Unos 45 países de la OSCE invocan el Mecanismo de Moscú ante la deportación de menores hacia territorio ruso
Unos 45 países de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) han invocado este jueves el Mecanismo de Moscú ante el traslado forzoso y la deportación de menores desde zonas ocupadas por Rusia hacia territorio ruso.
En concreto, los países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Turquía, Canadá y países de la Unión Europea, como Alemania, Francia o España, han enviado una carta informativa con esta petición al director de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE, Matteo Mecacci.
En 2022 los países de la OSCE ya invocaron uno de los párrafos del Mecanismo de Moscú para "abordar los Derechos Humanos y los impactos humanitarios de la invasión de la Federación Rusa y los actos de guerra" en Ucrania.
Tras ello, recibieron dos informes de las misiones de expertos independientes del 12 de abril y el 11 de julio de 2022, que determinaron que distintas violaciones de derechos por parte de Moscú en Ucrania podían constituir "crímenes de lesa humanidad".
Por todo ello, los 45 países de la OSCE han vuelto a resaltar los "continuos impactos de la actual agresión de Rusia contra Ucrania, en particular sobre la población civil, incluidos los niños", a raíz de las "numerosas denuncias creíbles de traslado forzoso" de menores.
"Nos preocupa que el traslado forzoso y/o la deportación también puedan exponerles a numerosas violaciones y abusos de los Derechos Humanos, en particular los relacionados con la ciudadanía, la separación de los padres o tutores, la adopción, y otras violaciones o abusos que conduzcan a la asimilación forzada", han indicado en un comunicado conjunto.
Asimismo, los países de la OSCE han expresado preocupación también por los llamados "campamentos de verano", en los que "supuestamente se ha impedido que los niños se pongan en contacto con sus padres o tutores o regresen con ellos".
El Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió a mediados de marzo una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.
