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Coronavirus: la idea de liberar presos empezó a tomar forma antes del primer contagio
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LA NACIONGustavo Carabajal
Cuando el mundo aún no conocía la existencia del brote de una nueva variedad de coronavirus en la ciudad china de Wuhan, se realizaba en La Plata, el 19 de diciembre pasado, la primera reunión para terminar con la superpoblación en las cárceles bonaerenses.
Tres meses después, el Covid–19 llegó a la Argentina y el objetivo fijado en ese primer encuentro de la mesa de diálogo de aplicar un plan progresivo para descomprimir los colapsados 54 penales bonaerense, se transformó en una liberación masiva de presos que tuvo como detonante la resolución dictada por el vicepresidente de la Cámara de Casación bonaerense, Víctor Violini, que aceptó la acción de hábeas corpus colectivo presentada por los defensores oficiales de los 20 departamentos judiciales de la provincia.
En esa primera reunión de la mesa diálogo participaron, entre otros, el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Eduardo De Lázzari y los máximos referentes de la Comisión Provincial por la Memoria.
Al finalizar esa encuentro se acordó que la mesa de diálogo estaría coordinada por Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia bonaerense, quien fuera un cercano colaborador de la exprocuradora ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
El 27 de diciembre, el presidente del máximo tribunal bonaerense convocó en La Plata a todos los jueces penales de la provincia. La asistencia fue obligatoria. Los únicos magistrados exceptuados fueron aquellos que estaban de turno.
Durante su exposición, De Lázzari, sugirió a los jueces y camaristas que ajustaran los criterios restrictivos y excepciones del uso de la prisión preventiva con el objetivo de reducir la tasa de encarcelación que llevó a que en los penales bonaerenses hubiera casi 50.000 presos alojados, cuando se cuenta con capacidad para 25.000 internos.
Tras la reunión varios de los jueces plantearon la posibilidad de que fueran cuestionados por la opinión pública o que e los sometiera a jurados de enjuiciamiento en caso de que algunos de los presos que resultaran beneficiados con las excarcelaciones o prisiones domiciliarias cometiera un delito después de salir de prisión.
Según relató uno de los magistrados que concurrió a la reunión, De Lázzari ya se había retirado de la mesa de expositores en el momento de las preguntas. No obstante, otro de los interlocutores recordó que "nunca se había echado a un juez por lo que decidió".
Esa afirmación se apoyaba en un hecho real, en un año se cerraron más de 40 denuncias contra jueces bonaerenses presentados en el organismo que se encarga de juzgar el desempeño de los magistrados y funcionarios judiciales provinciales. Además, la misma doctrina jurídica indica que ningún juez puede ser destituido por sus resoluciones a excepción que esas sentencias constituyan un delito.
En marzo, comenzaron a elaborarse las listas de aquellos presos que estaban en condiciones de recibir los beneficios de excarcelación o medidas alternativas a la prisión preventiva, por edad y por sufrir patologías crónicas como enfermedades inmunosupresoras, oncológicas y coronarias.
Ese primer listado fue denominado "presos protocolizados" e incluía a 869 reclusos acusados y condenados por homicidio agravado, homicidio simple, robo con armas, extorsión, secuestros, asociación ilícita y abuso sexual. A mediados de marzo, el Ministerio de Justicia bonaerense confeccionó una segunda lista con los nombres de otros 652 presos. En el tercer listado se incluyeron a veinte mujeres embarazadas. Después se elaboraron otros listados con depuraciones que incluyeron a 662 presos entre los que figuraban 430 imputados y sentenciados por delitos considerados "menores". Los tres listados contenían los nombres de 2083 presos de más de 60 años o con enfermedades crónicas.
"Si uno revisa los hechos queda claro que siempre existió una decisión política de liberar una cantidad de presos para descomprimir la situación en las cárceles. Se aprovecharon de la situación excepcional de la pandemia para organizar una salida masiva de presos; mucho más rápida que la prevista originalmente", expresó una fuente oficial que solicitó mantener su nombre en reserva y remarcó que era necesario encontrar una solución a la superpoblación en los penales.
El 20 de marzo pasado, el máximo tribunal de Justicia provincial, presidido porel ministro De Lázzari dictó una resolución en la que dispuso que "las decisiones urgentes de los Tribunales del Trabajo, Tribunales en lo Criminal, de Responsabilidad Penal Juvenil, Cámaras de Apelaciones y Garantías Departamentales y Cámara de Casación podrían ser adoptadas de manera unipersonal por su presidente o quien lo reemplace, gozando de plena validez dicho acto".
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, fundó la resolución en "función de los poderes implícitos que asisten al Tribunal, particularmente en circunstancias de emergencia".
A partir de la esta resolución, el 3 de abril, el juez Violini, convocó a una audiencia al defensor para escuchar los fundamentos de la presentación del hábeas corpus colectivo, presentado por defensores oficiales de los 17 Departamentos Judiciales bonaerenses.
Según consta en el acta, participaron en dicha audiencia, el defensor ante la Cámara de Casación, Mario Coriolano; la defensora oficial de Mar del Plata, Cecilia Boeri; el fiscal ante la Cámara de Casación, Carlos Altuve, el subsecretario de Política Criminal, Lisandro Pellegrini y el subsecretario del Ministerio de Seguridad, Darío Ruiz.
Coriolano acompañó la presentación de Boeri y sostuvo el recurso. En cambio, Altuve, se opuso a la acción de hábeas corpus quehabilitaba la liberación masiva de presos.
En ese momento, ninguno de los representantes del Poder Ejecutivo provincial expresaron su oposición a la presentación. Tampoco lo hicieron, después del 9 de abril, cuando el juez Violini dispuso que se concedieran prisiones domiciliarias a los acusados y condenados por delitos leves. En los casos de los presos por delitos graves, se dejaba a criterio de los jueces que los tenían a cargo la potestad de resolver si correspondía que se otorgue ese beneficio.
Dos semanas después, cuando se produjeron los primeros motines, Pellegrini, en declaraciones a radio La Red expresó: "es insólito e inverosímil la posibilidad de generar un plan para liberar detenidos. Imaginarse que en el Poder Ejecutivo está la posibilidad de generar un plan para la liberación de miles de personas es insólito e inverosímil; tiene sentido reforzar la idea de que es irrealizable".
La acción de hábeas corpus colectiva tuvo un claro apoyo político: la Comisión Provincial de la Memoria. "Vemos la voluntad del poder político provincial de descomprimir el sistema penitenciario. Se trata de una decisión muy importante por lo que se necesita hacer sobre el Poder Judicial para que se liberen más personas", explicó Roberto Cipriano García en un mensaje de audio que le envió a un grupo de familiares de detenidos.
"Estamos ante un momento histórico porque es la primera vez, en veinte años, que la curva de prisionización comienza a caer", agregó García, en el mensaje de audio enviado hace diez días.
La necesidad de reducir la tasa de encarcelación, mencionada por el funcionario, figuraba en los objetivos planteados en la primera reunión de la mesa de diálogo, realizada el 19 de diciembre pasado y en el encuentro de jueces.
"Debido a cuestiones políticas la resolución dictada por Violini terminó desdibujada. La idea de la presentación de un hábeas corpus colectivo obedeció a la falta de respuestas a los jueces o las distintas cámaras ante los pedidos que hacíamos. Por tal motivo nos unimos todos los defensores oficiales para tratar de obtener una respuesta más rápida", expresó uno de los funcionarios judiciales que firmó dicho recurso.
Según el defensor oficial, la posibilidad de presentar un hábeas corpus colectivo se originó antes de la emergencia sanitaria por la pandemia.
Aprovechando el viento a favor instalado por la resolución de Violini, algunos defensores presentaron un pedido de conmutación de penas ante el Poder Ejecutivo. Pero los ministros recomendaron al gobernador Axel Kicillof que rechazara dicha solicitud por el elevado costo político.
Si bien el ministro Alak integró la mesa de diálogo del 19 de diciembre pasado, siempre se manifestó en contra la liberación masiva de presos. Su colega de Seguridad, Sergio Berni, coincidió con la postura de Alak y agregó que no había suficientes tobilleras electrónicas para controlar a todos los presos que eran beneficiados con las prisiones domiciliarias.
La resolución de Violini provocó grietas dentro del Tribunal de Casación y en el ámbito de los jueces provinciales.
Al explicar los fundamentos del fallo, el magistrado explicó que tomó dicha decisión luego de consultar con los otros siete integrantes del tribunal, sin especificar quiénes votaron en contra.
Violini tuvo el apoyo de su colega Daniel Carral, quien fue uno de los fundadores de la agrupación de magistrados Justicia Legítima y de Ricardo Borinsky, presidente de la Cámara de Casación.
Una de las discusiones planteadas en el seno del tribunal se relacionaba con el hecho de que no se definía "cuáles eran los delitos leves" que habilitaban de forma automática el otorgamiento de las prisiones domiciliarias.
La resolución de Violini, confirmada por su colega Borinsky, dos semanas después, provocó una grieta entre gran parte de los jueces bonaerenses.
"Yo no voy a liberar a un acusado de un delito grave solo por la edad o porque tenga diabetes. Mi deber es aplicar la ley. Cuesta mucho lograr la detención de una persona que cometió un delito. Lleva más trabajo lograr una condena de prisión efectiva. Constituye una falta de respeto al trabajo de los jueces y a la gente que busca respuestas en la Justicia que se libere de forma tan liviana a los reclusos", explicó un magistrado que se manifestó en contra del fallo de la Cámara de Casación.
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