“Soñaba con venir a Buenos Aires y ser cantante”: la historia del chico que hallaron muerto en un hogar de niños y destapó casos de abuso y torturas

Cristian era un chico de sonrisa amplia, al que le encantaba la música (había aprendido por su cuenta a tocar la guitarra y el cajón peruano) y hacer deportes, sobre todo jugar al fútbol. Quienes lo conocieron de cerca, lo describen como un joven “lleno de sueños”, compañero, leal, transparente y “súper protector de sus hermanos”. El 22 de febrero, encontraron su cuerpo sin vida en una habitación del hogar de niños Rincón de Luz, en la localidad correntina de Virasoro. Tenía 14 años y en un primer momento se habló de un suicidio, pero hoy la causa está caratulada como “muerte dudosa”.

Cristian y siete de sus diez hermanos (sus nombres fueron cambiados en esta nota para preservar sus identidades) entraron por primera vez a un hogar una década atrás, cuando él tenía apenas cuatro años. Rotando por distintas instituciones, pasó prácticamente toda su vida no sólo privado de un derecho fundamental, el de crecer en familia, sino expuesto a numerosas violencias a manos de los empleados estatales que debían cuidarlo.

Su muerte desató una serie de denuncias por parte de otras chicas y chicos que vivieron en hogares de Virasoro y de la localidad cercana de Santo Tomé (hoy conocidos como “hogares del terror”), y que compartieron en las redes sociales relatos estremecedores de abuso sexual, torturas y otros maltratos físicos y psicológicos sufridos durante esos años. Pero, más allá de las violencias ocurridas en esas instituciones en particular, la historia de Cristian puso de manera cruda sobre la mesa una realidad que en general permanece invisibilizada: la de tantas niñas, niños y adolescentes que pasan años (en algunos casos, toda su infancia) en hogares de protección esperando que se resuelva su situación.

Mientras tanto, quedan en una especie de limbo. Así lo vivió Sebastián, uno de los hermanos mayores de Cristian. Hoy tiene 16 años y vive en Santo Tomé, con una familia a la que le otorgaron su guarda en 2020. Recuerda que él tenía siete años cuando fueron llevados a un hogar con una medida de abrigo. En el primero al que llegaron, había “una señora que era buena” y “algo” los “cuidaba”, pero eso duró poco. Al tiempo los trasladaron a otra institución donde la pareja a cargo los exponía a todo tipo de maltratos físicos y psicológicos. “Sufrí muchísimo. Yo y mis hermanitos”, dice el joven, y detalla que muchas veces los golpes eran tantos que la mujer los maquillaba para taparles los moretones.

Los años iban pasando y, durante ese tiempo, prácticamente no tenía vínculo con el juzgado de menores de Virasoro que llevaba su causa. “Fuimos una sola vez, cuando definieron que teníamos que ir al hogar”, asegura el adolescente. Hasta ese momento habían vivido con su mamá (con quien mantienen el vínculo hasta el día de hoy) y con su padre “que es alcohólico y era muy violento”, cuenta Sebastián. Y agrega: “En un momento nos plantearon de una familia que nos quería adoptar, pero era la pareja que nos cuidaba en el hogar, y eran los que más nos maltrataban. Hoy el hombre está preso por abuso sexual. Pero más allá de eso, nunca nos propusieron volver con nuestra familia, ni tampoco la posibilidad de la adopción: la única opción era quedarnos ahí”. LA NACION intentó contactarse con el juzgado, pero no obtuvo respuesta.

Sebastián señala que una de sus hermanas más pequeñas, Rocío, fue la única a la que le declararon la situación de adoptabilidad, y cuando tenía tres años una pareja la adoptó: al día de hoy, el chico no entiende por qué se tomó esa decisión únicamente con ella. “Hoy está muy bien, tiene una buena familia y nos mantenemos en contacto”, sostiene.

“Soñaban con una familia”

“Cristian, como sus hermanos, soñaban con una familia”, cuenta Patricia Ramos, quien conoció al chico desde que era pequeño. Tiene una foto en la que se lo ve con una sonrisa en la cara y una remera celeste, chiquito, menudo. Ella creó junto a un grupo de amigos El Faro Solidario, un grupo de Facebook donde buscaban donaciones y otras formas de colaborar con los hogares de Virasoro. Cada voluntario apadrinaba a una niña o un niño, y su ahijado era Cristian: “Estuvo 10 años esperando, pero nunca se declaró su adoptabilidad”, agrega.

De la espera silenciosa de cientos de niñas, niños y adolescentes, en general no se habla. Los referentes coinciden en que, en promedio, la institucionalización en hogares puede extenderse entre tres y cuatro años; e incluso, en casos como los de Cristian, mucho más. Los motivos son muchos y varían en cada punto del país: desde la escasez de equipos especializados en infancias hasta la falta de articulación entre todos los actores que intervienen en el proceso.

En el caso de Cristian y sus hermanos, se dio una sumatoria de esas fallas. Sebastián Carrano, sociólogo e integrante de la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencias y Juventudes de la Provincia de Corrientes (REDNNAJ), explica que en esa provincia hay “una diferencia abismal” entre lo que pasa en el interior, como Virasoro, y lo que sucede en la capital: “En general, en el interior los chicos tienden a estar mucho más tiempo en los hogares porque falla la descentralización de los organismos de niñez y no hay prácticamente equipos ni municipales ni provinciales que hagan un seguimiento fuerte una vez que entran en el hogar”, ya sea para trabajar en la revinculación con la familia de origen o, si eso no es posible, para declarar la situación de adoptabilidad. En resumen, “es como que ir al hogar es la única opción: un lugar final y punto”.

Para el especialista, otra de las grandes fallas en esa provincia es la falta de programas de fortalecimiento familiar (más allá de las transferencias monetarias) que permitan abordar las situaciones de vulneración de derechos y la ausencia de programas activos de familias de acogimiento para el caso de que los chicos no puedan permanecer en sus casas. Todo eso hace que las institucionalizaciones se prolonguen. “Por otro lado, en Corrientes son muy pocos los hogares de gestión privada con una buena calidad de cuidado y equipos fortalecidos, que tengan propuestas interesantes”, reflexiona. Y, sobre las demoras burocráticas, agrega: “Ahora se aprobó un nuevo código procesal de familia que se espera que agilice el proceso adoptivo”. Los desafíos de los que habla Carrano, no son exclusivos de Corrientes. Se trata de una problemática generalizada que se replica, con algunas diferencias, en otras jurisdicciones de la Argentina.

Volviendo a Sebastián, uno de los hermanos mayores de Cristian, recién a los 12 años puedo empezar a construir el vínculo con una familia que actualmente tiene su guarda, y que hizo grandes esfuerzos por darle la posibilidad de un futuro mejor. Todo empezó en 2018, cuando Natalia, la rectora de la escuela a la que acaba de incorporarse el chico, lo conoció. “Yo tenía un hijo varón con un año más que él y los dos jugaban al fútbol: cada vez que llevaba a mi hijo a la cancha, lo veía a Sebastián, que no tenía quién lo autorizara para viajar a torneos provinciales o regionales”, cuenta la mujer. Empezó a llevarlo a los entrenamientos y la relación se fue haciendo cada vez más fuerte: con autorización del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia de Corrientes, Natalia adoptó primero la figura de “familia recreativa”, y Sebastián pudo comenzar a pasar los fines de semana, incluso con algunos de sus hermanos, en su casa.

“El amor fue creciendo y en el verano de 2020 obtenemos un permiso para que pase las vacaciones con nosotros. Cuando comenzaron las clases, él quería quedarse y nos pedía vivir en casa y ser nuestro hijo. En octubre de ese año nos dieron la guarda”, cuenta Natalia. Hoy son una familia. Pero lo que el joven pasó durante años fue extremadamente doloroso. A Natalia le parece “increíble” que él y sus hermanos hayan estado tanto tiempo en el hogar, aunque hasta hace poco, no podía sospechar todo lo que sabría después.

Hogares del terror

Patricia cuenta que Cristian “fue abanderado, mejor compañero” y que soñaba “con venir a Buenos Aires y participar de La voz Argentina, ya que le encantaba cantar y “canalizaba mucho su dolor a través de la música”. Uno de los últimos videos donde se ve al joven lo muestra sentado en la puerta del hogar, con la guitarra sobre el regazo y cantando.

Cuando su madrina se enteró de su muerte, y ante la falta de respuestas por parte de la directora de los hogares de Virasoro, Sonia Prystupczuk (hoy en el centro de la investigación judicial junto a otros denunciados por malos tratos), publicó en su Facebook una foto preguntando si alguien sabía qué había pasado con el adolescente y el posteó “explotó”. “Me encontré con casos terribles de torturas y abusos”, cuenta Patricia, y asegura que todo eso hizo que sus dudas respecto a lo ocurrido con Cristian, crecieran. A partir de allí contactó a un abogado, Eduardo Etchegaray Centeno, que está patrocinando a Darío, un hermano mayor del adolescente fallecido, en la investigación de la causa (esta semana se hizo una nueva autopsia del cuerpo), y a dos chicas que vivieron en el hogar y realizaron denuncias por abuso sexual.

Etchegaray Centeno pudo acceder al expediente de Cristian un mes y medio después de su muerte, y afirma que hubo “notables faltas de protocolos” en la escena donde se encontró el cuerpo: “Fue totalmente ensuciada −sostiene el abogado− Existen varias incongruencias en el expediente y toda la causa genera muchas dudas”.

Matías (su nombre también fue cambiado en esta nota), fue otro de los chicos que experimentó en carne propia la violencia. Vivió en los hogares de Virasoro y Santo Tomé desde que era un bebé de meses hasta que egresó con 18 años. Presenció todo tipo de violencias y “castigos”, como dejar a los chicos “de rodillas todo el día y sin comer si se mandaban una macana”. “Uno de mis hermanos intentó suicidarse tres veces dentro del hogar y no hicieron nada, sólo esconderlo. Eran muchos los que intentaban quitarse la vida o se escapaban porque no querían estar ahí, decían que Sonia (Prystupczuk) era muy mala”, sostiene Matías.

Sebastián recuerda que un día fue a ver a Prystupczuk a su oficina y le dijo: “Con mis hermanitos no aguantamos más”, refiriéndose a las violencias que tenían que soportar a diario. “Debía hacer algo porque ella muchas veces me vio golpeado, yo vivía con los ojos y los labios hinchados. Pensé: ‘capaz le hace falta escucharme para que pueda actuar’. La verdad es que de tantos golpes y tanto sufrir yo pensaba que ya no tenía salida. Siempre fui fuerte por mis hermanitos. Les decía: ‘el día de mañana vamos a estar bien, esto va a quedar como una experiencia de vida’”.

Una problemática estructural

A raíz de lo ocurrido en los hogares de Virasoro, unas 20 organizaciones sociales que conforman la REDNNAJ presentaron un documento donde reclamaron que “es urgente el ejercicio de una fuerte y sostenida autocrítica respecto a la organización, estructura, capacidades y herramientas existentes a nivel provincial para proteger, restituir y garantizar derechos” a las chicas y los chicos. Carrano subraya que si bien Corrientes adhirió a la ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, no cuenta con legislación propia que “garantice una estructura y un presupuesto adecuados”, lo que considera una deuda urgente.

“Creo que en la vida no voy a conocer nunca a otra persona como él, tan buena. Con solo verlo y tratarlo, te transmitía algo muy lindo”, dice Sebastián respecto a Cristian. Y agrega: “Como hermanos, siempre estuvimos llenos de ganas de salir adelante pese a todo lo que nos tocó vivir, porque la verdad es que no es fácil convivir con todo esto en la cabeza. Cristian y yo nos hablábamos con la mirada, era impresionante la conexión que teníamos: esa fue nuestra fuerza cuando no dábamos más”. Asegura que a veces trata de no pensar en lo que pasó, porque duele demasiado. Lo único que quiere es que se haga Justicia, por Cristian, por él, por sus otros hermanos, y por todas las chicas y chicos que sufrieron y sufren en silencio.

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