Blanqueo a la construcción: solo ingresó el 10% de lo esperado hasta ahora

Luego del almuerzo que compartieron hace dos semanas el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, del que trascendió un posible acuerdo para dar de baja la actual ley de alquileres, se reavivó el debate sobre la crisis habitacional que afecta a la Argentina desde hace décadas, pero que se profundizó en los últimos años. No solo por los efectos que tuvo la normativa que establece nuevas reglas –como tres años de contrato y ajuste anual por inflación y variación salarial–, en un contexto de elevadísima inflación, reduciendo la oferta de alquileres, sino por el bajo impacto de otras medidas paliativas para oxigenar el mercado inmobiliario, como la ley del blanqueo a la construcción, a la que hasta ahora adhirió solo un 10% del público objetivo.

Así se desprende de un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), elaborado en base a datos oficiales. “La información que manejamos es que el monto blanqueado hasta la fecha es del orden de los US$400 millones, una cifra importante pero relativamente pequeña para la industria”, afirmó Gustavo Weiss, presidente de la entidad, en diálogo con LA NACION.

Weiss aclaró que en ese cálculo solo toman en cuenta la construcción y no la compra de inmuebles usados, una posibilidad que se incluyó en enero, dentro de la Ley de Presupuesto 2023, con el objetivo de ampliar los usos de los fondos declarados.

Sin embargo, en lo que refiere a la construcción, el presidente de Camarco afirmó: “Una cifra que realmente mueva el mercado debería ser de varios millones, equivalentes a US$4000 o US$5000 millones, algo que no ha sucedido hasta ahora y que creemos no ocurrirá en los meses que quedan”, en una clara alusión al delicado contexto macroeconómico que golpea a todos los sectores productivos de la Argentina y al mercado inmobiliario en particular.

Por su parte, José Rozados, director de Reporte Inmobiliario, relacionó los trascendidos de la derogación o suspensión de la ley de alquileres –sobre la que no circularon mayores detalles– con los incentivos fiscales a la construcción, aunque también relativizó su impacto. “Serían medidas complementarias, porque al hacer caer una ley que no es beneficiosa, que no motiva a la inversión en construcción, sobre todo para volcar unidades al mercado de alquileres, eso generaría mayor confianza, alcanzando un mejor efecto”, dijo el referente del sector.

No obstante, aseguró: “La realidad es que, ante un marco general de desconfianza, incertidumbre, imprevisibilidad macro y en un año electoral como este, más particular que nunca, la crisis general en la economía y, en particular, en el sector inmobiliario, cualquier medida que se quiera tomar no generaría realmente una recuperación en el corto plazo”. Y completó: “No creo que medidas así, aisladas y puntuales, orientadas al sector, generen una mejora real, si no hay medidas de fondo que vayan en el sentido de generar un mayor clima de confianza general. Me refiero a un plan de estabilización”.

En términos reales, Rozados reconoció que en los últimos meses “la rentabilidad bruta aumentó al 4% anual para quienes deciden invertir en un alquiler tradicional, es decir, departamentos usados y no amoblados a tres años”. De todos modos, según el titular de Reporte Inmobiliario, sigue siendo baja (se necesitan 25 años de alquiler solo para recuperar la inversión inicial), lo que desincentiva la inversión con destino de alquiler. “En ese sentido es que el blanqueo a la construcción ha tenido muy escasa repercusión”, resumió.

Más medidas en CABA

La semana pasada, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó un programa para promover la construcción destinada a facilitar el acceso a los alquileres de los cerca de 500.000 inquilinos porteños. No sería una medida menor, teniendo en cuenta que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito con la mayor cantidad de inquilinos del país.

El paquete de medidas incluye beneficios impositivos, créditos para hacer frente a los gastos iniciales del primer contrato, bonificaciones por seguro de garantía y financiamiento para la refacción de las propiedades, entre otros incentivos.

No obstante, Fernando Bercovich, especialista en temas de vivienda, infraestructura y espacio público e integrante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), relativizó el impacto que podrían surtir las medidas. “La realidad es que el solo hecho de eximir de impuestos a la construcción, sin condicionarla de alguna forma para que esa construcción vaya efectivamente al alquiler, a precio asequible, es muy difícil que asegure que esos beneficios después no vayan a la construcción como reserva de valor o al alquiler temporario (turístico) mediante la plataforma Airbnb”, dijo.

“Una de las apuestas es ampliar la oferta mediante exenciones impositivas a la construcción, puntualmente, eximir del pago de la plusvalía [incremento en el valor del suelo que se da cuando la administración distrital define nuevos aprovechamientos del terreno, que ofrecen beneficios a la ciudad como mayor altura o cambios de uso]. Entonces, la Ciudad dice ‘le eximo de la plusvalía a determinadas zonas para que se construya ahí más oferta para alquiler’”, opinó el experto. Sin embargo, concluyó: “El problema no es la construcción, que hay y mucha, sino para quién se construye”.