Caso Marita Verón: ofrecen 5 millones de pesos por datos sobre la desaparición de la joven en 2002

El Ministerio de Seguridad de la Nación aumentó a 5 millones de pesos la recompensa para las personas que aporten datos relevantes para lograr dar con el paradero de Marita Verón, la joven que fue secuestrada en Tucumán en abril de 2002 por parte de una red de trata de personas entre esa provincia y La Rioja.

Esto se da una semana después que su madre, Susana Trimarco, y los abogados de la Fundación María de los Ángeles, que buscan a Marita hace ya 21 años, informaran que la Justicia Federal investiga la existencia de una carpeta con fotos del cuerpo sin vida de la joven.

“La suma de cinco millones de pesos ($5.000.000) está destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Verón, de nacionalidad argentina, titular del DNI 26.961.699″, detalla la Resolución del ministerio.

La recompensa también incluye a aquellas personas que aporten información que permita “lograr la detención de quienes hubiesen tomado parte en la ejecución de los delitos vinculados a su desaparición y/o sus encubridores”, según se precisó en el artículo.

Quienes cuenten con información podrán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas dependiente de la cartera de seguridad, llamando a la línea gratuita 134 que garantiza la preservación de la identidad del aportante.

Trimarco, acompañada por sus abogados José D’Antona y Carlos Garmendia, afirmaron que no tienen en sus manos la carpeta, pero su existencia está comprobada por diferentes testimonios aportados en la causa bajo juramento. Además, aseguraron que esta nueva pista implicará imputaciones a personas “muy poderosas y públicas” que causaran sorpresa.

Las fotos del cuerpo sin vida de Marita habrían sido tomadas en la Clínica Luz Médica, del sindicato de Luz y Fuerza, y que eran utilizadas por las diferentes facciones gremiales para extorsionar a su entonces director, el dirigente sindical Julio Luna. El hombre, ya fallecido, sabía que el cuerpo de la joven estuvo en la morgue de ese centro de salud.

Desde las redes sociales, Trimarco informó sobre la nueva recompensa para quien brinde datos de su hija ya que como dijo la semana pasada, no descansará “hasta dar con los huesos” de Marita.

El caso Marita Verón

Marita, quien era madre de una niña de 3 años, fue vista por última vez cuando dejó su casa en la ciudad de San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002, para ir a una consulta médica. Un testigo reveló más tarde que fue secuestrada y subida a un auto.

Desde ese día, su madre, Susana Trimarco, comenzó a luchar por saber qué ocurrió con ella y gracias a su impulso se reveló una red de trata entre las provincias de Tucumán y La Rioja.

Con el transcurso de los años, la investigación impulsada por Trimarco y su familia, así como por la Policía y los fiscales que intervinieron en la causa, concluyó que Marita sufrió un secuestro con fines de trata de personas para la prostitución realizado por un grupo delictivo de Tucumán.

En 2012, comenzó el juicio del denominado “Caso Marita”, con 13 imputados por el secuestro de la joven: los hermanos María Jesús y Víctor Rivero -vinculados al clan Ale -; la dueña de prostíbulos riojanos Irma Lidia Medina; los hermanos José Fernando y Gonzalo José Gómez; Daniela Natalia Milhein, Andrés González, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada, María Azucena Márquez; Humberto Derobertis, Mariana Bustos y Cynthia Gaitán.

El juicio oral culminó en diciembre de ese año con la absolución de todos los imputados. A finales de 2013, la Corte Suprema provincial revocó en forma parcial ese fallo y ordenó que una nueva sala fije una pena a 10 de los 13 acusados, ya que confirmó la inocencia de los hermanos Rivero y Medina había fallecido.

Así, la Justicia consideró coautores del delito de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución de la joven a los hermanos Gómez, que fueron condenados a 22 años de prisión, y a Milhein y González, que recibieron una pena de 18 años. También se condenó como partícipes necesarios a Luna y a Andrada (17 años), a Márquez (15 años), a Derobertis (12 años), y a Bustos y Gaitán (10 años).

La sentencia no quedó firme, por lo que a finales de abril de 2017, la sala II de la Cámara Penal ordenó la detención de los condenados, quienes recién entonces comenzaron a cumplir su pena.

Meses después, los hermanos Rubén “La Chancha” y Ángel “Mono” Ale, dos hombres de los que Susana siempre sospechó pero que no quedaron implicados en su juicio, fueron detenidos por lavado de activos a partir de denuncias realizadas. Sus penas fueron ratificadas en 2021, pero gozaron de libertad condicional. “La Chancha” murió en junio pasado y Trimarco lamentó que haya muerto fuera de la cárcel.

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