Caso Etchevehere: para la Mesa de Enlace, el fallo "preservó la República"

Luego de que la jueza entrerriana en segunda instancia, María Carolina Castagno ordenara "la restitución inmediata" del campo Casa Nueva a Leonor Barbero, presidenta de Las Margaritas SA y madre del exministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, la dirigencia del campo celebró la medida judicial. En tanto, en un comunicado la Mesa de Enlace consideró que además de respetarse la propiedad se preservó la República.

Esta mañana, la magistrada ordenó el desalojo de Dolores Etchevehere del predio, donde está junto a militantes del Proyecto Artigas, para restituirlo a su madre y a sus tres hermanos.

"Se ha dado un paso correcto. Ojalá que sean sucesivas las determinaciones que se tomen protegiendo las instituciones, por el cual funciona la República", señaló Carlos Iannizzotto , presidente de Coninagro.

En este sentido, añadió que proteger el derecho a la propiedad privada es un manifiesto a la paz social. "Son gestos por los cuales se deben transitar rápidamente para consolidar la confianza en el país y en algo tan importante como es la Justica", dijo.

El viernes pasado, el juez subrogante Raúl Flores había rechazado el desalojo de la hermana del exministro de Agricultura y de los integrantes del Proyecto Artigas, que respalda Juan Grabois.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, señaló que el fallo pone las cosas en orden. "Resguarda el derecho esencial, fundamental a la propiedad privada en la Argentina garantizada por la Constitución Nacional y la correcta vigencia de las leyes. Queda demostrada la importancia y la necesidad de contar con una Justicia que funcione y preserve su independencia", indicó.

En esa línea, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) , Jorge Chemes, opinó que está de acuerdo "porque es un fallo de la Justicia".

"Siempre dijimos que hay que respetar lo que la Justicia decida. Lo más importante es que se ha podido y dejado que actúe. Se desarrolló plenamente en un marco de sensatez", afirmó.

En tanto, Carlos Achetoni, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), remarcó: "La usurpación y la violencia no son la manera de resolver problemas. La Justicia debe actuar y los particulares debemos ceñirnos a sus tiempos y decisiones".

Asimismo, consideró importante señalar que la vía de la toma de una propiedad no es la adecuada. "Seguimos insistiendo ante la proliferación de usurpaciones que el Estado debe acompañar a los productores, protegiéndolos con todas las herramientas legales", apuntó.

En este contexto, Achetoni dijo "que se deben dar discusiones serias para diseñar políticas públicas adecuadas para permitir el uso y tenencia de la tierra para todos los que la necesitan para trabajar y para acceder a una vivienda digna, todo esto de manera procedente, con sacrificio, esfuerzo y con condiciones a largo plazo".

En un comunicado, Las Margaritas SA agradeció a los productores agropecuarios de todo el país, a la comunidad en general y a la prensa independiente "por el valeroso apoyo en la defensa de la propiedad privada".

Lo que dijo la Mesa de Enlace

En un comunicado, la Mesa de Enlace se refirió de manera conjunta al fallo judicial. Dijo que "valora que en la fecha se haya preservado a la República, se haya respetado el derecho a la propiedad privada y se haya dado lugar al cuidado de principios fundamentales plasmados en nuestra Constitución Nacional, a través de la Justicia. Nuestro país necesita esta clase de gestos, que de manera contundente remarquen el férreo compromiso de los tres Poderes con los valores de la democracia y la República, y con todo lo planteado en nuestra Carta Magna, para poder construir entre todos los argentinos un futuro donde se recupere la confianza".

Luego agregó: "Muchos argentinos siguen sin poder acceder a la tierra, bregamos para que en el corto plazo se puedan generar programas o políticas públicas que permitan el acceso a este bien en los cuales esta otorgación de derechos venga acompañada por obligaciones. Es decir que se establezcan políticas y/o leyes que faciliten el acceso a la vivienda digna y a la tierra para producir para quienes la necesiten, pero de manera ordenada, legal, con sacrificio y esfuerzo".