Eurocámara pide penas y multas más duras en la reforma para ampliar la lista de delitos medioambientales en la UE
El Parlamento Europeo defenderá que se incluyan penas y multas más duras contra quienes comentan delitos graves en materia medioambiental en la UE, de acuerdo a la posición negociadora fijada por su comisión de Asuntos Jurídicos de cara a la reforma que deberán pactar con los Veintisiete para ampliar la lista de delitos tipificados a escala europea y reforzar su aplicación.
La Comisión Europea ha propuesto una reforma que incluirá más supuestos en los que se podrá perseguir acciones que dañan el medio ambiente en la UE y aclarará los ya existentes, al tiempo que plantea penas mínimas de cárcel comunes y el veto a los contratos públicos en los casos más graves juzgados en cualquier país de la Unión Europea.
El mandato negociador, que ha sido aprobado por unanimidad por la comisión europarlamentaria pero necesita aún del visto bueno del pleno, aboga por penas más severas y que se endurezcan también las multas a empresas infractoras.
De este modo, los eurodiputados abogan por penas de al menos diez años para los casos que impliquen muertes o dañen la salud y causen daños medioambientales importantes y que otras acciones consideradas delitos se castiguen con penas de entre cuatro y seis años en función de su alcance y gravedad
Asimismo, defienden que las multas a compañías responsables de delitos medioambientales se enfrenten a multas de al menos el 10% de su volumen medio de negocio mundial durante los tres años anteriores, lo que supone doblar el 5% que plantea Bruselas.
Además del proceso penal por las infracciones graves, los eurodiputados respaldan que se prohíba el acceso a fondos o contratación pública de las empresas culpables y apoyan también que se aplique el principio de "quien contamina paga", por el que los responsables deberán reparar el entorno dañado, indemnizar a las víctimas y asumir las costas de los procesos judiciales.
Otro de los cambios que piden los eurodiputados con respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario tiene que ver con ajustar los plazos de prescripción de las infracciones penales para que se contabilice a partir de que se descubre el delito y no desde que se comete.
La lista revisada de delitos medioambientales una vez se pacte la reforma incluirá el comercio ilegal de madera, el desguace ilegal de buques o la extracción de agua sin autorización, así como la violación de la normativa comunitaria sobre productos químicos y la pesca ilegal, no declarada ni regulada, entre otros.
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