Aplazado hasta mediados de febrero el juicio contra Angelo Becciu
El juicio contra el destituido cardenal italiano Angelo Becciu y otras cinco personas, por la compra irregular de un lujoso edificio en Londres en 2014 que ha dejado un agujero de 400 millones de euros en la Santa Sede, se ha aplazado hasta mediados de febrero.
El proceso está de momento en fase preliminar y todavía deben deliberarse aspectos técnicos, como algunas solicitudes por parte del equipo legal de los acusados, entre ellas, el acceso completo a las pruebas que sustentan el sumario.
La investigación judicial se basa en la grabación del interrogatorio de monseñor Alberto Perlasca, principal informante en este caso, que reconstruyó ante los fiscales la trama para ayudar a la investigación. Sin embargo, estas grabaciones, que son una parte fundamental de la instrucción judicial, no han sido hasta ahora compartidos con los abogados de la defensa, que consideraron en bloque este hecho como una grave violación del derecho de defensa de sus clientes. Esto ha provocado numerosos aplazamientos en el proceso.
Por eso, el presidente del Tribunal, el juez Giuseppe Pignatone, ha ordenado que se haga una transcripción de los interrogatorios grabados en audio-vídeo de Perlasca para que los abogados puedan visionarlos.
Los abogados de Becciu habían pedido el embargo de 500.000 euros por daños y perjuicios al sacerdote Alberto Perlasca, que era su secretario y se ha convertido en el principal informante de los fiscales del Vaticano. El juez ha denegado dicha solicitud y Perlasca sigue siendo el testigo clave de la acusación.
Según las investigaciones de los magistrados del tribunal de la Santa Sede, la compra del edificio londinense se gestó a través de un fondo de inversión, manejado en ese entonces por el banquero italiano, Raffaele Mincione, por más de 300 millones de euros, cuando Becciu era el sustituto de la Secretaría de Estado, cargo que opera en la práctica como el de jefe de Gabinete del Papa. P
Parte de ese dinero provenía de donativos llegados como 'Óbolo de San Pedro', que los donantes esperan se dediquen de modo inmediato y directo a obras de caridad del Papa. En 2018, la Secretaría de Estado quiso tomar posesión del inmueble y Mincione vendió su parte al Vaticano a través del intermediario financiero, Gian Luigi Torzi.
Sin embargo Torzi pasó a la secretaría de Estado del Vaticano solo 30.000 de las 31.000 acciones del proyecto, quedándose justamente con las mil acciones de voto preferente. Torzi acabó extorsionando al Vaticano exigiéndole 20 millones de euros por la entrega de ese paquete, imprescindible para que el Vaticano pudiese tomar el control total del inmueble. Torzi no obtuvo finalmente los 20 millones de euros, pero sí una comisión de diez a quince millones de euros.
Este proceso empezó con 10 acusados de los que solo quedan seis por errores en las acusaciones formales. El 25 de enero se comunicará si el resto serán llevados a juicio o será sobreseída su posición.
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