Hacienda detecta anomalías en los contratos de Red.es adjudicados a Barrabés que investiga la Fiscalía Europea

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado anomalías en los contratos adjudicados por 8,4 millones de euros por la empresa pública Red.es a Juan Carlos Barrabés, empresario investigado en el 'caso Begoña Gómez', observando una "gran opacidad" en el proceso de contratación, como parte de las pesquisas que la Fiscalía Europea (EPPO) lleva a cabo sobre este extremo por la posible afectación a fondos europeos.

El informe, de más de 300 páginas, analiza por encargo de la EPPO dos expedientes de contratación que comprenden diversos lotes, algunos de los cuales fueron adjudicados a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next --empresa de Barrabés-- y The Valley Digital Business School, y "financiados parcialmente por fondos europeos".

Del primer expediente, denominado 'Formación empleo juvenil para la economía digital', la UTE logró dos lotes que suman 4,8 millones de euros; mientras que del segundo expediente --'Servicio de formación para personas desempleadas'-- recibió un lote por 3,6 millones de euros.

La IGAE analiza "la tramitación de los contratos desde inicio del procedimiento de contratación hasta la adjudicación", precisando que el análisis de la ejecución de los contratos se hará en otro informe.

El perito expone que en los pliegos de licitación "el peso real de partida de los criterios evaluables y no evaluables" era del 42,86% y del 57,14%, respectivamente, por lo que "la valoración de las ofertas la debería haber realizado un comité de expertos compuesto por tres miembros no pertenecientes al órgano proponente del contrato o un organismo técnico especializado".

"Sin embargo, incumpliendo la ley, la valoración de los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula fueron valorados por la mesa de contratación de Red.es, que no era competente", expone el informe, al que ha tenido acceso Europa Press.

En este sentido, detalla que "la mesa realizó dicha valoración, previo examen de los informes técnicos firmados por el director del departamento proponente, que, de acuerdo con lo establecido en la ley, no podría haber formado parte del comité de expertos de haber sido constituido, ni del organismo técnico especializado".

El perito avisa de que el hecho de que "se haya atribuido a la mesa de contratación la valoración de las ofertas, en base a una distribución de puntuaciones entre valoración de criterios evaluables mediante un juicio de valor y valoración de criterios evaluables mediante fórmula que no responde a la realidad, teniendo los criterios evaluables mediante juicio de valor un peso superior, podría constituir un fraude de Ley".

Y ello, razona, porque con la operativa de Red.es "se ha eludido que la evaluación de los criterios subjetivos fuera realizado por un comité de expertos, en el que no podría haber participado el director proponente del contrato, o por un organismo técnico especializado, lo que da mayores garantías de una evaluación ecuánime de las ofertas, más teniendo en cuenta que el informe de valoración lo ha firmado una sola persona y el comportamiento pasivo de la mesa de contratación". Pliegos "ilegales".

Además, indica que "la distribución del peso de los criterios no evaluables mediante fórmula y evaluables mediante fórmula que figura en los pliegos de cláusulas administrativas particulares --40% para los primeros y 60% para los segundos--, no responde a la realidad del peso de la distribución de ambos tipos de criterios en la distribución de la puntuación", de modo que, "en vez de dar certidumbre al proceso han transmitido información errónea a los licitadores". También critica que "la fórmula utilizada por Red.es, para calcular la puntuación económica de las licitaciones, que no ha sido diseñada específicamente para los procedimientos de contratación correspondientes a dichas licitaciones, sino que es la fórmula que se utilizaba por la entidad, amortigua de manera muy importante las diferencias de puntuación derivadas de las diferencias en los precios ofertados, beneficiando a las ofertas más caras". A su juicio, esto "no contribuye a conseguir que los licitadores presenten ofertas económicas competitivas", sino que, "por el contrario, la fórmula que se establece en los pliegos les desincentiva a hacerlo, ya que son conocedores de la escasa relevancia de la puntuación económica respecto de la puntuación total y de que dicha fórmula reduce muy sustancialmente las diferencias de puntuación derivadas de las diferencias de precio". En la misma línea, afirma que en los expedientes analizados "no se han establecido criterios objetivos de calidad y, en consecuencia, para que los criterios de calidad fueran al menos el 51% del total, los no evaluables mediante fórmula deberían haber representado, al menos, el 51% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas, no el 40% como se establece en el pliego". El informe llama la atención sobre que a la hora de establecer los criterios de adjudicación se hizo "sin tener en cuenta" que "en los contratos de servicios, así como en los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, los criterios relacionados con la calidad deberán representar, al menos, el 51% de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas", lo que "supone un incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público".

"Lo anterior implica que los pliegos aplicados en estos procedimientos, además de ilegales, en vez de dar certidumbre al proceso, han transmitido información errónea a los licitadores", incide. Asimismo, resalta que el "elevado número de ofertas no tomadas en consideración" porque "no tenían la calidad suficiente" habrían requerido que "la mesa de contratación y el consejo de administración de Red.es solicitaran explicaciones al director proponente de los contratos y técnico firmante de los informes de valoración sobre los motivos de la baja calidad de tantas ofertas". A ello suma que "las medidas adoptadas por Red.es para detectar y prevenir conflictos de interés en la licitación de los contratos objeto de este informe fueron muy insuficientes". Con todo, la IGAE observa "una gran opacidad", señalando que "el proceso de contratación no se ajusta al principio de transparencia establecido en la normativa de contratación pública". En concreto, afea que "Red.es no ha motivado la elección de las fórmulas elegidas para puntuar las ofertas económicas y para ponderar las puntuaciones técnicas resultantes de la valoración efectuada por los técnicos". "Esta omisión supone una vulneración del principio de transparencia", asegura. Añade que "determinadas personas de Red.es que prestaban servicios en la Dirección de Economía Digital realizaron una función de coordinación del proceso de valoración" pero "no se elaboraron actas de dichas reuniones", por lo que alerta de que "no existe trazabilidad alguna que permita conocer cómo, partiendo de unos borradores de valoración que incluyen unas asignaciones de puntuación para cada licitador, se llegó a las valoraciones y puntuaciones técnicas definitivas". El informe también pone de manifiesto que "en los encabezamientos de los documentos previos figura el nombre del técnico que aparentemente los elaboró" pero "carecen de firma y sus metadatos han sido borrados, por lo que no se dispone de evidencia de que fueran realmente elaborados por las personas que figuran en dichos encabezamientos, ni de que su contenido, ni las puntuaciones que figuran en los mismos respondan a la opinión de los mencionados técnicos".

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