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Garrigós de Rébori: "Sin arrestos domiciliarios, no se solucionará la superpoblación en las cárceles"
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LA NACIONInés Beato Vassolo
"No hay posibilidad de superar la superpoblación en las cárceles si no contamos con la alternativa del arresto domiciliario, con o sin control electrónico", dijo, hoy, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, y advirtió: "Sobre esto habrá que trabajar en los tribunales".
Durante la segunda jornada de la asamblea anual del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), Garrigós de Rébori destacó la labor "fundamental" del equipo de comisionados por garantizar los derechos de los presos, e indicó que la sobrepoblación de las cárceles "no tiene solución", a menos que se modifique la ley de ejecución de la pena, se construyan cárceles o se promuevan los arrestos domiciliarios.
"Al principio de la pandemia salieron de la cárcel 860 personas, que hoy estamos controlando. La gente tenía la sensación de que los iban a violar en la puerta de la casa. Hay que trabajar con los medios y la sociedad para revertir esa percepción", indicó la referente del Servicio Penitenciario Federal y exjueza de Casación Penal de la ciudad de Buenos Aires, durante un panel virtual en el que también participaron Diana Conti y Gustavo Palmieri –ambos comisionados del CNPT–, y el director del Observatorio de Derechos Humanos del Honorable Senado de la Nación, Martín Fresnada. Según Garrigós de Rébori, hoy son 1300 las personas en condiciones de acceder al arresto domiciliario.
Represión policial en pandemia
La exjueza –quien también fundó la agrupación kirchnerista Justicia Legítima–, dijo, además, que "está muy lejos de abandonarse la matriz represiva" en el Servicio Penitenciario Federal. "Las fuerzas de seguridad adhieren fácilmente a la matriz represiva. Hay que ver cómo hacer germinar el respeto por los derechos humanos en las escuelas de formación. No solo a través de la teoría, sino, también, con el registro de las violaciones de derechos o prolegómenos de futuras violaciones institucionales".
En la misma línea que Garrigós de Rébori, Palmieri –el integrante del CNPT– denunció actos de "represión fatal" durante la pandemia, por parte del personal policial, tanto en las calles como en las cárceles. En diálogo con LA NACION, el comisionado afirmó: "La policía no demostró tener capacidad de trabajar temas de salud sin ser violenta. Tuvimos jurisdicciones como Corrientes, Jujuy, Santa Fe y Buenos Aires, con presos muertos por balas de plomo, cuyo uso está prohibido, en el marco de protestas sobre sus condiciones de salud, la ausencia de visitas y el destino de sus bienes".
Según explicó Palmieri, las represalias se agravaron durante la pandemia, en tanto el sistema de control fue menor. "Junto con las visitas, también se redujeron los sistemas de control. Los familiares empezaron a entrar desde el Día de la Madre, pero las visitas rutinarias de defensores y de procuradores todavía no ocurren", detalló.
"En la provincia de Córdoba, la Corte prohibió todo tipo de ingreso a las cárceles. No entran funcionarios, jueces, fiscales. Las personas con coronavirus están en carpas encadenadas a las camas, algo que aún no se logró revertir", ejemplificó Palmieri a este medio, y adelantó que el CNPT trabaja en un proyecto para que todas las jurisdicciones nacionales tengan un registro de tortura. "Hoy no pueden hacerse estadísticas de los casos de tortura, porque no los datos no existen", dijo.
Liberación de presos
Al igual que Garrigós de Rébori, Palmieri hizo referencia a la liberación de presos impulsada en abril y criticó al Ejecutivo por dar marcha atrás con la medida: "En el comienzo de la pandemia, se tomaron decisiones judiciales muy interesantes, en lo que respecta al agrupamiento de la población que no tiene prioridad para estar detenida o que fue víctima de abuso de la prisión preventiva, pero las decisiones fueron revertidas a la brevedad. Hubo un retraimiento claro de la Justicia, impulsada por funcionarios políticos".
Si bien Conti –también comisionada del CNPT– coincidió con su colega respecto del retraimiento de los jueces tras el revuelo por las excarcelaciones, rescató una veta positiva de la disputa. "Las protestas hicieron que los funcionarios públicos implementaran mesas de diálogo en casi todas las unidades carcelarias y que, entonces, las resoluciones adoptadas para las visitas y protocolos tuvieran el aval de los presos", dijo a LA NACION la abogada kirchnerista.
"Las restricciones de la privación de libertad que se sumaron con la pandemia, por el hacinamiento, la falta de visitas y de comunicación, fueron asumidas con gran colaboración por parte de la población carcelaria", sostuvo Conti.
En sintonía con la interventora del Servicio Penitenciario Federal, Conti afirmó que la emergencia sanitaria "volvió a poner sobre el tapete el hacinamiento" e indicó que la construcción de cárceles no soluciona el problema de sobrepoblación. "En la provincia de Buenos Aires tenemos unos 48.000 presos, el doble de la capacidad permitida. Lo que hay que hacer es racionalizar la prisionización", concluyó.
Según los datos oficiales del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), para mediados del 2020 se registraban 109.405 personas privadas de su libertad, un incremento del 75% respecto de los últimos diez años. La CNPT sostiene que ese aumento no fue acompañado de las reformas de infraestructura y edilicias pertinentes, lo que conduce a "graves problemas de sobrepoblación y hacinamiento".
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