Tras el motín. “El gobierno nacional decidió cerrar las cárceles para los delincuentes”, dijo Rodríguez Larreta

Pocas horas después de que un grupo de presos rompiera los candados de los calabozos de una comisaría de la Policía de la Ciudad y protagonizara un intento de motín, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acusó al gobierno nacional de cerrar las cárceles para los delincuentes detenidos por la fuerza de seguridad local.

“Hoy nos encontramos con un límite. El Gobierno nacional decidió cerrar las cárceles para los delincuentes que detenemos en la Ciudad. Esto no solo va por fuera del sistema legal vigente, sino que pone en riesgo a los detenidos y a los agentes encargados de custodiarlos”, sostuvo Rodríguez Larreta al recorrer la Comisaría Comunal 10, en Villa Luro, una nueva dependencia de la Policía de la Ciudad.

Este episodio adicional del enfrentamiento entre los gobiernos nacional y porteño quedó expuesto después de que la Policía de la Ciudad frustrara el intento de motín en la Comisaría Vecinal 3, situada en Lavalle al 2600, en Balvanera. En una serie de publicaciones en Twitter, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, sostuvo: “Desde el inicio de la pandemia y por una medida arbitraria, el gobierno nacional decidió dejar de recibir los detenidos de la Ciudad, generando una superpoblación en todas las alcaidías, comisarías y manteniéndolos fuera del sistema legal vigente. En el inicio de la pandemia [de Covid-19], la Ciudad tenía 61 detenidos en las alcaidías y ninguno en las comisarías. Hoy hay 816 como consecuencia de la negativa de la Nación a recibirlos. Esto significa un crecimiento de más del 1200 por ciento”.

Calificadas fuentes del gobierno porteño afirmaron a LA NACION que hay más de 1500 policías que en lugar de realizar tareas de prevención del delito en las calles cumplen funciones para cuidar a los detenidos que no son aceptados por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende del Ministerio de Justicia nacional.

Fuentes del SPF, organismo cuya interventora es María Laura Garrigós de Rébori, afirmaron a LA NACION: “No es cierto que el SPF no reciba detenidos de la Policía de la Ciudad. Desde mayo de 2020 a la fecha para a recibido más de 5700 detenidos que selecciona el personal porteño. A su turno, el gobierno de la Ciudad, según un acuerdo que firmó con el ministro German Garavano [funcionario a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación de la presidencia de Mauricio Macri] debía entregar una alcaidía y móviles, lo que no hizo. También, según otro acuerdo con la anterior gestión, debían entregar en diciembre de 2021 una unidad penitenciaria en Marcos Paz de 2200 plazas, lo que no hicieron pese a que el Estado Nacional adelantó la mayor parte del dinero de esa obra”.

Las fuentes consultadas agregaron: “El flujo de ingreso de detenidos de la Ciudad nunca se ha interrumpido y supera en mucho al de otras fuerzas y otras provincias. Entre tanto, la Ciudad no ha organizado su servicio penitenciario, usa el SPF y a diferencia de otros gobiernos no abona nada por ello”,

Los incidentes que ocurrieron en la madrugada de ayer motivaron, entre otras cosas, que en las últimas horas un grupo de diputados de Juntos por el Cambio le pidiera al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, citar al Congreso a Garrigós de Rébori.

“La superpoblación (de detenidos en comisarías) genera la clase de incidentes, aquí relatados, causando malestar y un real peligro tanto para la policía que tiene a su cargo las guardias como así también para los mismos presos. Pero parece que los lugares liberados por estos detenidos tampoco son suficientes para recibir a otros, si es que provienen de un distrito liderado por un partido político opositor, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires”, agregó el grupo de diputados que presentó el escrito..

Entre los legisladores que firmaron la citación están Graciela Ocaña, Cristian Ritondo, Soher El Sukaria, Danya Tavela, Paula Oliveto, Omar De Marchi y Lidia Ines Ascarate, Gerardo Milman, Pablo Torello, María Luján Rey y Marcela Campagnoli.

Una calificada fuente de la Policía Federal Argentina (PFA) afirmó que en todas las dependencias operativas hay inconvenientes por la falta de cupo para el traslado de los sospechosos hacia las cárceles federales.

“Nos dicen que no hay cupo en las unidades penitenciarias, pero nosotros no tenemos lugar para alojar a los presos. El otro día tuvimos que esposar a uno a una silla. El Estado se tiene que hacer cargo”, afirmó a LA NACION una calificada fuente de la PFA.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación explicaron que el ministro Aníbal Fernández no se comunicó para hablar del tema con la intervención del SPF.

La falta de lugar en las cárceles presenta un problema concreto para los sistemas de prevención del delito: es el origen de la llamada puerta giratoria. Frente al hacinamiento en prisiones y comisaría, eligen los juzgados y fiscalías que muchos detenidos sigan sus procesos en libertad.

Superpoblación

En la comisaría donde hoy a la madrugada se abortó el intento de motín había 22 presos en un lugar donde no tendría que quedar alojado ningún detenido.

“Nosotros no nos vamos a detener. Vamos a seguir nuestro plan para fortalecer el sistema de seguridad, a pesar de que el gobierno nacional nos ponga palos en la rueda, saturando las comisarías y quitándonos fondos de coparticipación”, afirmó Rodríguez Larreta después de visitar la nueva comisaría de Villa Luro, diseñada para brindar servicios integrales de seguridad, cuenta con una alcaidía y la capacidad de albergar más de 700 oficiales de la Policía de la Ciudad, en los distintos turnos de trabajo.

El ministro D’Alessandro agregó: “La superpoblación genera incidentes, malestar y un real peligro tanto para los policías que tienen a cargo la guarda como para los propios presos. Pero, sobre todo, implica una grave violación a los derechos humanos de las personas detenidas”.

Y concluyó: “Ante esto hemos implementado una serie de políticas para alojar a los detenidos que Nación se niega a recibir: inauguración de nuevas alcaidías, adaptación de comisarías, afectación de personal y móviles policiales, instrucción del personal para el trato de los detenidos, reformas edilicias. Pero lo más preocupante es que hay 1500 policías que no cuidan a los vecinos porque están cuidando a los presos”.

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