El Gobierno presentó una denuncia penal contra exfuncionarios de Vidal que favorece al Pata Medina

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) denunció este lunes al intendente de La Plata, Julio Garro, y a exmiembros del gabinete provincial de María Eugenia Vidal, a quienes acusó de haber “impulsado” una causa judicial contra Juan Pablo “Pata” Medina, el exlíder de la seccional platense de la Unión de Obreros de la Construcción (Uocra), procesado por asociación ilícita, extorsión reiterada y coacción agravada. Así lo informaron fuentes del Gobierno a LA NACION.

La denuncia beneficia la estrategia defensiva del sindicalista, que siempre insistió que su causa judicial fue “orquestada” por el gobierno de Mauricio Macri.

La presentación que el Gobierno lleva la firma de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. En el texto, al que tuvo acceso LA NACION, se explica que se realiza “en virtud de haber tomado conocimiento de la presunta comisión de un grave delito de acción pública” y que se basa en un video que probaría que funcionarios de Vidal fomentaron una causa contra Medina, video que -según Caamaño- se encontró en la AFI, en un disco rígido, “en el marco de tareas de organización y mantenimiento de insumos informáticos en uso”.

La AFI decidió realizar la presentación en la justicia federal de La Plata porque es allí, según la denuncia, donde habrían tenido lugar los hechos. En esa jurisdicción, había solo dos jueces a los que podía tocarle: Alejo Ramos Padilla, que ya intervino en otra denuncia hecha por la gestión actual de la AFI, en la que procesó por espionaje a la cúpula de la inteligencia macrista, y Ernesto Kreplak, que durante el kirchnerismo fue funcionario del Ministerio de Justicia. Le tocó a Kreplak.

Medina, protagonista de diversos escándalos, enfrentó varias causas judiciales y estuvo detenido entre septiembre de 2017 y febrero de este año. En la actualidad, de su frondoso frente judicial solo queda una causa en pie, en la que está procesado, embargado en 200 millones de pesos y a la espera del juicio oral y público.

A comienzos de este año, Medina presentó una denuncia en Comodoro Py por los supuestos delitos de “privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. En esa presentación acusó a “funcionarios provinciales y nacionales, entre ellos agentes de la AFl” del “presunto desarrollo de maniobras tendientes a influir en las decisiones judiciales” para que se ordenara su prisión preventiva en las causas que se tramitaban en las jurisdicciones de Quilmes y La Plata.

Según la denuncia, la reunión que quedó registrada en los videos fue el junio de 2017 y en las imágenes se ve a Garro, al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas (que es quien habría tenido el rol más activo en el encuentro) y al extitular de Infraestructura Roberto Gigante, con representantes de distintas asociaciones y cámaras vinculadas a la construcción en La Plata.

“En dicho material audiovisual podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la Ciudad de La Plata”, dice el escrito.

La presentación judicial tiene una particularidad: no menciona en ningún momento el nombre de Medina, a pesar de que es sobre él. “No es un personaje que nos guste, pero lo que pasó es grave”, alegan en el Gobierno sobre la denuncia con la que favorecen la estrategia del gremialista.

En el texto de la denuncia se cita, como ejemplo de lo que se dialogó en el encuentro, a Villegas, que dirigiéndose a sus interlocutores habría dicho: “El esquema es el siguiente, nosotros necesitamos pre constituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial, esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista más que laboral de amenaza (...) se impulsa con testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando”.

De acuerdo con la denuncia, Villegas les pidió a sus interlocutores que sus “instituciones” hicieran “presentaciones” para poder darle “volumen” a una “instancia judicial” y les dijo que a partir de eso intervendría “la fiscal, con todo el soporte de la Procuración general”.

Siempre según la denuncia, Villegas dice: “Hemos chequeado con la Procuración, con la fiscalía, con el juez, que eso va a funcionar”. Y afirma que el gobierno había tomado la decisión de “comenzar a resolver de forma definitiva la problemática en materia de relaciones con la Uocra seccional La Plata.”

En un tramo del video que la AFI acompaña como prueba de su denuncia, se escucha a Villegas que dice: “A esto lo voy a desmentir. Pero si tuviera la Gestapo para ir contra el curro de los gremios, lo haría. Pero las leyes son las leyes”. Esta declaración, no obstante, no fue citada por Caamaño en su denuncia.

La respuesta de los apuntados

LA NACION intentó comunicarse con Villegas para conocer su versión, pero no obtuvo respuesta.

En el entorno de Garro afirmaron que el intendente está “a disposición de la Justicia” y que espera “que la Justicia evalúe y se establezca lo que sucedió”. Fuentes cercanas a él dijeron a LA NACION que la reunión fue “como tantas otras” en las que “se escuchó a los sectores que sufrían desde hacía años los embates y aprietes de Medina, que siempre contó con la connivencia política y judicial”. Lo mismo afirmaron otros concurrentes al encuentro. Uno de ellos aseguró incluso que Garro “vio llorar” en su despacho a hombres de distintas cámaras y agrupaciones vinculadas a la construcción por los “aprietes” de Medina.

“Eran permanentes los reclamos de las personas que trabajaban en la órbita de la construcción y que no podían hacerlo si no cedían ante los aprietes de Medina. Lo que se buscaba siempre era desde todos los sectores, tanto Ejecutivo como Legislativo, hacerles saber a esas personas que la política no les iba a soltar la mano, como había pasado hasta ahí cada vez que trataban de ir a la Justicia con los problemas que tenían con el Pata y la Uocra, y no tenían respuestas”, dijo una de las personas al tanto del encuentro.

La situación de Medina

Medina fue detenido en septiembre de 2017 acusado de asociación ilícita, extorsión reiterada y coacción agravada. Por esos días, de hecho, trascendió un video con amenazas al juez del caso, Luis Armella. En esta causa está procesado y embargado, a la espera del juicio oral y público.

El sindicalista estuvo preso hasta febrero de este año y en el último tiempo su situación judicial mejoró considerablemente. De las cuatro causas que llegó a tener, solo queda en pie esa, que fue instruida por Armella, fue elevada a juicio oral y está en manos del Tribunal Oral Federal 2 de La Plata.

A mediados de año, Medina también sumó problemas con la Justicia cuando violó las condiciones que se le impusieron al ser excarcelado. Entre ellas estaba el impedimento de participar de actividades gremiales en la Uocra y la prohibición de acercarse a las víctimas de los hechos de los cuales está acusado. A pesar de esa disposición, Medina y su hijo encabezaron en junio pasado un encuentro en el que convocaron a trabajadores y desocupados, con la intención de anunciar la “unidad” sindical entre ambos sectores.