La Justicia intervino el consorcio de empresas abocado al soterramiento del Sarmiento por coimas

Por sospechas crecientes de pago de sobornos trasnacionales, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi decretó la intervención del consorcio de empresas abocado al soterramiento del tren Sarmiento y designó a un veedor para que analice y controle los números del proyecto.

Martínez de Giorgi consideró que existen indicios suficientes de coimas pagadas a exfuncionarios argentinos por la unión transitoria de empresas (UTE) que durante años integraron las firmas Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa, y nombró al abogado Roberto Muguillo como flamante veedor.

Muguillo deberá fiscalizar el desempeño del consorcio, como así también informarle al juez sobre las estructuras societarias utilizadas, y lo que pueda detectar de valía sobre la posible ruta de los sobornos tras revisar sus libros contables.

El juez Martínez de Giorgi admitió, así, uno de los dos pedidos del fiscal federal Franco Picardi, quien había solicitado la intervención judicial del consorcio, como así también dictar medidas cautelares sobre una larga lista de funcionarios, empresarios, ejecutivos y empresas sospechadas de haber participado en la trama delictiva.

Picardi consideró que la Justicia debía avanzar sobre esas personas y empresas y dictar embargos globales por, al menos, $1000 millones para preservar el patrimonio suficiente que permitiera recuperar los "fondos de la corrupción" de llegarse, en algún momento, a una condena judicial.

Así, el fiscal había solicitado que se embargara a Ángelo Calcaterra, ex dueño de Iecsa, por $167 millones y por otros $34 millones a la empresa que la absorbió, Sacde SA, en tanto que pidió embargar a Comsa por $67 millones, y a Odebrecht y Ghella por $201 millones, cada una.

La petición de Picardi chocó, sin embargo, con la negativa del juez. Martínez de Giorgi consideró que, dados los avances de la investigación, no existiría "peligro en la demora". Es decir, que resulta innecesario adoptar esas medidas en estos momentos, cuando se está por definir la situación procesal de cada uno de los investigados, instancia en el la definirá si dicta embargos sobre cada uno de ellos y su eventual monto.

Por el contrario, el magistrado admitió el pedido de Picardi sobre la necesidad de designar a un veedor en la UTE que ejecuta las obras para soterrar el tren Sarmiento, con especial énfasis en los movimientos de dinero entre las empresas que integran o integraron el consorcio, sociedades vinculadas y transferencias al exterior.

Así, remarcó Martínez de Giorgi, "de los múltiples aspectos a considerar [por el veedor] habrá de indagar respecto a la existencia de registros que den cuenta de los presuntos subcontratos y/o giros de divisas con la empresa ‘DSC’ o ‘DSC Workshop", sospechada de canalizar parte de los sobornos millonarios a través de la Banca Privada de Andorra (BPA).

En la misma línea, el juez ordenó al veedor Muguillo que analice cómo fue, en la práctica, el vínculo entre el consorcio y DSC, que servicios proveyó esta firma, sospechada de canalizar las coimas, como así también cualquier otro dato de posible interés que pueda obtener sobre esa relación.