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Clara Quarteroni había salido de la facultad y esperaba sentada en el banco de una plaza de La Plata a su novio, que todavía estaba en el colegio. Él era un año más chico y cursaba el secundario. Ella tenía 18 años y estudiaba Ciencias Políticas. Almorzar juntos después de clases era parte de su rutina.
En ese banco, un mediodía de agosto del año pasado, la joven recibió un mensaje de Instagram que le hizo sentir que el mundo se le rompía entre las manos.
Era de una chica a la que conocía poco. “Hola, ¿cómo estás? Me apena mucho tener que escribirte por esto”, decía.
Del otro lado le contaban que un usuario de Twitter, que tenía más de 3.000 seguidores, estaba publicando fotos de chicas de La Plata y Clara era una de ellas.
Las imágenes habían sido tomadas de las cuentas personales de Instagram y TikTok de las jóvenes y estaban acompañadas por una catarata de comentarios sexuales.
Algunas de las chicas aparecían desnudas mediante inteligencia artificial. Otras imágenes, como las de Clara, no habían sido alteradas y las mostraban, por ejemplo, en bikini.
En todos los casos el mecanismo era parecido: las publicaciones no revelaban quiénes eran las jóvenes y, en los comentarios, usuarios ofrecían dinero para obtener sus nombres reales o sus cuentas de Instagram.
Debajo de una de las fotos de Clara, uno de los comentarios decía: “Te doy 5k por el usuario de ella”.
Paralizada por la situación, Clara, que no tenía Twitter, acudió a la primera persona en la que confiaba. Le escribió a su novio: “Che, amor, me escribió una chica diciéndome esto, fijate si es verdad”.
Él le respondió que ya sabía de la cuenta. Le dijo que unos compañeros del colegio se la habían mostrado e incluso le aseguró que había intentado denunciarla.
Pero mientras seguía chateando con la chica que la había alertado, Clara supo algo más. “Yo veo que todas las fotos las sacaron de tu Instagram, pero hay una que no”, le escribió la joven a Clara y siguió: “Esa no la subiste a tus redes”.
Era una foto tomada en la playa: Clara, con una bikini blanca de dos piezas. Una imagen que nunca había publicado. Solo se la había mandado a una persona. Su novio.
“Ahí sentí un frío en el cuerpo”, recuerda hoy, a los 19 años. “Porque me di cuenta de que había sido él el que había compartido mi foto”.
En la Argentina, la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas o privadas —como la que Clara le había enviado a su novio— se encuadra dentro de la llamada Ley Olimpia. Sancionada en 2023, reconoce como violencia digital prácticas como la difusión de contenido íntimo sin permiso, la exposición de datos personales y la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial.
En ese banco de plaza, abrumada y con la confianza hecha polvo, Clara todavía no lograba entender del todo qué estaba pasando. Pero había algo que ya había sentido en el cuerpo: ella y el resto de las chicas platenses cuyas imágenes circulaban en esa cuenta habían sido víctimas de violencia sexual digital.
“Lo que me pasó hizo que cambiaran muchas cosas en mi vida”, dice hoy Clara. Después de aquel episodio, se pasó a la carrera de Comunicación Digital en la Universidad Nacional de La Plata y actualmente participa de un programa de streaming donde tiene una columna sobre inteligencia artificial y cultura digital.
Desde ese espacio busca alertar sobre la falta de herramientas legales y educativas para abordar situaciones como la que le tocó atravesar.
También forma parte de Altavoz, un programa federal creado por la cordobesa Paz María Juárez que reúne a jóvenes de todo el país para formarse en salud mental, salud sexual, investigación y oratoria, con el objetivo de transformar experiencias personales en contenidos y charlas de impacto social.
“Aprendí a los golpes. Por eso hablo de esto: para que otras chicas no tengan que atravesarlo solas”, subraya Clara.
Cuando Clara enfrentó a su novio después de enterarse lo que había pasado con su foto, él negó todo. Le dijo que probablemente le habían hackeado la cuenta y le mostró un inicio de sesión desconocido en el Google Fotos de Clara.
“Yo en ese momento no entendía nada de digitalidad. Y le creí”, dice hoy la joven.
Durante semanas, esa fue la explicación oficial de lo que había pasado.
Hasta noviembre. Una noche, Clara salió de cursar y fue a dormir a la casa de él. Hacía poco habían cumplido un año juntos, después de otros siete meses saliendo.
“Yo soy muy Disney”, dice. “Era mi primer noviazgo en serio. Pensaba que iba a durar siempre”.
Él le había prestado la computadora para terminar un trabajo práctico de Estadística. Clara abrió un Word y fue a insertar una imagen. Y aparecieron las capturas. Decenas de capturas de pantalla de chicas conocidas sacadas de redes sociales.
“Eran todas fotos robadas de Instagram de amigas mías, de él e incluso de mi hermana de 14 años”, recuerda. “Me corrió un escalofrío por el cuerpo. Me quedé dura”, cuenta.
Primero él dijo que las imágenes no eran suyas. Después admitió que “tenía un problema”.
Clara empezó a reconstruir mentalmente todo.
La foto privada en bikini enviada a la cuenta de Twitter. Las capturas sistemáticas. Los mecanismos de circulación. Las coincidencias.
“Ahí empecé a entender que era mucho más amplio y sistemático de lo que yo imaginaba”, dice.
También sospechó que esas imágenes no quedaban únicamente almacenadas en una computadora, sino que podían formar parte de circuitos de intercambio entre adolescentes.
Esa noche, Clara terminó la relación.
Después vinieron las pesadillas. Los problemas para volver a confiar. La culpa. Y la espera para conseguir atención psicológica.
“Estoy en lista de espera desde diciembre para conseguir turno con un psicólogo por la obra social”, cuenta.
“Sentí mucha culpa por haber expuesto a las mujeres de mi entorno a una persona así”, agrega. Con el tiempo entendió otra cosa: que lo que había vivido no era un caso aislado.
Los expertos llaman “deepfake porno” a las imágenes sexuales falsas generadas mediante inteligencia artificial. Con apenas unas fotos tomadas de redes sociales, hoy existen plataformas capaces de fabricar desnudos y videos sexuales hiperrealistas de cualquier persona.
Pero la violencia sexual digital va mucho más allá. También incluye la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la sexualización de fotos, la exposición de datos personales y la circulación clandestina de contenido entre usuarios.
En Argentina existen más de 30.000 grupos en sitios de Internet y redes sociales en los que miles de personas consumen, comparten, distribuyen y comercializan fotos y videos de mujeres sin su consentimiento. El dato surge del relevamiento de mercados de explotación sexual en Internet que están disponibles en nuestro país y fue realizado por el Frente Nacional para la Sororidad México.
Aquella noche en que volvió a su casa después de cortar con su novio, encerrada en su cuarto, Clara descubrió además que había dejado abierta su cuenta de Google en la computadora de él.
“No sabía cómo cerrarla remotamente. Lo aprendí mirando tutoriales de YouTube”, cuenta.
Desde entonces empezó a leer obsesivamente sobre seguridad digital, hackeos, inteligencia artificial, cookies y deepfakes.
“La vida no me dio opción. Si nosotros corremos, la IA vuela”, resume.
Dice que una de las cosas que más la impactó fue descubrir la ausencia de información y acompañamiento que existe en las escuelas frente a estas situaciones.
“Hoy, de cinco escuelas, en tres está pasando esto”, advierte.
Por eso participa de Altavoz: su objetivo es capacitarse para dar charlas en escuelas y que su experiencia sirva para alertar, prevenir y dar herramientas.
Después de terminar su columna en el programa de streaming, mientras sale corriendo para llegar a tiempo a la clase de radio en su facultad, Clara concluye: “Si viene mi hermana o cualquier otra chica y me dice ‘me está pasando esto’, hoy ya sé cómo ayudarla. Yo no lo sabía cuando me pasó a mí y me hubiese encantado”.
• La víctima puede acercarse a la fiscalía especializada en cibercrimen de su jurisdicción y hacer la denuncia. En caso de no contar con una unidad especializada, se puede denunciar en la fiscalía más cercana.
• La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación recibe denuncias al 11-5071-0040 o por mail a denunciasufeci@mpf.gov.ar
• En la Ciudad de Buenos Aires se puede escribir por mail a denuncias@fiscalias.gov.ar y esperar a ser contactado por personal especializado. Además, se puede llamar al 0800-333-347225.
Esta nota forma parte de Hablemos de Todo, una iniciativa de Fundación LA NACION que busca cuidar y acompañar la salud mental de los niños y adolescentes. El proyecto ofrece herramientas, visibiliza historias en primera persona y acerca recomendaciones de especialistas.
