Jubilaciones: cuántas son con moratoria y cómo es la pirámide de ingresos

Del total de jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el régimen más amplio de los que rigen en el país, el 65% requirió de una moratoria, porque quienes son ahora sus titulares no tenían aportes, o sí tenían, pero no en la cantidad exigida por la ley para acceder al beneficio. Y de ese universo de pagos, para las cuales se accedió a un plan de cancelación de deudas, el 87% son del valor del haber mínimo.

Si se mira el dato general de prestaciones, incluyendo jubilaciones y pensiones contributivas, de las casi 6,57 millones puestas al pago en marzo último, casi el 63% es equivalente a un haber básico (o menos en algunos casos de pensiones), mientras que un 76% no superó los $30.000, y un 83,5% fue de hasta $40.000. Entre las pensiones, que son el 23,5% de los beneficios, la incidencia de las moratorias es más baja (13%) y es menor la participación del haber mínimo en el total de ingresos (es de 57,8% en las pensiones y de 64% de las jubilaciones).

A esos datos del mapa previsional, que surgen del boletín estadístico trimestral de la Secretaría de Seguridad Social con información a marzo de este año, se suma uno derivado en buena medida de la cuarentena y de la gestión de la Anses en estos tiempos: el número de beneficios se redujo respecto de los meses previos. En 2020 hubo, en promedio, casi 6,68 millones de prestaciones puestas al pago cada mes. En 2019, algo más de 6,73 millones.

En cuanto al número de beneficiarios (que son menos que los beneficios, ya que hay quienes cobran dos prestaciones), a marzo el número fue de alrededor de 5,47 millones, mientras que en 2020 fueron 5,57 millones (promedio mensual) y en 2019, 5,62 millones. Con respecto a la cifra de hace dos años, el número tuvo una caída de 2,6%, con alrededor de 149.000 beneficiarios menos.

Una de las razones para esa disminución está en la caída del número de jubilaciones dadas de alta. En el primer trimestre de este año fueron 32.959, según el boletín mencionado, mientras que para ese período de 2020 se informaron 40.252 casos. En 2020 se había dado ya una baja significativa respecto de años previos: los nuevos jubilados durante ese año fueron cerca de 115.000, menos de la mitad del promedio de los tres años previos, que resultó de 237.000 casos.

En el lapso de 2017 a 2020 hubo una tasa similar de participación de los nuevos beneficios con moratoria sobre el total de las altas. Ese índice fue de 58%, de 54%, de 62% y de 55% en cada uno de esos años. Con las moratorias que siguen vigentes se va recortando, a medida que pasa el tiempo, la cantidad de aportes que se pueden declaran como impagos para ingresar a un plan subsidiado de cancelación de deudas. El sistema determina una fecha de corte respecto de qué períodos pueden declararse, lo que provoca que las posibilidades se vayan acotando según la edad de las personas.

Entre 2014 y 2016 hubo una cantidad de nuevos jubilados significativamente más alta que en los años posteriores, pero eso respondió a que en el primero de los tres años de ese período hubo una readecuación de normativas referidas a la moratoria, que permitió un mayor acceso.

Hay al menos dos realidades sobre la que advierte la alta dependencia de las moratorias. Una es que el sistema necesita revisar sus condiciones de acceso. La otra es que, obviamente, se requieren soluciones para un mercado laboral que tiene a la mitad de los trabajadores actuales sin aportes jubilatorios. Esa proporción surge cuando se observa el universo total de asalariados y cuentapropistas en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec correspondientes al trimestre previo al impacto de la llegada del Covid-19. La pandemia y la cuarentena alteraron los indicadores estadísticos, dada la fuerte brecha en el comportamiento del empleo informal y formal.

Actualmente, es la participación de las prestaciones con moratoria (reflejo de los problemas del mercado laboral) lo que determina el peso que tiene en el mapa previsional el haber básico. Mientras que entre los jubilados con plan de pagos el 87% cobra la mínima, entre los que accedieron sin moratoria el índice ronda el 22%.

Hacia adelante y dependiendo de lo que ocurra con esos planes (en 2016 se buscó, con la aprobación de una ley, que vayan siendo reemplazados por la PUAM, a la que se accede sin aportes y que equivale al 80% del haber mínimo), un hecho que comenzaría a incidir en la participación del haber mínimo en el universo de pagos es que el crecimiento de las ocupaciones formales ocurre en el segmento de monotributistas -para quienes la promesa de pago es la del haber mínimo-, y no en el de asalariados. Entre diciembre de 2012 y ese mes de 2020, por ejemplo y según datos del SIPA, el número de los primeros creció 20,5%, mientras que el de los segundos cayó 4,5%.

Para los asalariados, el haber inicial se compone de dos partes: por un lado, se calcula el 1,5% del salario promedio de los últimos 120 meses con aportes, y se multiplica el resultado por la cantidad de años contribuidos. Y se suma una prestación de monto fijo, igual para todos. Por ejemplo, si el salario promedio de una década (tras actualizar los valores) es de $80.000 y se aportó durante 35 años, la jubilación será de $51.410.

El haber mínimo es actualmente de $20.571,44, un monto al que en abril y en el actual mes de mayo se le agrega un bono de $1500, con el que el Gobierno busca compensar, para un grupo de pasivos el hecho de que la nueva fórmula de movilidad dio, para marzo pasado, un reajuste de 8,07%, un índice inferior a la inflación del primer trimestre, que resultó de 13% según el Indec. El adicional, que ya no se cobrará luego de este mes, es percibido por quienes cobran (por una o por más prestaciones) hasta una suma equivalente a una vez y media el haber mínimo, en tanto que otro grupo, con ingresos mensuales de entre $30.857 y $32.357, recibe un bono menor a los $1500.

En junio se aplicará una recomposición de 12,12%, según anunció la Anses, con lo cual el ingreso mínimo llegará a $23.064,70. El porcentaje surge de la fórmula aprobada por ley a fines del año pasado, que combina la evolución de la recaudación de recursos tributarios que van a la Anses y la variación de los salarios. Para el reajuste del sexto mes del año se tomaron en cuenta los datos del primer trimestre; en el caso de los impuestos, la comparación se hizo con el mismo período de 2020, en tanto que los sueldos se compararon de manera trimestral (primer período de este años versus el último de 2020.