Fiscalía pide al TS que prohíba salir del país a dos excargos de Acciona por los amaños de obra del 'caso Koldo'

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles al magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' que aplique una serie de medidas cautelares a Justo Vicente Pelegrini, quien fuera director de Construcción de Acciona para España, y a Tomás Olarte, exdirector de la zona norte de la compañía. En concreto, ha reclamado que les retire el pasaporte, que les prohíba salir del país y que les obligue a comparecer cada quince días en sede judicial.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el jefe de esta Fiscalía Especializada, Alejandro Luzón, ha planteado su solicitud al magistrado Leopoldo Puente en una vista que se ha celebrado este miércoles, después de que ambos comparecieran como investigados en el marco de la causa en la que se indaga en una presunta trama de amaños en licitaciones de obra pública a cambio de mordidas.

Las acusaciones populares se han adherido a las peticiones de la Fiscalía, mientras que las defensas han mostrado su oposición, según han apuntado las fuentes consultadas. De momento, está pendiente que el instructor resuelva si acuerda o no las mencionadas medidas cautelares.

Cabe recordar que el magistrado citó a comparecer a Pelegrini y a Olarte a raíz de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre varias obras adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama integrada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.

LA UCO SEÑALÓ A PELEGRINI Y A OLARTE

Según consta en las pesquisas, Cerdán era dueño al 45% de Servinabar, junto a su socio y "amigo" Antxon Alonso y, posteriormente, un tercer socio (al 4%) que la Benemérita identificó como Jon Aritz Santamaría. De acuerdo con los investigadores, la relación entre Servinabar y Acciona comenzó en 2015, a raíz del proyecto de 'Mina Muga' (Navarra). De hecho, la UCO no solo sitúa ahí el origen de la UTE sino de la presunta trama.

El Instituto Armado destaca que Acciona y Servinabar firmaron en 2015, a los pocos días de constituirse esta última, un acuerdo marco para "explorar futuras oportunidades de negocio" por el que la segunda mercantil se llevaría un 2%.

Ese acuerdo fue suscrito por Pelegrini, por parte de Acciona, y Alonso, en nombre de Servinabar. La UCO relata que la relación empresarial se canalizó a través de ambos pero también de Cerdán, Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, quienes fueran directores de la zona norte y la zona sur de Acciona Construcción, respectivamente.

La Guardia Civil sostiene que Pelegrini "mantenía asidua comunicación con Alonso, habiéndose reunido en persona en determinadas ocasiones, tanto solos como con Santos", en unos encuentros que "habrían sido revestidos de medidas de seguridad, como comunicarse mediante anotaciones manuscritas" mostradas en pantalla durante videoconferencias.

Además, explica que tanto Olarte como García Alconchel figuran como firmantes de los Memorándum de Entendimiento (MoE) que fueron suscribiendo Acciona y Servinabar al hilo de dichas adjudicaciones.

Acciona Construcción ha negado el pago de comisiones a ninguna de las personas señaladas en la causa judicial, indicando que se reserva el derecho a ejercer las acciones legales oportunas si de las investigaciones se desprendiera algún perjuicio directo para la compañía como consecuencia de la actuación de los investigados o de cualquier otro.

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