Un funcionario bonaerense envió mensajes a jueces para beneficiar a homicidas

Un funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense pidió a jueces y tribunales provinciales prisiones domiciliarias para, al menos, 25 presos, algunos de ellos con sentencias por homicidios.

Según fuentes judiciales, el funcionario al que le adjudicaron esos pedidos habría sido Gerónimo Martín Erdmann Mc Donald, quien se desempeña como director de Asuntos Jurídicos de Personas en Situación de Encierro de la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial.

Se trata de la segunda dependencia oficial que pidió ante los jueces bonaerenses por las prisiones domiciliarias para detenidos en las cárceles bonaerenses. A principios de abril, la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), acompañó la presentación de la acción de hábeas corpus colectivo presentada por los defensores oficiales de todos los Departamentos Judiciales bonaerenses.

En un juzgado de Ejecución Penal de un Departamento Judicial bonaerense se recibieron cuatro mails desde la dirección de correo electrónico oficial asignada a dicho funcionario, en los que se pedía que se contemple la posibilidad de morigerar la situación de los detenidos debido a la emergencia sanitaria provocada por el virus Covid -19.

Este no sería el único juzgado en el que se habrían recibido los pedidos del mencionado funcionario provincial. También se presentaron pedidos en tribunales de La Matanza, Florencio Varela y San Martín.

En el caso de La Matanza, entre otros casos, se solicitaba la prisión domiciliaria para el jefe de una banda que asaltó un camión blindado cuando llegaba a la sucursal del Banco Supervielle de Mosconi y Formosa, en Lomas del Mirador, ocurrido en octubre pasado.

En el caso de San Martín, uno de los pedidos fue presentado para morigerar la detención de un condenado por el triple homicidio ocurrido en enero de 2013 en la villa París, Pablo Podestá, cuando fueron asesinados Alexis Bracamonte, de 18 años; Lucas Díaz, de 17, y Fernando Bravo, de 16 .

En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense indicaron que se trató de una medida fundada en la necesidad de responder a las denuncias y reclamos recibidos de parte de los detenidos en cárceles bonaerenses que habían dejado de ser visitados por los defensores oficiales de cada Departamento Judicial cuando se decretó el aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.

"Las peticiones recibidas no solo estaban dirigidas al Poder Judicial, sino también al Servicio Penitenciario Bonaerense, ya que estaban fundadas en reclamos de mejoras en las condiciones de detención, insumos sanitarios y atención médica. Las transmisiones efectuadas a diferentes operadores del sistema judicial surgían de solicitudes realizadas por los internos y no tenían por objeto realizar un pedido institucional a los jueces, sino simplemente transmitir la petición de los internos que, en muchos casos, estaban efectuando medidas de fuerzas, tales como huelgas de hambre o conflictos diversos", indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado.

"En todos los casos, al carecer de asistencia legal, los internos estaban privados del acceso a la Justicia, lo que generó tensiones y mayores niveles de violencia y conflictividad en todos los penales de la provincia", explicó en forma oficial dicho ministerio

Según se informó oficialmente, la dependencia que transmitió los pedidos de los detenidos a los jueces, depende de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense.

Según confió un magistrado que solicitó mantener su nombre en reserva, en el juzgado que tiene a su cargo el control del cumplimiento de las condenas de los detenidos se recibieron cuatro mails, a razón de uno por semana, desde que se estableció la situación de emergencia sanitaria por la pandemia, para que beneficie a determinadas personas privadas de su libertad con la "morigeración de las condiciones de detención".

Consultado por LA NACION, este magistrado confirmó la existencia de los mails y afirmó que había rechazado los pedidos del funcionario porque no correspondían y porque los detenidos que tenía a su cargo no podían recibir el beneficio de la prisión domiciliaria debido a que, por diversos factores, no estaban incluidos en los denominados grupos de riesgo ante un eventual contagio de coronavirus.

"Pedían la prisión domiciliaria y, entre otros fundamentos, citaban la resolución del juez de la Cámara de Casación penal bonaerense Victor VIolini, que aceptó el hábeas corpus colectivo. También mencionaban supuestas enfermedades que sufrían los presos, como broncoespasmos y alergias, que no se incluyen en el listado de patologías establecidas en la resolución del Tribunal de Casación", explicó el magistrado.

El periodista Rodrigo Alegre manche en el canal de noticias TN uno de los mails, en el que el funcionario indicaba que "se ha sistematizado el conjunto de denuncias y reclamos recibidos desde el inicio de la cuarentena, y surgiendo de ellos un determinado número de causas que se encuentran bajo la competencia de su tribunal, se le solicita tenga a bien el tratamiento particular de las mismas, bajo el entendimiento de que por el tipo de delito o por la pena cumplida" correspondería.

Fuentes judiciales indicaron a LA NACION que la solicitud incluía, además del listado de detenidos, un archivo adjunto con la designación del funcionario y otro con los fundamentos de la presentación.