Perú: mueren 6 soldados ahogados en un río durante protesta
LIMA (AP) — Seis soldados murieron ahogados cuando intentaban cruzar un río en los Andes para evitar enfrentarse con manifestantes que pedían la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte y los miembros del Congreso, informaron el lunes las autoridades.
El ministerio de Defensa indicó por la tarde que culminó las labores de rescate de los soldados al hallar el cadáver del último desaparecido, el cabo Carlos Quispe. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas indicó antes que los soldados, que estaban acantonados en la ciudad de Ilave, intentaban llegar como tropas de refuerzo a Juli, una ciudad cercana donde el sábado las manifestaciones dejaron cinco civiles heridos junto a una comisaría y un tribunal incendiados.
El ministerio condenó "la actitud hostil... por parte de violentistas que les impidieron el paso”, lo que llevó a la patrulla militar a buscar otro camino que incluyó cruzar el río Ilave por otra zona. Ilave y Juli son ciudades de la región Puno, donde las manifestaciones antigubernamentales son las más contundentes del país. En esa región 18 civiles murieron el 9 de enero durante una respuesta policial a una manifestación cerca del aeropuerto.
El ministerio de Salud informó que otros cinco soldados fueron atendidos por hipotermia. Videos difundidos por las televisoras locales mostraron a grupos de manifestantes que rescataron, cargaron, vistieron y dieron alimentos a los soldados rescatados del río que tiritaban de frío. La mayoría de los soldados son hijos de campesinos de la zona. Muchos de los padres de los soldados forman parte de las manifestaciones.
El campesino Samuel Canazas, padre del soldado fallecido Franz Canazas, de 20 años, dijo al diario La República que “la culpa la tenía la presidenta usurpadora Dina Boluarte”. Vestido con un sombrero de paño color negro y una gruesa casaca del mismo color, el hombre quiso llevar el cadáver de su hijo a su comunidad campesina llamada Olla para sepultarlo. Indicó que no pudo porque le indicaron que el cuerpo tenía que ser sometido a una autopsia.
Otro soldado, Yerson Mena, de 19 años, quedó descalzo entre los manifestantes que lo miraban, temblando cerca del río del que escapó de morir. Su madre llegó después y ambos se abrazaron. La mujer le dio de comer en la boca, mientras su padre Agustín Mena se sacó los zapatos deportivos que llevaba para que su hijo los use.
“Quiero saber quién ordenó que crucen el río, quiero ver su cara y sacarle la mierda", dijo. "Ya no volverá al cuartel... Mi hijo es joven, tiene una vida”, añadió.
El río Ilave es caudaloso en febrero debido al periodo de lluvias. Por eso, la orden de cruzarlo, emitida por los jefes militares fue puesta en cuestión.
La Defensoría del Pueblo dijo que solicitó a la Comandancia general del Ejército investigar las circunstancias en que ocurrieron las muertes y recordó que corresponde a las autoridades militares “garantizar la vida e integridad del personal a su cargo”.
Los militares controlan el orden interno en la región Puno desde inicios de febrero. Esta medida ha provocado fricciones con los ciudadanos que han pedido en diversas ocasiones que los uniformados se retiren. Los derechos constitucionales suspendidos son la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito y libertad de reunión.
Las manifestaciones en Perú empezaron el 7 de diciembre cuando Boluarte asumió el poder luego de que su antecesor Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, fue destituido por el Parlamento tras intentar disolver el Congreso. Las protestas se ampliaron a Lima en enero con pobladores que llegaron desde los Andes, sobre todo del sur, pero las manifestaciones disminuyeron a mediados de febrero.
Boluarte asegura que no renunciará hasta que sea elegido su sucesor, pero el Congreso ha archivado cuatro proyectos de adelanto de elecciones, incluido una del gobierno. Las dos últimas propuestas fijaban en octubre y diciembre el llamado a las urnas, pero fueron desechadas.
Las protestas han dejado hasta ahora un total de 66 fallecidos, en su mayoría manifestantes, según la Defensoría del Pueblo. De ese total 48 son civiles víctimas de choques directos con las fuerzas de seguridad.
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