Las rondas campesinas liberarán a mujeres acusadas de hechicería si sus familias retiran denuncias de secuestro

Las rondas campesinas de Chillia, en el departamento peruano de La Libertad, han anunciado que pondrán en libertad a cuatro mujeres acusadas de hechicería solo cuando los familiares de estas retiren una serie de denuncias interpuestas por secuestro.

El presidente de las rondas campesinas de Chillia, Manuel Quijano, ha asegurado ante los micrófonos de la emisora RPP que las cuatro mujeres están "plenamente identificadas" como practicantes de "trabajos de hechicería".

En este sentido, ha apuntado que la liberación de estas tan solo se podrá dar si los familiares retiran las denuncias presentadas por secuestro. "Si no retiran las denuncias, yo tampoco puedo hacer nada", ha advertido Quijano.

En caso de que finalmente ambas partes lleguen a un punto de entendimiento, las rondas campesinas han añadido otra condición y es que las mujeres deberán abandonar la ciudad de Chillia una vez sean puestas en libertad.

Quijano ha confirmado también que ha mantenido una conversación con la Policía con el fin de verificar unos supuestos actos de tortura contra mujeres por practicar hechicería. El líder de las rondas campesinas ha defendido que esos abusos no han sido llevados a cabo en el territorio controlado por su colectivo y se ha comprometido a investigar los hechos y dar con los responsables.

Ocho mujeres fueron capturadas a principios de julio por la base ronderil de Chillia por haber practicado presuntos trabajos de brujería, según explicó el presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas de La Libertad, Pablo Haro.

De acuerdo con el dirigente ronderil, dos de ellas fueron liberadas y las otras seis permenecen retenidas, tras haber declarado que practicaron hechicería contra personas de la localidad de Chillia.

Este episodio se da en un contexto marcado por el reciente secuestro de dos periodistas por parte de las rondas campesinas en Chadín cuando tomaban declaraciones sobre Yenifer Paredes, cuñada del presidente Castillo, a la que se vincula con un supuesto delito de tráfico de influencias en la región.

Este incidente ha suscitado polémica en Perú, más aún cuando el primer ministro, Aníbal Torres, salió al paso para defender el trabajo en materia de seguridad que llevan a cabo las rondas campesinas, criticando para ello a las Fuerzas Armadas. Más tarde, este fin de semana, Torres ha rectificado sus palabras.

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