Las guías telefónicas cuestan $100 millones al año y casi no se usan

Si bien el Gobierno aboga por la modernización del sector de las telecomunicaciones, persisten allí, como en otros rubros, algunas normas de antaño que suponen obligaciones que quedaron desactualizadas. Por el decreto 62 de 1990, que llamó a concurso público para privatizar Entel, las licenciatarias, es decir Telefónica y Telecom, están obligadas a suministrar anualmente en forma gratuita la guía telefónica, un gasto anticuado del que se quejan y que les cuesta al menos $100 millones cada año.

Telefónica fue la primera en plantear sus quejas y es que, a fines del año pasado, el Consejo de Ministros de España aprobó un real decreto que eliminó la obligatoriedad tanto de las guías telefónicas como del servicio de consulta telefónica sobre números de abonado. Es decir que en la casa matriz ya no están obligados a imprimirlas y también quieren dejar de incurrir en ese gasto en la Argentina.

Fuentes de Telecom también creen que la obligatoriedad de impresión de las guías sería parte del "reglamento en desuso de la región que requiere una revisión profunda".

"La gente no las recibe porque tienen miedo por la inseguridad y no está claro si actualmente existe esa capacidad de impresión en el país. Hoy todo está online. Es una obligación que quedó vieja y que data de cuando la telefonía fija era el único servicio, mientras que ahora está en una curva descendente", señalaron en diálogo con LA NACION.

En diciembre de 2018 también sucumbió la guía holandesa tras 140 años de historia. La editorial DTG, encargada de las Páginas Amarillas, había digitalizado las guías en 1996 y habló con el Ministerio de Economía holandés para no prolongar su publicación en papel. Según las últimas cifras de DTG, citadas en una nota del diario El País de España, sólo un 2% de la población las encontraba indispensables.

Internet precipitó las cosas, pero a partir de 2008 DTG también recibió miles de peticiones para que dejara de imprimir las guías por motivos medioambientales. En 2012, el Congreso se mostró proclive a suprimirlas porque los volúmenes terminaban en la basura. Entonces se pensó en distribuirlas solo a suscriptores, de forma gratuita, pero la idea no prosperó.