La elección de Nueva York como sede de Naciones Unidas, entre intereses políticos y geográficos

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) - Nueva York acoge la sede principal de Naciones Unidas desde los primeros albores de una organización que ha cumplido en 2025 ocho décadas de vida. Las críticas de Estados Unidos a la labor de la ONU y las restricciones impuestas a las delegaciones extranjeras han reavivado sin embargo el debate sobre la conveniencia de conservar un acuerdo que entremezcla en sus orígenes criterios geográficos y políticos, y hasta un cheque del magnate del petróleo John D. Rockefeller. El Congreso de Estados Unidos tomó la iniciativa en diciembre de 1945 de invitar a una aún en ciernes Naciones Unidas a establecer su cuartel general en el país norteamericano. El mundo de posguerra estaba aún definiéndose pero Estados Unidos ya quería hacer valer por aquel entonces su condición de superpotencia frente al bloque soviético. Así, ya en la primera sesión de la Asamblea General, celebrada en Londres en 1946 con los 51 Estados fundadores de la ONU, se debatió la instalación de una sede permanente de la ONU. Este medio centenar de países acordaron establecer dicha sede en Estados Unidos y, aunque ya desde estos primeros compases se señaló a la costa este y, en particular, a la zona de Nueva York, aún no estaba nada cerrado. Tras el archivo de algunas impugnaciones, en noviembre de 1946 varios miembros exhortaron al comité creado 'ex profeso' para establecer esta sede que acelerasen el proceso y se limitasen a estudiar como opciones definitivas Nueva York, San Francisco, Filadelfia y Boston. Los expertos terminarían visitando un total de nueve sitios para examinar pros y contras y determinaron dos lugares de San Francisco y Filadelfia como los más idóneos. No había consenso y los apoyos venían dados entre otras cosas por intereses geográficos, ya que la mayor parte de los países europeos se oponían por ejemplo a una potencial sede en la costa oeste de Estados Unidos por razones de distancia. La Unión Soviética, que abogó desde un primer momento por Nueva York, aceptaba también Filadelfia como punto intermedio siempre y cuando se eliminase San Francisco de la ecuación. La Administración norteamericana, que llegó a ofrecer libre de impuestos un terreno en el barrio del Presidio en San Francisco, terminó inclinándose más tarde por situar el cerebro de Naciones Unidas en la costa atlántica, entre otros argumentos por su mayor cercanía a Europa. Finalmente, en diciembre, el comité presentó otra batería de propuestas --Filadelfia, Boston y Nueva York--, todas ellas ya en la parte oriental de Estados Unidos, pero fue también en esta última etapa cuando entró en juego una propuesta de donación de 8,5 millones de dólares del magnate del petróleo John D. Rockefeller. El dinero venía sujeto a ciertas condiciones, entre ellas, la compra de una propiedad en el barrio neoyorquino de Manhattan y que esta donación estuviese libre de impuestos. Una subcomisión visitó el lugar propuesto, un área predominantemente industrial, y concluyó que era "excelente" para la instalación de una sede más vertical de la que se concibió en un primer momento. Los Estados miembros de la ONU validaron tanto la donación como la adquisición del terreno para levantar la que sigue siendo a día de hoy la principal casa de la organización internacional. Las obras comenzaron en octubre de 1949 y el proyecto inicial estimaba un coste de US$85 millones, aunque éste quedó reducido en unos US$20 millones por petición expresa del secretario general, lo que obligó a replantear algunos de los edificios. La financiación partió de un préstamo de US$65 millones cedidos sin intereses por el Gobierno de Estados Unidos y el último pago, de US$1 millón, se efectuó en 1982.

ACUERDO SEDE

El establecimiento de la sede central de la ONU en Estados Unidos llevó también a ambas partes a suscribir en 1947 un acuerdo específico para determinar los detalles, con el objetivo, entre otras cuestiones, de delimitar el margen de maniobra que tendrían las autoridades norteamericanas con respecto a las actividades y el día a día de Naciones Unidas. Se creó así una especie de limbo diplomático en suelo estadounidense.

La ONU pasó a disponer de un "distrito" específico, dentro del cual tendría libertad para emitir comunicaciones y frecuencias propias, e incluso un aeródromo o un servicio postal si así lo estimase necesario. El distrito quedaba "bajo el control y la autoridad de Naciones Unidas", con la salvedad de que hubiese algún otro tipo de acuerdo específico entre las partes, según consta en el documento suscrito por Trygve Lie en calidad de secretario general de la ONU y por George Marshall como secretario de Estado de Estados Unidos. "El distrito de la sede será inviolable", reza el texto, que establece además límites al Gobierno de Estados Unidos para discriminar quién puede entrar en él. De hecho, sobre el papel, no pueden poner "ningún impedimento al tránsito de entrada o salida del distrito" y, si es necesario que las personas reciban visado para entrar en Estados Unidos, las autoridades deberán concederlo "sin cargas y lo más rápidamente posible".

¿ES POSIBLE CAMBIAR LA SEDE?

El acuerdo establece en su sección 23 que Estados Unidos ni ningún otro país tienen por sí solos potestad para cambiar la sede "si no lo decide Naciones Unidas", una alusión ambigua que no estipula de manera específica el órgano o las mayorías necesarias para acometer un hipotético cambio que, al menos durante casi 80 años, nunca ha llegado a debatirse en serio. Naciones Unidas ya tiene agencias repartidas en otras grandes ciudades del mundo como pueden ser Roma, París o Ginebra, siendo esta última sede del Consejo de Derechos Humanos. Técnicamente, nada impide a la ONU cambiar su sede central, pero fuentes de la secretaría general recuerdan a Europa Press que "nunca se ha intentado".

Los países fundadores no contemplaron esta posibilidad al empezar a levantar la arquitectura de la organización, ni tampoco se han iniciado trabajos serios al respecto, más allá de las declaraciones de algunos líderes y gobiernos que abogan por sacar de Estados Unidos los principales centros de toma de decisiones.

Sí parece claro que cualquier debate a este respecto requiere de una serie de consensos, por ejemplo con mayorías cualificadas dentro de la Asamblea General y el previsible visto bueno de los cinco países que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad.

La decisión, añaden las fuentes, "estaría en manos de los Estados miembros".

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