Presidente mexicano pide ayuda para que Israel entregue a señalado "torturador"
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la comunidad judía en México interceder ante Israel para que entregue a Tomás Zerón, exjefe policial investigado por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa en 2014.
"Les pido a nuestros amigos de la comunidad judía en México que nos ayuden para informar, para sensibilizar a las autoridades de Israel (...) para que este señor, como lo está solicitando la Fiscalía, sea enviado a nuestro país", dijo el mandatario izquierdista en su conferencia de prensa diaria.
"El gobierno de Israel no puede darle protección a un torturador", añadió el gobernante, al recordar su insistencia ante ese país para que Zerón responda por esa y otras acusaciones.
El exfuncionario fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General y uno de los encargados de indagar la sonada desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (sur), ocurrida en septiembre de 2014.
Sin embargo, tras ser acusado de manipular la indagatoria y del secuestro y tortura de testigos, Zerón huyó de México y en 2020 fue ubicado en Israel.
López Obrador añadió que aunque no hay un acuerdo de extradición con el gobierno de Tel Aviv, se puede "encontrar un mecanismo" para que Zerón sea entregado a la justicia mexicana.
Recordó que funcionarios mexicanos viajaron a Israel para tratar el tema y que en 2021 envió una carta al entonces primer ministro Naftali Bennett, pero no obtuvo respuesta.
Zerón es uno de los artífices de la llamada "versión histórica" del caso presentada en enero de 2015 por la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), rechazada por familiares de las víctimas, expertos independientes y el actual gobierno, pues excluía la responsabilidad de militares.
También es acusado de malversar unos 55 millones de dólares de fondos públicos.
Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando intentaban apoderarse de autobuses en la localidad de Iguala (estado de Guerrero, sur) para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones.
Fueron detenidos por policías locales y se dijo entregados a narcotraficante del cártel Guerreros Unidos, a quienes se atribuye su asesinato.
Según la versión, los criminales habrían confundido a los jóvenes con miembros de una banda enemiga, pero una comisión del actual gobierno que investigó el caso sostiene que los delincuentes -en complicidad con policías y militares- buscaban recuperar droga escondida en un autobús tomado por los alumnos, sin que éstos supieran de su existencia.
Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres víctimas y permanece detenido el exfiscal general Jesús Murillo Karam, otro los responsables de la "verdad histórica".
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