La Argentina se jugará US$ 3000 millones en seis minutos

La Argentina tendrá sólo seis minutos para defenderse en la audiencia convocada para el jueves 15 en la Cámara de Apelaciones de Nueva York por el juicio iniciado por dos sociedades que pertenecían al Grupo Petersen contra el Estado argentino e YPF. En ese poco tiempo, los abogados del Estudio Skadden, los nuevos defensores de la Argentina en la causa, esperan convencer a la jueza Loretta Preska de que, con el cambio de gobierno, la situación jurídica en el país es otra y que hay nuevamente condiciones para poder litigar este caso en cortes argentinas.

Las cartas a su favor son los acuerdos con los holdouts y las nuevas relaciones internacionales iniciadas por la administración actual. Después de todo, el juez Thomas Griesa, quien tuvo en sus manos las demandas de los holdouts, fue el primero en tener en su poder la causa de Petersen y quien se la derivó a Preska.

Se trata de un giro en la estrategia del Gobierno en el juicio más grande que ahora enfrenta el país, luego de haber logrado cerrar el 98% de las causas que se habían iniciado por el default. Son entre US$ 3000 millones y US$ 4000 millones que están en juego, lo que equivale a la mitad de lo que la administración de Mauricio Macri logró recaudar con el histórico blanqueo de capitales.

La demanda, confiaron fuentes a la nacion, generó una serie de reproches internos en el gabinete económico. En el ojo de la tormenta habría quedado el subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios del Ministerio de Finanzas, Eugenio Bruno, quien tenía la responsabilidad de monitorear el juicio hasta el viernes pasado.

Quien tomó la posta es el nuevo procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. El abogado del Estado espera poder repatriar el reclamo que, tras la quiebra de las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Inversora -que el grupo empresario argentino usó para entrar como accionista en la petrolera estatal-, terminó en manos del fondo norteamericano Burford Capital. A fines de 2016, el país ya tuvo una sentencia adversa en primera instancia. En ese momento, explicaron a la nacion fuentes del Gobierno, se discutieron las "excepciones previas", esto es, si el juicio se debe llevar adelante en EE.UU. o en la Argentina.

El fondo Burford reclama que, cuando el Estado argentino estatizó el 51% de las acciones de YPF que estaban en poder de Repsol, debería haber también pagado por las acciones de Petersen, que quedaron fuera del arreglo. Burford compró en 2015 el derecho al juicio por 15 millones de euros en el proceso de quiebra de las sociedades de la familia Eskenazi, iniciado en España. El administrador concursal español recibirá el 30% de lo que se recupere en la Corte de Nueva York, dinero que luego se usaría para saldar las deudas pendientes con los acreedores de Petersen, Repsol y los bancos. Otro fondo, Eton Park, en su momento accionista de YPF, inició una demanda similar.

La defensa argentina cree que podrá contar el tiempo para probar que el ingreso de Petersen en la petrolera estatal fue cuanto menos irregular. Gana fuerza la hipótesis tras conocerse el caso del financista Aldo Ducler, que falleció la semana pasada, días después de presentar una denuncia anónima en la Unidad de Información Financiera (UIF), en la que se comprometía a ofrecer documentos que podían hacer caer el juicio.

Pero, además, hay en la justicia argentina desde hace tiempo dos demandas contra el Grupo Petersen, bajo la misma línea argumental. Una es de Elisa Carrió, que instruye el juez federal Ariel Lijo, y la otra es del ex diputado Mario Cafiero. Si bien Ducler había ofrecido colaborar con la UIF a cambio de un resarcimiento, Lijo podría citar a su hijo para que declare y aporte las pruebas a la Justicia.