran que el pago de la tarifa “pone en riesgo el acceso al material educativo y/o con fines de investigación por parte de la población usuaria, o le impidiera a la institución cumplir adecuadamente con la finalidad de preservación y/o resguardo y/o salvaguarda patrimonial de la reproducción”.

La presidenta de la Fundación Vía Libre y docente de Derecho de Autor en la carrera de Edición de la UBA, Beatriz Busaniche, es crítica de las “potestades recaudatorias monopólicas” de Cadra. “La caja que a ellos más les interesaba es la de las universidades porque se les cobra por cantidad de alumnos -dice Busaniche a LA NACION-. El decreto sostiene que se cobre por población una tarifa indefinida que supuestamente va a fijar el Ministerio de Cultura. La incertidumbre es total, porque no se sabe quién va a quedar en control de este decreto. Mientras tanto, Cadra lo va a hacer mandatorio y va a cobrar, ahora sí legitimado por el decreto”.

Para Busaniche, el decreto es lisa y llanamente “un horror”. “Nadie puede ignorar que las universidades públicas van a ser ajustadas por el nuevo gobierno, que anticipó que habría congelamiento presupuestario -dice-. Eso significa licuar el presupuesto universitario en cuestión de meses. Si calculamos que solo en la Universidad de Buenos Aires cursan 300.000 estudiantes, la cifra recaudatoria es multimillonaria. ¿Cómo no va a impactar este canon en la labor universitaria, con docentes que trabajan ad honórem y con salarios rezagados, con escaso presupuesto para la compra de materiales o acceso a revistas digitales?”.

La presidenta de Vía Libre celebra que se hayan excluido a las bibliotecas públicas en el decreto. “Deben haber negociado con el Gobierno, que les dio a cambio las universidades y los centros de enseñanza de todos los niveles”, conjetura. Abgra, de todos modos, repudió la firma del decreto.

Para el editor Luis Quevedo, presidente de Cadra, el decreto que permite que la entidad gestione, administre y proteja los derechos de autor en la Argentina “beneficia a escritores, traductores, ilustradores, fotógrafos y editoriales; al incluir a los fotógrafos, se consiguió una ampliación de derechos, dado que estos no tenían una sociedad de gestión colectiva que los protegiera”.

“También beneficia a los lectores, porque va a permitir que se facilite el acceso a textos, fotografías o ilustraciones de manera legal, sin atentar contra los derechos de propiedad de sus creadores -señala-. Todos sabemos que, al reproducir sin autorización una obra, se genera un daño al autor, al editor e incluso a todos aquellos que forman parte de la cadena del libro”. Para Quevedo, la defensa de la propiedad intelectual es estratégica en la economía actual. “En la era digital que vivimos, la economía del conocimiento es hoy el sector más dinámico, genera crecimiento y desarrollo -asegura-. Y la Argentina tiene muchas ventajas competitivas para hacerse fuerte en este sector”.

Hasta el sábado, cuando se publicó el decreto en el Boletín Oficial, Cadra era la única entidad que aún no contaba con una norma similar a la que tienen músicos (con Sadaic), los artistas e intérpretes (con Sagai) y directores cinematográficos (DAC). Cadra repartía la recaudación solamente entre sus socios, pero en lo sucesivo se distribuirá según las licencias de los beneficiarios, sean socios o no.

Respecto de la eximición de pago para bibliotecas públicas y populares, archivos y museos, remarca que existe incluso la posiblidad de eximir a las universidades, si estas lo requieren. “Bajo ningún punto de vista Cadra recaudó ni recaudará sumas millonarias injustificadas a universidades públicas, como sostienen algunas voces -sostiene Quevedo-. Jamás se persiguió el fin de lucro. Cadra nunca le cobró a una biblioteca popular: siempre el foco estuvo puesto en la protección del derecho de autor y en especial en el acceso a los contenidos. Las licencias otorgadas se adecuan a las necesidades y características de quienes las requieran”. La UBA tiene licencia con Cadra desde 2009, y en este momento paga por año $3,16 por alumno. “Es un pago simbólico, que permite el uso de los textos de forma legal”, estima.

El fotógrafo, fundador y director del Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino, Alfredo Srur, recuerda que la fotografía existe como actividad profesional en la Argentina desde 1843. “Es la primera vez en 180 años que sus titulares de derecho, los fotógrafos, van a poder gestionar sus obras artísticas en un marco legal -dice Srur a LA NACION-. Después de doce años de trabajo para conseguir su marco regulatorio, finalmente lo pudo conseguir en conjunto con el de la fotografía. Esta gran noticia para la cultura argentina no implica presupuestos estatales que tengan que ser derivados para su funcionamiento, sino que se regula en el mercado; los países reprimidos reniegan de los derechos de la cultura, prefieren que la cultura viva de la dádiva del Estado y no del fruto de sus derechos en el mercado”.

Srur destaca que Cadra recaudará también por los usos no autorizados ni consentidos de fotografías en la Argentina. “Esta gestión también se extiende a otros países vía acuerdo de reciprocidad con entidades de Europa, América y Asia -agrega-. Somos uno de los países más subdesarrollados en relación con el cuidado y acceso al patrimonio fotográfico; la causa, a mi entender, es que la base de la pirámide, que son las leyes de mercado, nunca existieron para nuestra práctica. Siempre se dependió de lo que determinada gestión política pueda y quiera apoyar; por primera vez tendremos un marco legal que no dependa del estado y que promueva un mercado más sustentable y justo”.

Según Srur, la Fundación Vía Libre, liderada por Busaniche, “es una asociación fantasma que se dedica a desinformar y mentir sistemáticamente, aprovechando su lugar de lobby y poder, para ser funcional a los intereses corporativos e ir en contra de la propiedad intelectual de sus autores”. “Me llama la atención que Fundación Vía Libre, en su página web, no tenga ni dirección postal ni listado de autoridades -acota-. He invitado a la señora Busaniche a debatir estos temas en una conferencia pública y se ha negado siempre. Le hago una nueva invitación para debatir y que el público saque sus propias conclusiones”.

Uno de los escritores, profesores e investigadores que, a diferencia de otros de sus colegas, se opuso a Cadra fue Daniel Link. “La universidad no debe pagar un centavo a Cadra, sino más bien exigir a esas instituciones malignas el pago de un canon promocional, porque sus docentes hacen de aparato de propaganda cada vez que recomiendan un libro a un público cautivo”, había escrito en su columna de Perfil en junio de 2013. Consultado sobre el decreto que firmó el presidente Fernández, dijo a este diario: “Me parece espantoso, por las razones de siempre”.

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