La expresidenta del Senado de Bolivia respalda la tesis del "golpe de Estado" ante la Fiscalía
La expresidenta del Senado de Bolivia Adriana Salvatierra ha respaldado la tesis del supuesto golpe de Estado en la nación andina tras las elecciones de 2019 y ha insistido en que Jeanine Áñez asumió la Presidencia de manera ilegal.
En una declaración voluntaria ante la Fiscalía, Salvatierra ha presentado "un conjunto de documentos" en los que "establece de forma fehaciente" que en Bolivia se produjo un golpe de Estado que se "materializó" en un "simulacro de sesión" en la Asamblea Legislativa que llevó a la asunción "ilegal" de la Presidencia, "sin cumplir los procedimientos constitucionales".
"Creo que el pueblo boliviano merece conocer la verdad y quienes estamos seguros de ella no nos abstenemos de declarar y, por el contrario, acudimos de forma transparente a la Justicia", ha defendido a su entrada al Ministerio Público, según ha recogido el diario boliviano 'Los Tiempos'.
Salvatierra era la presidenta de la Cámara Alta boliviana el 10 de noviembre, cuando dimitió el expresidente Evo Morales. Tras su dimisión, se produjo una cascada de dimisiones, entre ellas la de Salvatierra. También abandonaron sus cargos el vicepresidente, Álvaro García Linera; el primer vicepresidente de la Cámara Alta, Rubén Medinaceli; y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. Las dimisiones dejaron a Áñez, en aquel momento segunda vicepresidenta del Senado, como la única autoridad que no abandonó su cargo.
La declaración de Salvatierra tiene lugar después de que la Iglesia Católica boliviana haya publicado un documento sobre lo ocurrido en el marco de la crisis política de 2019. En el documento, de 25 páginas, la Conferencia Episcopal de Bolivia da su versión de los hechos y explica su papel en la toma de poder de Áñez. Según su posición, "se hallaba jurídicamente habilitada" para asumir la presidencia del Senado y después la de Bolivia.
La expresidenta del Senado ya negó esa versión y aseguró que Áñez, en prisión preventiva desde hace meses, acusada de sedición, terrorismo y conspiración por su rol en la crisis, fue elegida "antes" y que nunca le ofrecieron el puesto.
Según explicó, renunció a su cargo después de hablar con Morales y García Linera al poco tiempo después de la dimisión de estos. "Ellos me transmitieron que las Fuerzas Armadas no aceptaban la sucesión constitucional". "Dijimos que es imposible que se pudiera dar paso a una sucesión constitucional. Con un razonamiento claro: si Morales y García Linera renuncian para que cese la violencia y las Fuerzas Armadas manifiestan que incluso con la sucesión conmigo no va a cesar la violencia, mi participación en la sucesión no era una solución", insistió.
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