Cierre del Inadi: a dónde pueden hacer un reclamo las víctimas de discriminación
El Gobierno anunció que ahora hay que recurrir a la Justicia; hay dudas sobre cómo iniciar una demanda si ocurre en el ámbito laboral; los costos de optar por la vía judicial también son señalados como un obstáculo para los ciudadanos
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LA NACIONLorena Oliva
El 5 de agosto pasado, el Gobierno anunció el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). En el mismo decreto que oficializa la disolución también especifica que, de ahora en más, las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo estarán a cargo del Poder Judicial, aunque no aporta detalles sobre el destino de la línea 168, que recibía consultas y denuncias.
En un comunicado que difundió al día siguiente a través de X, el Ministerio de Justicia hizo saber que la disolución del Inadi era el punto final de un proceso que había comenzado meses atrás. “En una primera etapa de saneamiento se despidió a más del 50% de los empleados y se cerraron todas las dependencias, que sumaban 45 a lo largo del país. En una segunda y última etapa se desvincularon a los empleados restantes”, aporta el documento. “Quien quiera hacer una denuncia debe realizarla ante la Justicia”, puede leerse en el último párrafo de la comunicación.
LA NACION consultó al organismo sobre el destino de la línea 168, así como sobre la existencia de algún mecanismo para recibir denuncias pero no obtuvo respuesta.
Lo cierto es que si bien para iniciar un reclamo judicial no es necesario contar con un abogado, si la demanda prospera la víctima debe contar con una representación jurídica y con los medios económicos que implica iniciar un juicio. Por todo esto es que la abogada Alejandra Martínez, presidenta de la fundación Microjusticia Argentina, que trabaja por el acceso a la Justicia de las personas más vulnerables, califica esta acción como “engorrosa y alejada del alcance de muchas personas”, lo que podría funcionar como un obstáculo a la hora de denunciar.
“Que la vía que se propone sea judicial puede disuadir a muchas personas de denunciar. Por ejemplo, la posibilidad de iniciar un juicio se complica si el hecho ocurre en el ámbito laboral, ya que el trabajador tendría que considerarse despedido para accionar legalmente. Es decir, que el perjuicio sería mayor todavía al perder el trabajo”, explica.
Más allá de lo que anunció el Gobierno nacional y a la par de la vía judicial (por ejemplo, está también el área de Discriminación del Ministerio Público Fiscal de CABA), hay otros canales de reclamo que permanecen vigentes, como las Defensorías del Pueblo o la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. “Estas instituciones son muy efectivas por su presencia territorial, pero la contra que tienen es que cada resolución es en el uno a uno, se pierde la oportunidad de que, a partir de las denuncias recibidas, se lleven adelante acciones de concientización que generen cambios a nivel social”, agrega Martínez.
Por eso, Martínez considera que es mucho lo que pierde la sociedad con el cierre del Inadi. “Me hubiera gustado que se trabajara sobre lo que no funcionaba en lugar de cerrarlo. Vivimos en un país diverso pero todavía tenemos mucho que aprender en materia de convivencia. Lo ideal siempre es hacerlo no desde lo punitivo sino desde la educación”, reflexiona.
La abogada Patricia Gomes recuerda que el dictamen favorable que una persona víctima de discriminación obtenía cuando reclamaba ante el Inadi era muy útil en caso de que luego quisiera iniciar un juicio. “Ahora que esa opción no está, es importante que las víctimas sigan teniendo un lugar a donde recurrir para reclamar, que no se queden sin respuesta”, dice Gomes, que trabaja por la causa afrofeminista y contra el racismo.
“En muchas provincias, el único lugar a donde recurrir ante un caso de discriminación era el Inadi. En las grandes ciudades hay otros canales para denunciar, pero en el interior es en donde se va a sentir más su cierre”, reflexiona Gomes, miembro de la Organización de Afrodescendientes para la Formación y el Asesoramiento Jurídico, quien coincide con Martínez con respecto a que los costos económicos que hay que afrontar para iniciar un juicio pueden funcionar como un obstáculo a la hora de hacer valer derechos.
“El Estado tiene la obligación de brindar patrocinio jurídico gratuito a quien no puede afrontar ese costo. Pero en general hay un déficit muy grande en la materia”, reconoce Gomes. “Recurrir a la Justicia no es fácil”, concluye.
Más información:
- El Ministerio Público Fiscal cuenta con un área de Discriminación. La línea 0 800 33 347115 (FISCAL) atiende las 24 horas. Además se puede denunciar desde la app “DENUNCIAS MPF”, enviando un mail a denuncias@fiscalias.gob.ar, realizando una denuncia presencial de lunes a viernes de 9 a 20hs en Av. Paseo Colón 1333, CABA, o a través de www.mpfciudad.gob.ar
- La Defensoría del Pueblo de la Ciudad asesora ante problemas con vacantes escolares, en casos de discriminación por motivos de género y de vulneración de derechos a las personas migrantes. También ofrece patrocinio jurídico para colectivos vulnerados. Se puede consultar online. También brinda atención presencial de 10 a 17 en Av. Belgrano 673, CABA. Tel: 0800 999 3722
- La Defensoría del Pueblo de la Nación interviene en casos de discrminación que involucren a escuelas, tribunales de de Justicia, comisarías y cualquier organismo estatal. Se puede denunciar en forma presencial en Suipacha 365, CABA; también en forma telefónica al 0810 333 3762 o por WhatsApp al 5411 3762 4966. También se puede denunciar online o por mail a defensorq@defensor.gob.ar
- En la Provincia de Buenos Aires, ante vulneraciones a los derechos humanos se puede denunciar en la Subsecretaría de Derechos Humanos, a través del mail (denunciasdh@mjus.gba.gob.ar), al 0800 666 0943 las 24 horas, o al Whatsapp 221 589 5591 de 8 a 18 horas
- La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires asesora y acompaña en causas administrativas o judiciales relacionadas con discriminación por género, por edad, por diversidad corporal y por ser migrante, entre otras causas. Quienes lo necesiten, pueden comunicarse al 0800 222 5262 o vía WhatsApp al 221 358 1323 o consultar en la web
- Para contactar a la Fundación Microjusticia Argentina podés hacerlo por WhatsApp al 11 5122-4545 o escribir a consultas@microjusticiaargentina.org
- La Organización Afrodescendiente para la Formación y Asistencia Jurídica (OAFRO) tiene cuenta en Instagram. Quienes deseen contactarse pueden hacerlo por mail a: oafro.arg@gmail.com
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