El Gobierno pone en marcha un chip objetado por criadores de caballos

Con la firma del ministro de Economía Sergio Massa y a dos meses de que termine gestión, el Gobierno creó el Registro Nacional Individual de Équidos (Renie), a cargo del Senasa, y volvió a generar revuelo y polémica en el sector. Su objetivo es “normar y supervisar la inscripción, certificación, identificación, fiscalización e inspección para todo equino que se movilice sea un animal puro de raza o no”.

Eduardo Novillo Astrada, presidente de la Cámara de la Industria Nacional Equina (Camine) que está integrada por 17 asociaciones de deporte y cría de caballos, si bien rescata que la idea es buena y positiva y, como cámara apoyan dicha instrumentación, entiende que “la Argentina no está en el momento oportuno para que se pueda implementar tal cuestión”.

“Es más de lo mismo. De vuelta, inconsulto y sin consensos con las asociaciones de criadores de caballos publicaron una normativa que nos afecta. No nos avisaron nada. Pero además es impracticable. Creemos que a largo plazo puede ser positivo, que es el camino a seguir, pero en la actualidad no hay recursos económicos para hacerlo”, dijo a LA NACION.

Para Novillo Astrada, existen dos principales problemas para su aplicación, uno es el tema de los costos extra que estarán a cargo de cada criador y su situación financiera es difícil. “La otra es que se debe dotar a las policías camineras de equipos para que puedan acceder a leer el chip y controlar la propiedad de los animales, cuestión tampoco posible en un país desfinanciado”, consideró. “Vamos a pedir una reunión para que nos informen de esta normativa”, dijo.

En coincidencia con Novillo Astrada, Santiago Tapia, presidente de la Comisión de Sanidad de la Sociedad Rural Argentina (SRA), aseguró que ninguna asociación está en contra de la medida, pero que “hay que hacerlo bien, con la suficiente calma para llegar a un buen destino”.

“Debe haber consensos, lo tiene que armar toda la cadena de producción equina y no solo un eslabón pequeño de ella. A la industria [frigorífica] le importa tener el visto bueno de la Comunidad Europea que es quien le compra sus productos y le exige ese chipeo pero detrás hay muchas gremiales y asociaciones involucradas. No podemos salir a chipear a tontas y locas para todos lados. No tiene sentido. Llevará su tiempo. Todo está muy verde y tiene que ir madurando de a poco, con los pasos correctos”, consideró.

Otras fuentes del sector, que pidieron reserva de su identidad, plantearon que “el Senasa es un organismo sanitario y por ende, solo podría controlar animales a efectos sanitarios, por lo que su potestad no estaría incluida en los temas de propiedad de los caballos”.

Además, expresaron que “lo llamativo está que es la primera vez que el Senasa privatiza un sistema de garantía de trazabilidad, sin licitaciones ni concursos”: “Es muy raro el convenio de Única (Unión de la Industria Cárnica Argentina) con el Senasa que por ahora aparece como único proveedor del dispositivo”.

Todo comenzó en el año 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando se creó el Sistema Nacional de Información de Équidos con ese objeto. Pasó el tiempo y nuevas disposiciones iban apareciendo pero nada parecía avanzar en hechos concretos. Pero en julio del año pasado, la Única, en representación de cuatro frigoríficos de faena de carne equina del país, envió una carta al entonces ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y al Senasa, solicitando que se homologue el Sistema Realidad “para el registro de existencias, movimiento y trazabilidad total de los équidos del país” con un chip.

Enterado casi por casualidad de esta misiva, la Cámara de la Industria Nacional Equina (Camine) logró frenar ese pedido y, funcionarios de la cartera agrícola y del organismo sanitario prometieron reunirse con los criadores y armar una mesa de trabajo para discutir el tema. En este momento, las entidades del sector equino planteaban que, de los cuatro millones de caballos que existen en el territorio nacional, solo se faenan unos 100.000 equinos y que el resto no es parte de la actividad frigorífica.

A su vez, el 2 de noviembre del 2022, el Gobierno determinó que la caravana electrónica por radiofrecuencia (RFID) tenía fecha de vencimiento y que solo podría utilizarse hasta el 1° marzo de este año para aquellos animales que tenían remisión a faena, es decir que todo equino que vaya “a los tachos” (a frigorífico) debía estar identificado a partir de ese momento de manera individual mediante un transpondedor inyectable, un microchip.

Hasta ese momento, era solo para animales de faena. Sin embargo, en esta nueva normativa publicada hoy en el Boletín Oficial, se obliga a que “todo équido que se movilice independientemente si es un animal puro de raza o no”, debe llevar ese dispositivo.

Raúl Etchebehere, expresidente de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos (ACCC), señaló que los equinos de pedigree ya tienen su documentación para transitar por las rutas y que esta nueva reglamentación sería “ridícula”.

“Es una buena medida pero mal instrumentada. Es como si uno tiene un auto, con patente y cédula azul y me obligan a poner un rastreador como Lo Jack. Los criadores de caballos puros tenemos identificados a cada uno ni bien nacen y ahora me dicen que además tengo que chipearlo. Sumado a que en las rutas argentinas no existe ningún lector de chip disponible, no hay instrumental. Imposible aplicarlo. No encuentro sentido a la norma y te invita a pensar mal”, aseguró.

Ante la consulta de LA NACION, en el Senasa expresaron: “la resolución dispone la creación del Renie en el ámbito del Senasa que trabajará en su implementación en el marco de la Comisión Nacional de Sanidad y Bienestar Animal de los Équidos, donde participan cámaras, asociaciones, federaciones u otras instancias de agrupación de productores, profesionales de las ciencias veterinarias, agropecuarias y biológicas, industria y comercio, y colegios veterinarios”.

Además, añadieron que “con respecto al registro que salió por resolución, se pasa al Senasa [antes lo llevaba el Ministerio de Agricultura], pero no hay intervención de empresa privada”.