Manifestantes dan ultimátum para cambiar la ley electoral de Surinam
Activistas políticos de Surinam, acompañados por unos 200 manifestantes, presentaron este viernes ante el Parlamento un proyecto de reforma electoral para que sea evaluado de cara a las elecciones de 2025, constató un periodista de la AFP.
Este proyecto de reforma titulado "Una persona, un voto", fue presentado al presidente de la Asamblea Nacional, Marinus Bee, bajo la amenaza de volver a las calles de nuevo si no es examinado por el poder legislativo de aquí el 31 de marzo.
"Es una base para el trabajo y, por lo tanto, lógicamente esperamos que los miembros de la Asamblea trabajen en eso. Entonces es importante que la gente también lo vea", dijo Marge Getrouw, miembro de la delegación, luego de entregar el documento a Bee.
"Estamos felices de que hayan propuesto un proyecto. Lo compartiré con los 51 miembros (diputados)", aseguró el presidente de la Asamblea.
Los comicios legislativos, para elegir a los 51 diputados que luego elegirán al presidente, están previstos para 2025.
Los activistas quieren una nueva división electoral, pues consideran que pesan más las zonas rurales que las urbanas, además de un voto proporcional.
Esta manifestación fue la primera desde el "Viernes Negro", el 17 de febrero, por el alto costo de la vida que terminó en violencia y saqueos.
Esta vez, la policía armada con nuevos equipos de los que no disponían el mes pasado, se desplegó en gran número, con el apoyo del Ejército.
Surinam, un pequeño país del noreste de Sudamérica con 600.000 habitantes, está sumido en una grave crisis económica, y el año pasado cerró con una inflación del 54,6%, según el Banco Central. La antigua colonia holandesa espera con impaciencia la explotación de las reservas de petróleo, que se prevén elevadas.
El gobierno de Chan Santokhi insiste en que debe recortar gastos como parte del programa de reestructuración económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ha planteado reformas fiscales que incluyen la supresión de las subvenciones a la electricidad, el agua y la gasolina, así como un nuevo impuesto a las ventas.
Estas políticas suscitan fuertes críticas de la oposición y los gremios.
Surinam firmó un acuerdo por 690 millones de dólares con el FMI, pero los fondos terminaron congelados por no cumplir las condiciones exigidas.
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