Bruselas exigirá contratos por diferencia en inversiones en energía baja en emisiones con ayuda estatal
La Comisión Europea ha propuesto este lunes una reforma del mercado eléctrico que exija el uso de contratos bidireccionales por diferencia para nuevas inversiones en generación con bajas emisiones de carbono que requieran financiación pública con el fin de estabilizar los precios de la electricidad y frenar los ingresos excesivos de los productores de energía.
Este tipo de contratos se dan entre un generador de electricidad y una entidad pública, normalmente el Estado, y estipulan que el vendedor pagará al comprador la diferencia en el precio de la energía desde el momento de la compra a la firma del contrato, por lo que supone una limitación para el generador, que recibe unos ingresos estables por la electricidad que produce.
La reforma pretende impulsar la liquidez de los mercados de contratos a largo plazo que fijan precios futuros y que permitirá a más proveedores y consumidores protegerse de precios excesivamente volátiles durante periodos más largos, mientras que las fuentes que se incluyen en estas nuevas inversiones son la eólica, la solar, la geotérmica, la hidroeléctrica y la nuclear.
"Con esta reforma pensamos que en los próximos años los consumidores estarán más protegidos", ha asegurado la comisaria de Energía, Kadri Simson, en rueda de prensa desde Estrasburgo en la que ha presentado la iniciativa, señalando que la base es mantener los precios bajos gracias a contratos a largo plazo.
La comisaria estonia ha reclamado agilidad aL Parlamento Europeo y Estados miembro para tratar este tema como una "prioridad" y que pueda aplicarse ya el año que viene. "Dejamos los fundamentos del mercado sin tocar. Siguen siendo beneficiosos cuando garantizan que se usa la energía verde antes", ha explicado sobre una reforma que no desliga el precio del gas de la electricidad.
En todo caso, ha señalado que la iniciativa ayuda a los consumidores ante situaciones de alta volatilidad, pues con los nuevos contratos les dará más independencia frente a estos fenómenos.
Las medidas que incluye la propuesta de Bruselas van encaminadas a que las facturas de electricidad dependan menos de los precios de los combustibles fósiles al establecer un "amortiguador" entre los mercados a corto plazo y las facturas de electricidad que pagan los consumidores.
La propuesta también busca proteger a los consumidores de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, darles mayores posibilidades de elección de contratos y un acceso más directo a las energías renovables, además de incentivar las inversiones en energías renovables facilitando el acceso de los promotores a contratos a más largo plazo, que incluyen tanto contratos por diferencia apoyados por el Estado, como acuerdos de compra de energía en el ámbito privado.
Para tal fin, Bruselas propone exigir a los Estados miembro que garanticen que los instrumentos para reducir los riesgos financieros asociados al incumplimiento por parte del comprador de sus obligaciones de pago a largo plazo en el marco de los acuerdos de compra de electricidad sean accesibles a las empresas que se enfrentan a barreras de entrada en el mercado de los acuerdos de compra de energía y no atraviesan dificultades financieras.
Asimismo, la reforma introduce la obligación de que los Estados miembro ofrezcan ayudas públicas para nuevas inversiones en generación de electricidad con bajas emisiones de carbono y que no utilice combustibles fósiles, en forma de contratos bidireccionales por diferencia.
El objetivo es proporcionar condiciones de inversión seguras y estables para los promotores de energías renovables y de baja emisión de carbono, al tiempo que se reducen el riesgo y los costes de capital y se evitan los beneficios imprevistos en periodos de precios altos.
Además, estos instrumentos también serán clave para fomentar la estabilidad y la previsibilidad de los costes de la energía en toda la UE, lo que es crucial para mejorar la competitividad de la industria europea.
Por último, la reforma propuesta reforzará la capacidad de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y de las autoridades nacionales de reglamentación de la energía para supervisar la integridad y transparencia del mercado mayorista de la energía a fin de garantizar que los mercados se comporten de forma competitiva y que los precios se fijen de manera transparente.
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