El Gobierno de Brasil prepara una enmienda constitucional para suprimir la presencia militar en política
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva prepara una de las conocidas como propuestas de enmienda constitucional para intentar reducir la influencia de las Fuerzas Armadas en la política brasileña, exacerbada en los últimos cuatros del expresidente Jair Bolsonaro, con mayoría de militares en puestos de importancia.
La propuesta, gestada en la cartera de Defensa, ya cuenta con un primer borrador, según ha publicado el diario 'O Globo'. Con ella, aquellos militares que pretendan presentarse a las elecciones o asumir el mandato de un ministerio, por ejemplo, deberán desligarse de las Fuerzas Armadas o pasar a la reserva.
Así, aquellos militares que deseen disputar unas elecciones o asumir puestos de primer orden en el gobierno deberán darse de baja de manera definitiva, mientras que aquellos con al menos 35 años de experiencia deberán pasar a la reserva antes de presentar su candidatura o asumir puesto alguno.
En la actualidad, los miembros de las Fuerzas Armadas pueden volver a sus actividades castrenses una vez han finalizado los procesos electorales en caso de no vencer. Según la Constitución, aquellos militares, con más de diez años de experiencia, son transferidos a la reserva si son elegidos en las urnas.
La propuesta, ya está bajo conocimiento de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas, busca además modificar uno de los artículos de la Constitución, que de acuerdo con los aliados del Gobierno ha sido malinterpretado por los seguidores de Bolsonaro. El punto en cuestión afirma que los militares, "bajo la autoridad suprema del presidente" deben garantizar "la defensa de la patria".
En numerosas ocasiones, los seguidores de Bolsonaro han utilizado este argumento para conferir de forma errónea una suerte de poder moderador a las Fuerzas Armadas, traducido en demandas de disolución del Congreso, el Tribunal Supremo, o bien no reconocer los resultados electorales, tal y como se vio en los últimos comicios.
Al tratarse de una enmienda a la Constitución, el texto necesita el apoyo de al menos el 60 por ciento de los diputados --308 votos-- y de los senadores --49-- para ser aprobada. A pesar de que los números no le son contrarios al Gobierno, se trata de una cuestión que suele levantar resistencias dentro del Congreso.
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