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Gustavo Moreno: “En los hoteles hay muchas situaciones de violencia que hay que atender”
El asesor tutelar de la Ciudad sostiene que el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat tiene la obligación de acompañar a las familias a las que les otorga un subsidio habitacional pero que esto no siempre ocurre
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LA NACIONLorena Oliva
El asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Moreno, está fuertemente familiarizado con la crisis habitacional que padecen miles de personas en la Ciudad. En parte, porque la conoce de primera mano.
“Yo me crié en un conventillo en la zona de Constitución. En lo que se llamaba un inquilinato. Todos mis amigos vivían en hoteles o en inquilinatos. Yo conozco esta realidad. Conozco la realidad de vivir en una pieza en donde duermen papá y mamá, pero también los chicos. Sé que se come en esa pieza. Sé que los chicos estudian en esa pieza. Yo me crié en una pieza y en ese inquilinato hasta me recibí de abogado. Quizás me dediqué a la política de vivienda un poco por todo esto”, se sincera.
La crisis habitacional en la Ciudad tiene larga data. Actualmente, aunque no hay cifras oficiales, algunas estimaciones sostienen que alrededor de 100.000 personas –la mayoría muy vulnerable en materia económica y social– dependen del alquiler de habitaciones en inquilinatos, conventillos y hoteles. Se trata de un mercado que funciona poco regulado y del que cuesta salir, pese a que se lo piense como una alternativa transitoria.
El incendio de un hotel en Microcentro, ocurrido hace pocas semanas, en el que perdió la vida una persona y otra resultó gravemente herida, es una muestra de los riesgos a los que están expuestas las familias que viven en estos espacios. Sin embargo, Moreno considera que los controles son intermitentes.
−Buena parte de las familias que se alojan en hoteles pensión lo hacen con un subsidio estatal. ¿Cuándo se inicia esta política?
−El mecanismo o dispositivo de hoteles es muy viejo, tiene sus inicios en los tiempos en los que era jefe de Gobierno Fernando de la Rúa. Es un dispositivo que debería ser transitorio. Se enmarca dentro de lo que se llama derecho a la vivienda, un derecho del que se habla mucho pero está poco trabajado porque no tenemos una ley de vivienda de la Ciudad, no tenemos un ministerio de vivienda sino un instituto que está ubicado en este momento dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad. Tenemos muchos actores que trabajan en el tema pero están muy desperdigados.
−Diferentes sectores denuncian las malas condiciones en la que funcionan estos espacios. ¿Qué ocurre con los controles?
−Los hoteles tienen control, como cualquier actividad de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, y está en cabeza de la Agencia Gubernamental de Control, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control. Además, estos hoteles tienen que ser habilitados por la Dirección General de Habilitaciones y Permisos. Este tipo de control es intermitente. Además, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat debería acompañar a las personas que permite que se alojen ahí con un subsidio estatal. Y eso no se hace. Siempre ha sido muy deficiente. Esto, pese a que el Tribunal de Justicia dijo que el Gobierno tiene la obligación de entregar los subsidios habitacionales y hacer un seguimiento social a las familias.
−¿Por qué es necesario el seguimiento?
−Lo de los hoteles no es solamente una cuestión del derecho a la vivienda, sino que hay muchas situaciones que son de violencia de género, de violencia contra los niños, de niños que no están escolarizados, o que tienen alguna enfermedad o una discapacidad que hay que atender. Tanto en lo que tiene que ver con la cuestión educativa, como la sanitaria, como con la violencia, son cuestiones que deberían tener un fuerte seguimiento por parte del Ministerio y no lo tienen, salvo que se lo ordene un juez. Es “entrego el subsidio y me olvido de todo”. Y lo peor de todo es que el Tribunal Superior ha dicho que el gobierno no puede hacer eso.
−Ante eso ¿qué pueden hacer las familias?
−La única forma de acceder a un monto mayor de subsidio, o a un seguimiento y, a veces, a una prestación de alimentación, educativa y de salud es a través de un juicio de amparo y eso es lamentable. Si Ud. pide estadísticas al ministerio, se va a encontrar con que el programa de subsidios habitacionales está judicializado casi en la mitad de los casos. Lo que es muy grave. Si yo tengo un programa social y está judicializado, o sea que los jueces me vienen ordenando lo que tengo que hacer, es porque está funcionando mal.
−Sin embargo, no es fácil el acceso a la Justicia para las personas de bajos recursos.
−El acceso a la Justicia es complicado ya de por sí, y más en pandemia, donde muchos trámites se hacen en forma digital y la gente a veces no tiene un correo electrónico, ni mucho menos sabe escanear la documentación para enviarla. Se ha hecho muy difícil, más allá del esfuerzo que hemos hecho los defensores de menores.
−Volviendo a los hoteles, muchos de estos lugares no cumplen con las condiciones de salubridad, higiene y seguridad para funcionar. Pero si se desalojan, la pregunta es a dónde van esas personas…
−Ahí hay mucha tensión. Muchas veces esa tensión es con organizaciones sociales, porque ha habido inmuebles donde están los hoteles que son deficientes no en higiene solamente sino en los temas de seguridad, y las organizaciones se oponen. Pero los asesores no podemos permitir que los menores vivan en condiciones inseguras. Y en esos casos, el Gobierno de la Ciudad vuelve a dar una respuesta de carácter circular, ofreciendo un subsidio para que se vayan a otro lado. “Yo le doy un subsidio, si la familia se aloja en ese hotel, yo no tengo nada que ver”. Es ingrato porque no es así.
−¿Existen alternativas para que estas familias puedan acceder a una solución definitiva?
−Hay alternativas. Hay un estudio del IVC y del propio Gobierno de la Ciudad que dice que hay cerca de 118.000 viviendas ociosas. A esas viviendas se les podría poner un impuesto más, como se hace en otros países, y tener un recurso más para destinar a una planificación. La segunda es que el gobierno lance una garantía de caución para favorecer que las familias puedan ingresar en el sistema inmobiliario del alquiler. Y también habría que establecer una ley de vivienda y de viviendas sociales. La Ciudad no hace viviendas sociales salvo que tenga fallos judiciales en contra. La respuesta de los gobernantes de la Ciudad va a ser: “Ojo, si yo profundizo o mejoro la política de Vivienda de la Ciudad como la de Educación y la de Salud, va a venir el primer cordón de Provincia”. Hay que hacer una política para toda el área metropolitana. Y, para esto, acordar y consensuar también con el gobierno provincial.
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