Octavo sábado de protestas en Israel contra la reforma judicial
Miles de personas se manifestaron este sábado por la noche en Tel Aviv contra la reforma de la justicia impulsada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, considerada como una amenaza para la democracia por sus detractores.
Este octavo sábado consecutivo de protestas se dio tras la aprobación el martes, por el Parlamento israelí, de dos de las principales medidas de la reforma.
La primera modifica el proceso de nombramiento de los jueces y la segunda impide que la Corte Suprema anule cualquier ley fundamental aprobada por los legisladores.
Ese tipo de ley (equivalente a un artículo constitucional en un país sin Constitución escrita) se aprueba en Israel por mayoría simple de la Kneset (parlamento) y solo la Corte Suprema tenía el poder de derogarla.
Otra polémica disposición, que aún no fue sometida a voto, introduce una cláusula que permitiría al Parlamento anular por mayoría simple ciertas decisiones de la Corte Suprema.
"¡Democracia, democracia!", "No bajaremos los brazos", fueron algunas de las principales consignas coreadas por los manifestantes que recorrieron las calles del centro de Tel Aviv, ondeando banderas israelíes.
"Luchamos por nuestro país y por la democracia", dijo a la AFP Ronid Peled, que vive en Hod Hasharon, al norte de la capital económica israelí.
"Alguien debe frenar al gobierno, van a controlar nuestras vidas. Estamos horrorizados con la posibilidad de convertirnos en un país fascista", criticó una manifestante jubilada.
La reforma fue anunciada a principios de enero por el gobierno formado en diciembre por el conservador Netanyahu con ministros de derecha, ultraderecha y de formaciones ultraortodoxas judías.
Según sus detractores, el texto, que busca reducir la influencia del poder judicial en beneficio del poder político, amenaza la separación de poderes y el carácter democrático de Israel.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió el martes al Estado hebreo que suspenda esta medida, debido a sus posibles consecuencias en materia de derechos humanos y de independencia judicial.
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