Congreso mexicano aprueba fuerzas armadas vigilen espacio aéreo nacional
Ciudad de méxico, 23 feb (reuters) - el congreso mexicano aprobó la creación de una ley que entrega a las fuerzas armadas, principalmente al ejército, un papel preponderante en la vigilancia y protección del espacio aéreo bajo el argumento de la defensa a la soberanía y seguridad nacional.
La nueva normativa fue turnada al presidente Andrés Manuel López Obrador para su promulgación y entrada en vigor, luego de recibir el visto bueno del Senado, dominado por el gobernante Morena y sus aliados, que la noche del miércoles ratificó sin cambios un dictamen enviado por la cámara baja.
Bajo la ley aprobada, la Secretaría de la Defensa (Sedena) tendrá bajo su mando el nuevo Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, mediante el que realizará "acciones de alertamiento, interceptación aérea, identificación, seguimiento de trazas de interés", según el dictamen.
La Sedena coordinará también un sistema de vigilancia del espacio aéreo para "inhibir y contrarrestar" operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la "seguridad nacional". En ese sistema participarán también la Marina y las secretarías de Comunicaciones y de Seguridad Pública.
Senadores de oposición condenaron la medida legislativa y aseguraron que debilita a la autoridad civil encargada de la navegación del espacio aéreo, SENEAM, y consolida el fortalecimiento que el Ejército ha tenido en diferentes áreas durante la actual admnistración.
"Hoy las Fuerzas Armadas cogobiernan con López Obrador", dijo el senador opositor Emilio Alvarez durante el debate del dictamen por el que se creó la nueva ley.
Legisladores a favor de la iniciativa argumentaron que se trataba de cubrir un vacío legal para poder enfrentar al crimen organizado y combatir el tráfico ilícito de mercancías, como el robo de hidrocarburos.
Después de llegar al poder en diciembre de 2018, López Obrador ha colocado cada vez a más militares en funciones de seguridad pública y en otras que normalmente están en manos de civiles, como actividades de infraestructura o aduanas. La oposición lo considera un sometimiento al poder castrense. (Reporte de Adriana Barrera; Editado por Raúl Cortés Fernández)
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