Un juez federal de Comodoro Py busca quedarse con la causa que investiga la presunta persecución a Juan Pablo “Pata” Medina

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le pidió a su colega de La Plata Ernesto Kreplak que le envíe -y deje de investigar- la causa en la que están procesados exfuncionarios macristas por la supuesta persecución al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, exjefe sindical de la seccional platense de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra).

Se trata de la causa por la reunión en el Banco Provincia en la que el exministro de Trabajo de la gestión de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, dijo que le gustaría tener “una Gestapo” para terminar con los gremios. Villegas está hoy procesado.

Martínez de Giorgi reclamó la causa haciendo lugar a un pedido del exdirector de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia Juan Sebastián de Stefano.

Kreplak, que el mes pasado procesó a exfuncionarios de Cambiemos, entiende en cambio que el competente para intervenir en el caso es él.

Los procesados por Kreplak el 28 de abril pasado fueron Villegas, el intendente de La Plata, Julio Garro; el senador Juan Pablo Allan, el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi y los exfuncionarios de la AFI Darío Biorci y De Stéfano.

Para el juez Martínez de Giorgi, ese expediente debe acumularse a otro anterior que se inició en Lomas de Zamora pero luego pasó a su juzgado en Comodoro Py donde se investigan maniobras de supuesto espionaje ilegal de las que Medina, entre otros, fue víctima y en la que De Stéfano también aparece como imputado.

”Se hará lugar a lo solicitado por el incidentista y se dispondrá la acumulación de los legajos, para que tramiten ante esta sede”, sostuvo Martínez de Giorgi en un fallo en el que resaltó que “Sebastián De Stéfano y Diego Luis Dalmau Pereyra (exdirector de Contrainteligencia de la AFI) se encuentran imputados y que Juan Pablo Medina aparece como víctima en ambos”.

”La lectura de las actuaciones revela que en el expediente 18.933/2021 se investigan conductas que habrían tenido lugar en el año 2017, por parte de tres agentes de la AFI, entre otros sujetos, dirigida a judicializar la situación de conflicto existente en torno a Juan Pablo Medina, allegados y a la UOCRA Seccional La Plata”, repasó el juez. El magistrado sostuvo que “como hipótesis delictiva, se incluyó el desarrollo de tareas de inteligencia ilegal, llevadas a cabo por integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia sobre él y parte de su entorno” y agregó: “Pero además de ello, se observa que muchas diligencias probatorias tuvieron lugar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en oficinas de la Agencia Federal de Inteligencia, Casa Rosada y sede del Banco Provincia ubicada en CABA)”.

”A ello se suma que se determinó que la reunión del 15/6/17, que motivara la denuncia que dio origen a la causa 18933/21, se llevó a cabo en esta urbe (sede del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sita en calle San Martín n° 137 de CABA)”, continuó.

La reunión del 15 de junio de 2017 fue aquella en la que el procesado exministro de Trabajo Villegas hizo referencia a su deseo de contar con una “Gestapo” para avanzar contra los sindicalistas. ”Creeme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo (la policía política del nazismo), una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, se lo escucha decir a Villegas en el video de la reunión que dio origen a la investigación que todavía se tramita en La Plata.

El expediente que ahora reclama un juez de Comodoro Py se inició a partir del hallazgo, entre los archivos digitales de la AFI, de la grabación de una reunión concretada en el Bapro en la que se apuntó contra el Pata Medina.

Después de haber estado tres años y cuatro meses en prisión, Medina espera con detención domiciliaria el juicio oral por extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero. Es por la causa que se le activó durante la gestión de Cambiemos y que está hoy en el foco del conflicto por la revelación de un video en el que funcionarios provinciales, empresarios y espías avanzan con un presunto acuerdo para detenerlo.

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