Fallo histórico: obligan a policías a capacitarse contra el racismo

El militante afrouruguayo Ángel Acosta Martínez recuerda que, en 1982, decidió traerse a vivir a su hermano a la Argentina para terminar con la persecución y las constantes golpizas que el joven recibía en Uruguay por motivos raciales. Por una ironía del destino, José Delfín Acosta Martínez murió en nuestro país en 1996, a los 32 años, víctima de violencia policial impulsada por el racismo. Un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó, 24 años más tarde, que “los agentes de policía actuaron movidos más por un perfil racial, que por una verdadera sospecha de comisión de un ilícito”.

Meses antes de la sentencia, dada a conocer el 14 de este mes, el Estado argentino reconoció la responsabilidad local en la violación de los derechos humanos contra Acosta Martínez, luego de haberla negado durante más de una década. Se trata de la primera resolución en América latina en la que el organismo internacional considera que el origen étnico de una persona fue determinante para que se efectuara su arresto arbitrario y discriminatorio.

La sentencia reconoce la existencia del racismo estructural en nuestro país y, entre las medidas de reparación, obliga al Estado a elaborar un registro de detenciones por causas arbitrarias y discriminatorias. También establece que se debe capacitar a las fuerzas de seguridad sobre el carácter discriminatorio que tienen los estereotipos de raza, color, nacionalidad u origen étnico, así como la sensibilización sobre el impacto negativo que la utilización de perfiles raciales tiene sobre las personas afrodescendientes.

“Hay quienes me dicen ‘hiciste justicia’, pero yo no lo veo así. Se hará justicia cuando estén en la cárcel los asesinos, pero también los cómplices y los encubridores del crimen de mi hermano”, explica Acosta Martínez a LA NACION.

Durante el proceso –llevado primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego remitido a la Corte del organismo internacional– quedó demostrado que, en la madrugada del 5 de abril de 1996, José Delfín Acosta Martínez se encontraba en la entrada del boliche Maluco Beleza, ubicado en el Centro porteño. Allí fue detenido junto a otros ciudadanos afrodescendientes por policías que llegaron al lugar. Los detenidos fueron conducidos a la comisaría 5ta. en donde, según la versión policial, el hombre de 32 años se habría arrancado la ropa y comenzado a golpearse contra las paredes y una mesa sin que los efectivos pudieran controlarlo, y que murió camino al hospital Ramos Mejía.

“Cuando fui a reconocer el cuerpo, le vi golpes por todos lados. Algunos parecían marcas de bastonazos. Cuando me entregaron sus ropas, la camisa estaba limpia, sin restos de transpiración, y José era de transpirar mucho. Además, me decían que se había arrancado la ropa, y la camisa tenía todos los botones. Estaba lavada. El pantalón tenía marcas de zapatos, en ese momento no lo entendí, pero después caí en la cuenta que eran producto de las patadas que le propinaron. Me dieron sus cadenitas en perfecto estado, pero nunca me entregaron las llaves de la casa”, recuerda Ángel Acosta Martínez.

La abogada de la familia, Myriam Carsen, denuncia que la Justicia local se negó a investigar y a los veinte días cerró la causa. “En el juzgado N° 10 tomaron la versión policial llena de inconsistencias como cierta. El juez la aceptó y rechazó los planteos de la querella. Es un caso en el que se llegaron a fraguar, incluso, los resultados de la autopsia. El comisario salió en conferencia de prensa a hablar de sobredosis de drogas y alcohol cuando todavía no estaban los resultados de las pericias toxicológicas. Cuando la familia traslada el cuerpo a Uruguay para que se le realizara una nueva autopsia, allí figura la existencia de golpes que el Cuerpo Médico no había visto”, explica Carsen, hija de Octavio Carsen, el abogado que llevó adelante la causa casi desde sus inicios, recientemente fallecido.

Acosta Martínez recuerda que, tras la muerte de su hermano, comenzaron las amenazas y el hostigamiento tanto hacia su familia como hacia algunos testigos. “Me atropellaron seis veces, me amenazaron de diferentes maneras. Todo eran palos en la rueda. Me costó seis meses lograr llevar el cuerpo a Uruguay para la nueva autopsia. Pero el cuerpo estaba sin órganos. Sin embargo, los médicos de allá consideraron inverosímil la cantidad de alcohol y drogas que supuestamente mi hermano había ingerido. Si hubiera tenido tal cantidad, hubiera llegado a la comisaría en coma”, explica el hombre, un reconocido militante afrodescendiente, quien agrega que su hermano ni siquiera tomaba alcohol porque estaba bajo tratamiento médico.

Después de años de idas y vueltas judiciales a fines de los noventa, los Acosta Martínez –una de las familias afrodescendientes más antiguas de Uruguay, reconocida por la preservación y difusión del candombe como forma de vida– llevaron el caso de José Delfín ante la Comisión Interamericana de Derechos Humano en el año 2002. “Durante todo el tiempo que duró el litigio, el Estado argentino, representado por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y de Cancillería, negó cualquier violación a los derechos humanos. De hecho, el año pasado, cuando el caso llegó a la Corte, el Estado argentino volvió a ratificar su posición. Sin embargo, en una audiencia celebrada en marzo de este año, los mismos organismos, cambio de gobierno mediante, reconocieron la responsabilidad”, explica Carsen.

Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos, confirma que el reconocimiento de la responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos no era la postura que el Estado había mantenido durante todos los años anteriores. La funcionaria menciona diferentes razones para tan rotundo cambio de posición.

“El gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2019 reconoce como su columna vertebral la defensa de los derechos. Cuando advertimos que hay violaciones de derechos humanos, nuestro deber como abogados del estado es no litigar y reconocer la responsabilidad. Pero además había un informe de 2015 muy categórico, de la Procuraduría de Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal, que había concluido que en el caso se habían cometido violaciones a los derechos humanos. Se había elaborado en el marco del litigio internacional y tenía hasta pericias que habían determinado que el joven no se murió por sobredosis sino por golpes. No podíamos seguir defendiendo lo indefendible”, menciona la funcionaria.

Pochak considera que quedó probado que la detención estaba basada en sesgos raciales, absolutamente discriminatorios. Y aunque se trata de un hecho ocurrido hace 24 años, cree que da en el centro de una problemática que sigue vigente en el país. “Se trata de un caso paradigmático, sobre todo si ahora uno ve que hay detenciones y violencia policial que se ensaña, por ejemplo, con la colectividad senegalesa. En ese sentido, este fallo puede ayudar a las distintas autoridades del Estado y el Estado es uno solo –nacional, provincial, local– a mejorar”, analiza Pochak.

Por su parte, si bien Acosta Martínez celebra el fallo en lo que hace a la detención ilegal de su hermano, siente que todavía hay mucho por decir sobre el posterior encubrimiento. “Ante la Corte, la posición del Estado estuvo representada todos estos años por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y de Cancillería que, sistemáticamente, negaron cualquier delito. Incluso, a sabiendas de la existencia del dictamen de la Procuraduría que decía lo contrario y que, por otra parte, a nosotros nos ocultaron”, denuncia.

En este sentido, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, previo al fallo, hace una observación al respecto: “No deja de llamar la atención que ‘el Estado no haya hecho del conocimiento público, ni del de la Comisión y ni siquiera de la familia’ el contenido del informe técnico realizado por la Procuraduría Especializada contra la Violencia Interinstitucional”, puede leerse en uno de sus pasajes.

En función del mencionado informe y del avance del caso en la Corte IDH, el año último la causa judicial se reabrió en el mismo juzgado. “No tengo el poder para pedir que se cambie de juzgado, pero que se tramite ahí no me da seguridad, me afecta hasta emocionalmente que esté ahí. Y aparte ya sabemos que los jueces pasan, pero los juzgados son como familias, que se cubren entre ellos”, afirma Acosta Martínez.

Si bien hoy cuenta con el respaldo del fallo y el informe técnico de la Procuraduría, el hombre se muestra escéptico ante los posibles alcances del juicio. “A mi hermano no solo lo mataron por negro sino también por defender los derechos de los negros. En el episodio que da origen a su detención, la Policía estaba hostigando a un afrobrasileño y él se involucró para defenderlo. Más de 20 años después, la vida de un negro o de un originario siguen sin valer nada en la Argentina. Si hasta el mismo presidente Fernández dice que los argentinos descienden de los barcos. El racismo está tan instalado que no se dan cuenta”, analiza. Es por eso que Acosta Martínez sueña con un instrumento legal que, a la manera de la Ley Micaela, sensibilice sobre el racismo y la discriminación. “Se podría llamar José Delfín”, concluye.

Por Lorena Oliva

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