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La historia detrás de la condena a un equipo periodístico de LA NACION
Un juez de Formosa dispuso cinco días de arresto, sustituibles por una multa de $282.550, para los enviados especiales, que habían sido intimidados por la policía provincial durante la cobertura
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LA NACION
Un equipo de LA NACION fue condenado a cinco días de arresto, sustituibles por una multa de $282.550 para cada uno de los integrantes, por haber realizado entrevistas y filmaciones en la Comunidad San José, en Formosa, pese a que contaban con el permiso necesario. Durante aquella cobertura, los enviados especiales sufrieron persecuciones e intimidaciones, que quedaron registradas en material fílmico.
Omar Padilla, el juez de menor cuantía de Las Lomitas, consideró a los enviados especiales Micaela Urdinez, Lautaro Guillamondegui, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán responsables de haber violado el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, por haber desarrollado una actividad sin contar con la autorización previa y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo. El magistrado es militante de Gildo Insfrán, el gobernador que lleva más de 30 años en el poder.
El hecho inicial ocurrió el 15 de septiembre de 2025, cuando el equipo de Hambre de Futuro, un proyecto de Fundación LA NACION, arribó a la localidad de Las Lomitas, ubicada en el corazón de la provincia de Formosa, con el objetivo de visitar a las comunidades originarias nivaclé de San José y El Algarrobal, junto a la Asociación para la Promoción de la Cultura y del Desarrollo (APCD).
De la armonía a una supuesta denuncia
“Siempre esperamos gente que viene de lejos, me gusta conocerlos y charlar un rato”, dijo Guillermo López, el cacique de la comunidad San José, que recibió a los periodistas en una asamblea comunitaria. Con él estuvieron grabando un día completo en perfecta armonía.
LA NACION realizó entrevistas con el cacique, con su mujer, con su hija y con su nieta, que pueden verse en el documental que realizó Hambre de Futuro sobre la realidad del pueblo nivaclé que se emite en LN+ y que también puede verse en YouTube.
Ese mismo cacique, supuestamente radicó el 19 de septiembre una denuncia contra los enviados especiales por haber alterado el orden público y por no haberse retirado de la comunidad cuando él lo había solicitado. Eso nunca ocurrió.
Cuando el equipo regresaba en su camioneta tras el día de trabajo, fue detenido cerca de la entrada a Lamadrid, el lugar de hospedaje de los enviados, en un control policial donde estaban el jefe del destacamento y una persona de civil no identificada para decirles que tenían que ingresar a la comisaría porque los tenían que notificar de una denuncia.
En total, cuatro personas de civil manejaban todo el operativo. Una de ellas, que se identificó como Hugo pero se negó a dar su apellido, se acercó a la camioneta para increpar al equipo periodístico. “El hecho es que ustedes publicaron en Instagram que el gobierno de Formosa no los reconoce como pueblo. Y les vuelvo a explicar que ya está reconocido porque el gobierno ya les dio documentos y acceso a la salud, a la educación y tienen los mismos derechos que los otros”, dijo en referencia a las comunidades originarias.
Una vez en la comisaría, y después de dos horas de discusiones, el equipo acordó con la policía que sacaran las mesas afuera del destacamento y leyeran en voz alta la acusación. Cuando los enviados pidieron tomar una foto al documento que estaban firmando, las autoridades se negaron.
Cuando Urdinez, la periodista que encabezó la cobertura consultó a López sobre la denuncia, el cacique no sabía de qué le estaba hablando. Alguien de la comunidad luego contó que la policía había ido la noche anterior y que se lo habían llevado solo al destacamento.
La cronista quiso saber entonces si le habían hecho firmar algún papel o documento. “Sí, pero yo no sabía qué era”, respondió López, que además desconocía los apellidos de los enviados y sus números de documento, que figuraban en la denuncia.
En noviembre de 2025, Urdinez, Corbalán, Guillamondegui y Rajadel declararon antes del juez Padilla de manera virtual para dar su versión de los hechos: el gobierno de Insfrán había orquestado una denuncia falsa para amedrentar al equipo periodístico e interrumpir su tarea: López había participado gustosamente de la cobertura y firmó algo que desconocía.
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